Un tribunal de Perú ha condenado este lunes a 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo –quien gobernó entre 2001 y 2006– por los delitos de colusión y blanqueo de capitales. La Justicia da por probado que el mandatario recibió unos 35 millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a la transnacional brasileña Odebrecht con la construcción de una carretera mediante un contrato perjudicial para el Estado.

La sentencia lograda por el Ministerio Público es histórica, pues el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato ha enfrentado campañas de descrédito por investigar y denunciar a la clase política y empresarial de las últimas dos décadas. El trabajo anticorrupción afronta embates generados por bufetes de abogados corporativos y grupos de presión de ultraderecha.

La abogada Beatriz Ramirez declara a Público que es el primer presidente peruano de un gobierno democrático en ir a la cárcel por corrupción. "Los controles institucionales no fueron capaces de detectar en su momento que las obras públicas con participación de empresas transnacionales estuvieron plagadas de irregularidades que fueron la base de los cargos criminales", explica.

Toledo, economista y antiguo profesor en la Universidad de Stanford, tiene 78 años de edad. La sentencia llega tras cinco años de trámites para la extradición desde Estados Unidos y un año de juicio oral. El tribunal ha indicado que el vencimiento de la pena tendrá lugar el 22 de octubre de 2043 y también le ha impuesto una inhabilitación para cargos públicos durante tres años. Otros dos exfuncionarios han sido sentenciados en este caso, por colusión, a nueve y seis años de prisión, pero los magistrados han suspendido la ejecución de la pena.

La tesis del equipo fiscal, que los jueces han validado debido a la abundancia de pruebas y testigos, señala que Toledo se coludió en 2004 –durante una cumbre presidencial en Río de Janeiro– con directivos de Odebrecht para acelerar la construcción de los tramos de la carretera Interoceánica Sur, que conecta la frontera con Brasil y el Pacífico sur. De acuerdo con varios peritajes, para la aprobación de esta obra, el Estado peruano pagó 470 millones de dólares de más.

Otros expresidentes en el banquillo

Esta es la segunda condena en juicios relacionados con Odebrecht que logra el Equipo Especial de fiscales Lava Jato, pero es la primera a un expresidente. El siguiente en ser sentenciado por sobornos de Odebrecht será el antiguo mandatario Ollanta Humala por el caso Gasoducto del Sur. En 2018 ya estuvo nueve meses en prisión preventiva al inicio de la investigación fiscal y el juicio se encuentra en su fase final.

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski también está siendo investigado por blanqueo de capitales en relación a los cinco millones de dólares en consultorías de asesoría financiera que la empresa brasileña le pagó en 2002, 2004 y 2006. Entonces formaba parte del Consejo de Ministros del Ejecutivo de Toledo y formaba parte del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

En 2019, el expresidente Alan García se suicidó apenas unos segundos después de que un fiscal le notificara una orden de prisión preventiva por los sobornos que recibió de Odebrecht en relación con la construcción del Metro de Lima. Los delitos que se investigaban eran colusión agravada, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Además, la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del dictador peruano, Alberto Fujimori, afronta desde julio un juicio oral por blanqueo de capitales y organización criminal, debido a las aportaciones ilegales que recibió de la transnacional brasileña en sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La jueza Inés Rojas Contreras ha leído un "adelanto de fallo" durante más de cuatro horas la tarde de este lunes en una sala de audiencias construida nuevamente en un cuartel policial donde cumplen prisión los expresidentes peruanos. La pequeña sala fue instalada por primera vez la década pasada en el llamado penal de Barbadillo para el juicio al autócrata Alberto Fujimori. Esta concluyó con una sentencia a 25 años de prisión, leída en 2009. Con el tiempo, el cuartel se deterioró y este año el Poder Judicial tuvo que volver a levantar la infraestructura. Ahora es un poco más amplia y tiene alfombras y detalles en dorado, lo que contrasta con el suelo de cemento y la austera decoración anterior.

Toledo está en prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde abril de 2023 cuando llegó extraditado de Estados Unidos para que se presente en este juicio oral. Allí fue vecino de su antiguo adversario político, Fujimori, quien estuvo recluido hasta diciembre, cuando fue excarcelado de manera irregular por el régimen de Dina Boluarte –aliada del fujimorismo– y el Tribunal Constitucional, un órgano que también se encuentra sometido al fujimorismo y otras bancadas ultraconservadoras del Congreso.

Pese a que la lectura de la sentencia sí se ha desarrollado con la presencia de las partes, las audiencias orales contra Toledo y otros acusados no fueron presenciales, a diferencia de casi todas las que realiza el Poder Judicial en Lima. Además, se llevaron a cabo sin presencia de la prensa, es decir, infringiendo el deber de publicidad. El juicio empezó hace un año y realizaron 175 audiencias en las que escucharon a 100 testigos y evaluaron 1.000 pruebas que ocuparon 173.676 folios en 348 tomos, según ha señalado la magistrada Rojas Contreras.

Hito en América Latina

Según especialistas, la sentencia al exmandatario trasciende en una coyuntura en que los poderes político y económico buscan impunidad en Perú, y tratan de subordinar y sancionar a los magistrados que no se sometan a sus intereses.

"La condena representa un hito en una historia de lucha contra la corrupción en altas esferas del poder en el país, hecha con muchos vaivenes. Si bien Alberto Fujimori fue condenado también por hechos vinculados a la corrupción, en el caso de Toledo, como Humala o Kuczynski, gobernaron con fuerzas reales de oposición", apunta la constitucionalista Ramírez.

"El actual régimen híbrido –que ni alcanza el estándar de democracia defectuosa de acuerdo con el Democracy Index– ofrece menos auspicios sobre las inconductas posibles; la condena [a Toledo] marca la resistencia residual del sistema judicial en el marco del deterioro gubernamental generalizado", añade.

"La sentencia marca un hito en la lucha contra la corrupción transnacional en Perú y en América Latina: será el primer expresidente, fuera de Brasil, sentenciado en el marco del caso Odebrecht-Lava Jato, un mega escándalo de corrupción que ha sacudido la región. Sin embargo, no solo Toledo está en el banquillo de los acusados, sino también el sistema de privatización de decisiones y políticas públicas, conocido como captura del Estado", sostiene el sociólogo Emilio Salcedo, consultado por Público.

La década pasada, Salcedo investigó con el académico Francisco Durand, pionero de las pesquisas sobre grupos empresariales del país andino, la actuación de Odebrecht en Perú. El juicio a Toledo ha mostrado que "las instituciones estatales son penetradas y manipuladas por intereses privados que las instrumentalizan a favor de los objetivos de grandes corporaciones, como las brasileñas Odebrecht, OAS, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, o empresas nacionales como Graña y Montero (ahora AENZA), ICCSA y JJCamet. Estas empresas cuentan con los recursos para ejercer una influencia indebida, coludiéndose con líderes estatales en redes de corrupción que saquean el erario público en países en vías de desarrollo, como Perú", explica Salcedo.

El investigador añade que esa captura no sería posible sin la participación de "una tecnocracia de élite que opera dentro del Estado, y que también ha sido sentenciada. Días antes de la lectura de sentencia, ciertos sectores de la derecha abogaron por la absolución de estos tecnócratas, evidenciando que en algunas esferas del país aún cuesta asumir el principio de igualdad ante la ley", advierte Salcedo, especialista en desigualdades sociales.

"Al igual que la sentencia a Alberto Fujimori [de 2009], esta podría enviar un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas de altos funcionarios y la cooptación del Estado por intereses privados, en un contexto de profunda crisis política en Perú", analiza el académico Salcedo.

Nuevo juicio a la vista

El domingo por la noche, el Ministerio Público informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había aprobado la ampliación de la extradición para que Toledo rinda cuentas ante la Justicia en otro proceso llamado el caso Ecoteva. Este era el nombre de la empresa que abrieron en Costa Rica la esposa y la suegra de Toledo con la que compraron inmuebles en Lima y pagaron hipotecas.

El litigio ya ha comenzado con otros involucrados y el expresidente tendrá que responder por el blanqueo del dinero que recibió como sobornos de Odebrecht. El economista Juan Pari, autor del informe de la Comisión Parlamentaria Lava Jato, ha remarcado que el caso Ecoteva ensambla con las otras investigaciones a Toledo que muestran las fórmulas de blanqueo de dinero.

"Esto indica que la investigación debió ser sistemática: Odebrecht diseñó y actuó operando un mecanismo, desde la captura del poder político, la neutralización de los sistemas de control, sus sistemas de protección para neutralizar la Justicia, establecer sus alianzas empresariales para que se opere la corrupción y la estructuración financiera. Al dividir los procesos, segmenta el abordaje de la gran corrupción en nuestro país, segmentación que puede traer como consecuencia la impunidad y la conservación de los mecanismos", analiza Pari.

En ese sentido, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, agregó que con la ampliación de la extradición, el Poder Judicial va a poder pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente en el juicio del caso Ecoteva.

"Esta decisión del Gobierno estadounidense impacta directamente en el proceso. Los magistrados se pronunciarán sobre el dinero utilizado [por Toledo] para el pago de sus bienes en nuestro país. Esperamos que ese juicio pueda terminar en un par de meses", explica la procuradora Carrión.

Toledo continuará en prisión por la sentencia leída la tarde de este lunes, pero también porque debe presentarse ante el juicio del caso Ecoteva. Al final de la diligencia, el fiscal José Domingo Pérez ha informado que en el momento en que la jueza señalaba los años de pena de prisión, Toledo lo ha insultado al decirle "conchetumadre". Así, ha pedido que el tribunal revise la grabación de las cámaras, ya que los magistrados no se han percatado del agravio.