"No es un caso aislado. Es un proceso de exterminio hacia el pueblo garífuna que no es reciente. Estorbamos porque estamos en los territorios de la costa caribe. Somos un pueblo en lucha y resistencia permanente". Así contextualiza la desaparición de cuatro jóvenes garífunas, el pasado 18 de julio, Miriam Miranda, activista hondureña por los derechos humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). "Los medios de comunicación amarillistas se preguntaban que si habían aparecido los cuerpos. En lugar de denunciar el nivel de violencia y de inseguridad que hay en el país, siempre quieren presentar los cuerpos y las víctimas, no el origen. Hace falta una investigación y también un debate sobre por qué pasa esto en el país", arranca la conversación con Miranda.

El pueblo garífuna, afrodescendiente y presente en la costa caribe de varios países de Centroamérica, vive en Honduras desde el siglo XVIII. A la defensa histórica de su cultura y de su lengua propia, se suma en las últimas décadas la de sus territorios, que están en el punto de mira de las empresas turísticas y del agronegocio.

"No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras", afirma de manera tajante la organización Global Witness, que realiza campañas contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos. Un informe de esta organización, publicado en enero de 2017 y titulado ‘Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta’, recoge que más de 120 personas han sido asesinadas entre 2010 y 2016: "Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados". El pueblo garífuna y el desarrollo turístico de Honduras es uno de los cinco casos de estudio de un informe en el que se hace un gráfico sobre quién mueve los hilos y en el que aparece en la cima el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

"Nuestra persecución y asesinato tiene que ver con una sistemática estrategia del Estado de entregar los territorios de las comunidades a las grandes industrias turísticas. Fue iniciada en la época de las bananeras desde los años 1903, seguida con la época militar de los años 70 y 80, fortalecida en los 90 con la entrada del neoliberalismo y ahora escalada con el asesinato persistentes en esta época del neoestractivismo y del capital transnacional", detalla Miranda a modo de resumen.

Investigaciones propias del medio de comunicación hondureño Contracorriente revelan que en los últimos 11 años se han contabilizado 685 casos de violencia contra defensores del medio ambiente en el país, siendo la población garífuna la más golpeada: de 138 asesinatos vinculados a la defensa de la naturaleza, siete casos fueron de personas garífunas.

La situación que se vive en Honduras tuvo mayor impacto mediático e internacional en 2016 con el asesinato de Berta Cáceres, indígena lenca y premio Goldman que luchaba contra una hidroeléctrica. "Aun antes de su asesinato, fui secuestrada por grupos armados que pretendían mi desaparición, lo cual no lograron por una acción oportuna de un compañero que pudo pasar la voz a tiempo", describe Miranda. Su voz, su rostro y su cuerpo son probablemente los más visibles de la comunidad garífuna y es habitual verla participar en eventos internacionales de defensoras y defensores de derechos humanos, leer entrevistas y declaraciones suyas en medios de comunicación. Su activismo en redes sociales también es marcado.

Cuatro desapariciones

Hombres fuertemente armados que portaban chalecos con la insignia de la DPI (Departamento de la Policía de Investigación), en vehículos con características similares a los de los oficiales del orden, sacaron de sus casas a la fuerza, según relata la lideresa, a cuatro jóvenes: al presidente del patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz y miembro de Ofraneh, Alberth Sneider; y a los tres líderes comunitarios Milton Joel Martínez, Aparicio Mejía y Alber Sentana. "A pesar de las restricciones de movilización existentes, ante la pandemia, y con un toque de queda imperante, ingresaron vehículos con personas fuertemente armadas a la comunidad", denuncia Ofraneh en un comunicado.

De momento ha sido detenido un sospechoso. La Secretaria de Estado hondureña ha informado que la Policía Nacional mantiene acciones permanentes en la zona para el esclarecimiento de los hechos, "en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de la población". Y el presidente Hernández tuiteó más de diez después de lo sucedido que "el Gobierno está enfocado en lograr justicia para los cuatro miembros de la comunidad garífuna". "Continuaremos trabajando para hacer justicia para las víctimas y sus familias y hasta que el trabajo de los defensores de DDHH en Honduras sea reconocido, protegido y respetado. Esa es nuestra prioridad", completó también en la red social.

Esos días también se denunció el envenenamiento de peces y aguas dulces en el lago Aguán. Y un mes antes fue encontrado el cuerpo Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad garífuna de Punta Piedra y que llevaba desaparecido seis meses, con indicios de tortura e impactos de balas en su rostro. El hombre, de 71 años, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Nuestro ejemplo de vida es completamente contrario al capitalismo colonial, racista y patriarcal. Por ello hemos tenido que defendernos de las familias oligarcas que destruyen la tierra con monocultivos y limitan nuestros lugares para vivir; de empresas y monopolios turísticos que lastiman el mar y nos prohíben pescar; de grupos de crimen organizado que quieren expulsarnos con violencia de nuestras comunidades, para usarlas en sus negocios. Todo con la complicidad y violencia del Estado hondureño. Ante la violencia de este sistema nos cuidamos y protegemos en colectivo, encontrando la fuerza en nuestros tambores ancestrales y nuestra capacidad organizativa", escribió Ofraneh en un artículo publicado en Pikara Magazine diez antes de la desaparición de los cuatro jóvenes.

Miranda se muestra clara en conversación con Público: "Luchamos para defender la vida, para generar vida, no muerte. La hondureña se ha convertido en una sociedad donde prevalece el terror, la muerte, la violencia, la inseguridad. El Estado no quiere cumplir. En mayo fue asesinado Antonio Bernárdez y en julio estamos enfrentando la desaparición forzada de nuestros hermanos. Esto es un plan de exterminio contra un pueblo en resistencia permanente. No olvidemos que las sentencias sirven para todos los pueblos indígenas, porque tiene que ver con la obligación de la consulta y con el derecho a la propiedad colectiva otorgados por el mimo Estado".

La postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dos sentencias de la CIDH fallaron en 2015 a favor del pueblo garífuna. Una de ellas ordena que el Estado debe "restituir de manera integral a la comunidad de Punta Piedra su territorio titulado, garantizando su uso y goce pacífico de manera plena y efectiva", así como avalar que el territorio "no sufra ninguna intrusión, expansión adicional, interferencia o afectación de parte de terceros o agentes del Estado que pueda menoscabar la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio". La otra sentencia protege las tierras comunitarias de Triunfo de la Cruz, haciendo referencia, entre otras cuestiones, a proyectos turísticos. Hasta ahora, según Ofraneh, el Estado de Honduras ha incumplido las resoluciones, a pesar de que se establecían plazos de ejecución.

"La expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo, la instauración de plantaciones de palma africana que viene siendo utilizado por el crimen organizado para apropiarse de vastos territorios, así como la instalación de proyectos inconsultos como la Térmica de la Ensenada son algunas de las razones por las integrantes de Ofraneh han sido amenazados, criminalizados, perseguidos y hasta secuestrados", cuenta Miranda.

Hace un año la CIDH publicó el informe ‘Situación de derechos humanos en Honduras’, en el que recoge que este organismo multilateral recibió testimonios de personas garífunas "relacionados con la construcción de proyectos hoteleros y casas vacacionales en parte de las tierras y territorios reivindicados por dicha comunidad". La Comisión advierte que "habrían sido aprobados sin la realización de una consulta previa, libre e informada de acuerdo con el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo], ratificado por Honduras en 1995"

Incidencia política

Debido al aumento del hostigamiento, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos lanzaron el pasado 9 de julio una campaña de apoyo internacional a Ofraneh y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh, el colectivo de Berta Cáceres), bajo el lema #SusVidasSonNuestrasVidas. A la iniciativa se sumó la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos para las Naciones Unidas, Mary Lawlor.

Cinco eurodiputados y eurodiputadas del GUE/NGL también enviaron una carta al Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; al embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero; y al coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) en Honduras, Juan José Sanzberro. En la misiva, recuerdan que la UE apoya a Honduras en los temas de derechos humanos y de protección a personas defensoras y que "ingentes cantidades de fondos han sido canalizados a través de Eurojusticia para los componentes de lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia desde 2013". Según el escrito, la UE aportó unos 27,5 millones de euros en el periodo 2013-2018.

En el ámbito estatal, se celebró una reunión el 17 de julio con Ione Bellara, secretaria de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de España. Los colectivos participantes solicitaron que se ejerza un mayor control sobre el uso de los recursos, para así garantizar la efectividad de los derechos y que haya un mayor seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se dan en el ámbito de trabajo de instancias financiadas por la AECID y la UE.