Veinticinco miembros del consejo de una aldea paquistaní, en la zona de Multan, han sido arrestados este jueves por la policía del país, tras haber promulgado una sentencia en la que ordenaban la violación de una joven de 16 años, como castigo por la agresión sexual cometida por el hermano de esta a otra menor. 

A principios del mes, la familia de una joven de 13 años acusó a un chico de 16 de haberla violado. Se reunió entonces la jirga, asamblea de ancianos de la comunidad, llamada a decidir sobre el caso.

El consejo local resolvió que la hermana del agresor sería entregada al hermano de la víctima, que la violaría como venganza. Este dictamen fue llevado a la práctica el 17 de julio.

Más tarde, las madres de ambas jóvenes denunciaron lo ocurrido ante la policía que, tras investigar los hechos, procedió a las detenciones de los miembros del consejo. 

"La violencia contra las mujeres siempre es lo contrario a la justicia"

En un comunicado, Amnistía Internacional ha denunciado que esta doble violación es "la última en una serie de terribles incidentes que deben instigar reformas urgentes". 

"Las autoridades paquistaníes tienen que acabar con la impunidad para la violencia sexual y tomar medidas contra los llamados consejos de aldeas que prescriben crímenes horribles contra las mujeres, a menudo como venganza por actos que otros han cometido. Durante ya demasiado tiempo ha existido indulgencia frente a estas prácticas indeciblemente crueles", defiende Nadia Rahman, activista de Amnistía Internacional en Pakistán.

"Ninguna tradición cultural puede justificar los ataques contra las mujeres. La violencia contra las mujeres siempre es lo contrario a la justicia", ha señalado Rahman. "Los cuerpos de la mujeres no son mercancías que se canjean en los ajustes de cuentas. Los responsables deben enfrentarse a castigos que reflejen la gravedad de su crimen, a través de juicios justos sin recurrir a la pena de muerte", ha exigido la activista.

Sistemas judiciales "paralelos"

Las jirgas o panchayats son consideradas por muchos aldeanos una alternativa más rápida y efectiva a los tribunales formales. En la mayor parte del país, son toleradas pero no reconocidas por el sistema legal o la policía.

Estas asambleas han estado en el punto de mira internacional desde 2002, cuando ordenaron la violación grupal de Mukhtaran Mai, como venganza por un crimen de un familiar varón de la chica. Mai decidió denunciarlo frente a las autoridades y seis de sus agresores fueron sentenciados a pena de muerte, aunque cinco fueron indultados más tarde.

"Permitiendo operar a estos consejos, las autoridades son cómplices de los crímenes que ordenan", apunta la activista de Amnistía Internacional Nadia Rahman. "Arrestar a los implicados después de que ocurran ataques horribles no es suficiente. Las autoridades tienen el deber de proteger a las mujeres, prevenir ataques posteriores y terminar con el miedo y el estigma que sufren las víctimas", remarca la activista.

El comunicado de Amnistía Internacional también señala que las autoridades paquistaníes afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a principios de julio que los consejos locales "no pueden ejercer jurisdicción en cuestiones criminales", que recae exclusivamente sobre los tribunales nacionales. Sin embargo, destaca la organización, sin acciones concretas estos consejos continuarán dictando sentencias que promuevan la discriminación y la violencia contra las mujeres.