"El Pacto de Migración y Asilo debe cerrarse durante la Presidencia española, es la última oportunidad". Es el consenso que reina entre los negociadores jefes de este complejo dossier en el Parlamento Europeo. La cámara votará el jueves el mandato para comenzar las negociaciones con el Consejo. Se vienen meses de intensos tira y afloja entre las tres instituciones, los bautizados como trílogos. Y el calendario no puede ser más apretado: la ambición es llegar a un acuerdo que ponga fin a años de política europea migratoria ausente durante "el reinado" español de la UE.

El Parlamento Europeo ha fijado ya su postura migratoria. Ahora le toca a hacer lo propio al Consejo. La ambición de los eurodiputados es comenzar los trílogos en junio y cerrar todo el paquete en el último semestre del año. Es decir, bajo la Presidencia española del Consejo de la UE. El propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha reconocido que buscar un acuerdo europeo para el fenómeno migratorio se encuentra en la lista de prioridades de la Presidencia española.

Pero esta misión es un caramelo envenenado. La mayoría de delegaciones previas han intentado desatascar las diferencias insalvables que pesan desde hace años entre los 27 Estados miembros sin éxito. Todas ellas han acabado resignándose ante esta misión imposible y han acabado devolviendo el acuerdo europeo sobre migración y asilo al fondo del cajón. El fenómeno migratorio y el drama de los refugiados es uno de los debates más viscerales, más tensos y más divisorios de la Unión Europea. Cualquier negociación en torno a este tema acaba en tono bronco, reproches. Consume energía, desgasta, tiene un coste político.

Y este es ya un gran desafío para España. Si lo consigue, se habrá anotado una victoria inédita en el marco europeo. Las páginas de la historia comunitaria recordarán que el pacto de asilo común que nació de las cenizas de la crisis de 2015 se conjuró bajo la Presidencia española. De lo contrario, podrá hacerle perder tiempo y energía sobre otros dosieres también prioritarios como las relaciones con América Latina o la guerra, y quien sabe si la paz, en Ucrania. Y se arriesga a dar alas a las fuerzas ultras, que tradicionalmente utilizan su xenofobia como máquina de votos, en plena campaña electoral del país.

Sin embargo, la situación geográfica y el marco temporal ponen sobre España más presión que sobre sus sucesoras. El país es uno de los más expuestos a los éxodos de Oriente Próximo o África. El mundo es cada vez más volátil, más inestable. Guerras, hambrunas y crisis climática obligan a millones de personas a abandonar sus países cada año. España es, además, uno de los países europeos que cuenta con fronteras externas marítimas y, por tanto, uno de los más interesados en contar con una política europea estable, sólida y predictible alejada de las soluciones ad hoc que imperan como parche en estos momentos.

Y el reloj. La española será la última Presidencia a tiempo completo antes de las elecciones europeas. El 1 de enero, tomará el testigo Bélgica, bajo cuyo mandato se celebrarán los comicios al Parlamento Europeo de mayo. Por ello, la presión es máxima. "Si perdemos esta oportunidad, creo que no tendremos otra para conseguirlo. [La UE] mandaría un mensaje contraproducente y triste. Si este mandato termina sin un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad sería un fracaso de esta legislatura", reconoce Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialdemócrata que lidera estos dosieres en el Parlamento Europeo.

Así, la española está llamada a ser la Presidencia de la última oportunidad para salvar el pacto migratorio. Los pronósticos actuales hacen prever un arco parlamentario más fragmentado, polarizado y con mayor presencia de la extrema derecha durante la próxima legislatura, que arranca en 2024. Las fuerzas ultraderechistas europeas llevan meses negociando para poder formar una única familia política –ahora están divididas entre Identidad y Democracia (ID), los Conservadores y Reformistas (ECR) y los inscritos–.

Si este escenario se solidifica, serán la segunda familia más importante de la Eurocámara, por delante de los Socialdemócratas. Tendrían capacidad de bloqueo y un acuerdo migratorio de consenso sería casi impensable. "ECR e ID no quieren una política migratoria europea. Cuando hay que encontrar soluciones a nivel europeo abandonan su responsabilidad. Es un camino peligroso. Si la UE falla ahora, tendremos una situación caótica, de falta de solidaridad y muy problemática para muchos países", afirma Tomas Tobé, eurodiputado popular, encargado también de las negociaciones en este campo.

Qué propone la Eurocámara

El año 2015 revolucionó el sistema de asilo que hasta la fecha imperaba en Europa. El Reglamento de Dublín establecía que el primer país en el que un solicitante de asilo ponía un pie era el responsable de toda la gestión. Con los ecos de las primaveras árabes y especialmente el recrudecimiento de la guerra en Siria, más de un millón de personas llegaron a las costas europeas, especialmente a través de la ruta de los Balcanes y del Mediterráneo. Se bautizó como crisis de refugiados, aunque en estos momentos los países europeos han abierto sus puertas a cuatro millones de ucranianos sin ningún reparo.

Ante este drama humanitario y sus consecuentes tensiones políticas, la Comisión Europea estableció un sistema de cuotas de reparto de refugiados obligatorio para todos los Estados miembros. El experimento salió mal. Las cifras de acogida están a día de hoy muy por debajo de lo anhelado. Algunos como Hungría y Polonia se enfrentaron a Bruselas en los tribunales europeos por esta cuestión. Aunque perdieron en Luxemburgo, ganaron en sus tesis: las cuotas de reparto, una de las balanzas para hacer prevaler el equilibrio entre socios comunitarios de solidaridad y responsabilidad, están enterradas.

La propuesta con la que la Eurocámara busca desencallar la situación apuesta por crear mecanismos de solidaridad obligatorios que podría llegar en forma de ayuda financiera o de reubicaciones. La iniciativa de López Aguilar añade un marco regulatorio para las situaciones en crisis. Sería la Comisión Europea la encargada de determinar mediante un acto delegado cuándo se da esta situación extraordinaria, decretarla y aquí sí imponer un reparto de refugiados obligatorio en función de criterios humanos como la reunificación familiar, el idioma o las oportunidades laborales. Un marco ambicioso ante capitales como Praga, Budapest o Varsovia que rehúyen de forma tajante cualquier alusión de solidaridad y obligatoriedad.

La cuadratura del círculo. La UE tiene menos de ocho meses para alcanzar el acuerdo que no ha sido incapaz de cerrar en ocho años. El Consejo necesita mayoría cualificada. Pero ni la ausencia de unanimidad facilitan el camino farragoso que llega. Repartos de refugiados, financiación de vallas, controles fronterizos, gestión de los retornos, creación de vías legales, acuerdos con terceros países, lucha contra las mafias, movimientos secundarios... el historial de cabos sueltos es incontable. En cada apartado, las 27 capitales tienen posturas diferentes, matices, contradicciones o prioridades. Y aunar todos estos elementos en una propuesta final y asumible desde el sur al este europeo, desde los países con fronteras marítimas a los que tienen lindes terrestres o desde los Gobiernos ultraderechistas a los progresistas en la misión (casi) imposible de la Presidencia española de la UE.