Este 24 de noviembre se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia. Cinco años después, la conclusión es un escaso cumplimiento, en general, de lo pactado por parte del Ejecutivo del presidente Iván Duque, y en particular lo relativo a la reforma agraria y sustitución de cultivos ilícitos de coca, ejes básicos para la salida y la transformación del conflicto armado, social y político que vive el país desde hace más de medio siglo.

Las consecuencias de estos incumplimientos se ven traducidas en asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos, en la proliferación de actores armados en los territorios abandonados por la exguerrilla y en un aumento de los cultivos de hoja de coca. Una producción, la de la coca, que también ha aumentado en las zonas priorizadas por el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), establecido en el punto cuatro del Acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 

Según el informe Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es el área más sembrada en el país, con uno de sus municipios, Tibú, el primer lugar. "Que Norte de Santander sea el primer departamento de producción de hoja de coca no nos enorgullece", afirma Olga Quintero, lideresa de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). "Al Estado no le conviene que desaparezcan los cultivos de coca, marihuana y amapola porque tiene intereses económicos en mantenerlos. Esto conlleva a la muerte del campesinado que exige la sustitución de los cultivos, porque está cansado de la economía ilícita que apenas cubre sus necesidades básicas".

En el Catatumbo, las dinámicas de violencia responden a la presencia de actores armados, al ser fronterizo con Venezuela, conforma un corredor de la droga. Se trata de una región rica en recursos naturales (carbón, petróleo, coltán, esmeraldas, agua...), donde también destaca el monocultivo de palma africana y alberga el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

En total, fueron 99.097 familias productoras de coca, de las más de 200.000, las que se inscribieron al PNIS en todo el país. "Muchas no llegaron a tiempo porque el registro cerró antes de que se pudieran apuntar", destaca Quintero. El incumplimiento a estas familias y la proliferación de los grupos armados vinculados al narcotráfico ha conllevado durante estos años un aumento de la coca en todo el país.

Según UNODC, la producción potencial de coca ha  aumentado en un 8% en 2020 en zonas donde múltiples actores compiten porcontrolar los territorios donde se cultiva la hoja de coca y se procesa la pasta básica. Así lo recalca también un informe de International Crisis Group , que menciona a otra de las guerrillas presentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que "se ha expandido considerablemente", así como a las organizaciones herederas del paramilitarismo y disidencias de las FARC-EP.

En el Catatumbo están estos grupos y también tiene presencia un reducto de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizada en 1991. El informe de la UNODC destaca la influencia de cárteles mexicanos, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con incidencia directa sobre la siembra y la salida de la pasta básica hacia los mercados internacionales.

Asimismo advierte de que las comunidades no están seguras de cuáles son los grupos armados presentes. "Antes del Acuerdo sabíamos quiénes eran nuestros enemigos. Nos cuidábamos del Ejército, de los paramilitares que entraban asesinando, quemándonos nuestros caseríos y desplazando al campesinado. Hoy en día nos toca saber bien qué decimos, con quién discutimos y a quién le exigimos los respetos y los acuerdos comunitarios", explica Irene Ramírez, presidenta de la Asociación del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización que se encuentra en otra de las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito, el Magdalena Medio, al nororiente del país.

Desde la firma del acuerdo, han sido asesinadas más de 1.200 lideresas y líderes sociales y cerca de 300 exguerrilleros han sido asesinados, todos ellos  trabajaban en pro de los acuerdos de paz, muchos en lo relativo a la sustitución de cultivos. "Convencimos al campesinado para arrancar las matas y ahora el Gobierno no cumple, ¿cómo no vamos a recibir amenazas?", explica Dairo Alberto Vallejo, exguerrillero y coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio en el Catatumbo, uno
de las 24 zonas habilitadas para la reincorporación de las y los exguerrilleros.

"El Gobierno trata de resolver el problema del narcotráfico desde un enfoque de guerra y estigmatización del campesinado. Hasta Barak Obama dijo que no servía la guerra contra el narcotráfico. Y el Acuerdo de Paz habla sobre políticas de reconstrucción económica de los territorios, de soluciones para las familias y de políticas concertadas de sustitución", expresa Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La erradicación forzada y la persecución al campesinado

"Estamos luchando para que se cumpla el cuarto punto de los Acuerdos de la Habana. El campesinado tiene la voluntad de sustituir los cultivos de coca, pero con garantías, porque no es arrancar por arrancar y dejar a la gente aguantando hambre", afirma María Carvajal, lideresa de Ascamcat.

"Cuando conocimos los Acuerdos nos ilusionamos", reconoce Carvajal. "Pensamos que iba a ser un éxito, que de verdad el Gobierno quería sustituir la coca. Soñamos con las cooperativas y la comercialización de los productos. Por eso le explicamos a la comunidad que se acogiera a la sustitución voluntaria, que vivir de la coca nos traía problemas. Y si la gente hoy en día ha vuelto a sembrar coca es porque el Gobierno la ha obligado. Porque, ¿qué más hace? Si se siembra yuca, no da para vivir. Si se siembra cacao, no hay carreteras para sacar la producción".

Carvajal ha liderado, entre otros procesos, la sustitución voluntaria y ahora ve, no solo como el Gobierno no cumple, sino como desde 2019, y especialmente durante la pandemia de la covid-19, envía al Ejército para llevar a cabo operativos de erradicación forzada que crean enfrentamientos con la comunidad. En uno de estos enfrentamientos fue asesinado Alejandro Carvajal, su sobrino.

"A Alejando Carvajal le disparó un soldado cuando estabahablando por teléfono y también asesinaron a Emérito Buendía alegando que tenía un palo. Un palo contra un fusil", resalta Quintero, quien denunció durante su intervención como invitada de las XIX Jornadas de la Mesa Catalana por Colombia en Barcelona, que desde el 26 de octubre el Ejército ha llegado a varias veredas del municipio de Tibú para erradicar de manera forzada. "Cuando entran los operativos militares la comunidad, obviamente, reacciona exigiendo el cumplimiento del Acuerdo si quieren arrancar las plantas de coca, organizándose en asentamientos humanitarios para no dejar pasar a los soldados".

 Quintero cuenta cómo en uno de estos operativos la comunidad llamó a Ascamcat para que mediara en materia de derechos humanos con el Ejército, pero cuando Elizabeth Pabón, presidenta de Ascamcat y Jhunior Maldonado, líder de la organización, llegan al lugar el general al mando les acusa de secuestrar a 180 militares. "Ni siquiera las FARC-EP, cuando estaban alzadas en armas, logró retener a tantos militares con sus fusiles. Esta es una estrategia para desprestigiar a la organización y hacernos pagar por la firme defensa del Acuerdo de Paz", dice Quintero.

Además de las erradicaciones y las persecuciones, este año el Gobierno de Duque pretende reactivar la aspersión con glifosato, pese a la oposición de la ONU y que este herbicida fue prohibido en 2015. Como concluye Carvajal: "También nos asusta la fumigación con glifosato porque ya hemos vivido esa experiencia y eso envenena la tierra; no solamente la coca, sino todos los cultivos, las aguas, los animales, la fauna y los seres humanos".