La COP29, también conocida como "la COP económica", ha iniciado su fase clave con las negociaciones entre los países asistentes, tras varias jornadas dedicadas a sesiones técnicas y presentaciones de informes. Durante la semana pasada se ha avanzado en un borrador sobre cómo mejorar la financiación de las naciones más ricas hacia las más vulnerables para enfrentar el cambio climático y sus efectos devastadores.

En concreto, el principal propósito de esta cumbre es acordar el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés). Se trata del instrumento financiero que sustituirá al actual Fondo Verde para el Clima a partir de 2025.

La conferencia en Bakú ha estado marcada por la notable ausencia de líderes de peso como Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, y otros jefes de estado, dejando las decisiones en manos de ministros y representantes gubernamentales. Sin embargo, esta falta de figuras destacadas no ha evitado que las discusiones se centren en establecer compromisos financieros sólidos para los países en desarrollo.

El principal desafío es alcanzar un acuerdo para superar los 100.000 millones de dólares anuales (100 billions en terminología anglosajona) prometidos con el Fondo Verde para el período de 2020 a 2025. Aunque existe urgencia, el escepticismo domina el ambiente, ya que muchos países aún no han actualizado sus planes nacionales para reducir emisiones, una tarea esencial para evitar el calentamiento de la tierra 1,5ºC por encima de los niveles de preindustriales, tal y como se estipuló en el Acuerdo de París.

El mundo ya ha alcanzado un aumento promedio de 1,3 ºC respecto a los niveles preindustriales, y el próximo año podría ser el más cálido registrado en la historia. Un estudio presentado durante las discusiones indica que los países en desarrollo necesitarán 2,4 billones de dólares anuales para 2030 para financiar la transición ecológica. De esa suma, se espera que un billón provenga de recursos externos, mientras que el resto deberá ser aportado por las propias economías afectadas.

Además, se calcula que la cifra de financiación externa necesaria aumentará a 1,3 billones de dólares para 2035 si no se toman medidas inmediatas, lo que eleva significativamente los costes de adaptación, mitigación y compensación por pérdidas y daños.

La urgencia de actuar se ve reforzada por las previsiones de que las inversiones requeridas crecerán sustancialmente en los próximos años. Los movimientos sociales ecologistas presentes en la cumbre –que finalizará este 22 de noviembre en la capital azerí de Bakú– continúan presionando a los líderes mundiales para aumentar la financiación contra la crisis climática.