La Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar al que ha tenido acceso EFE.

Para llegar a ese cálculo, Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año la traducción y la interpretación al gaélico, pero deja claro que debe "llegar a un cálculo más preciso" que todavía no está en condiciones de elaborar, hasta que los Veintisiete acepten la oficialidad de las tres lenguas.

Los países de la UE volverán a analizar la cuestión el martes de la semana que viene, sin previsión de que lleguen a un acuerdo para aprobar la oficialidad.

En el momento en que lo aprueben, la Comisión necesitará seis meses para calcular el coste definitivo, en base a tres parámetros, según el documento. En primer lugar, el coste de añadir un idioma oficial al régimen lingüístico de la UE depende de la facilidad de contratación de personal para la traducción y la interpretación y de lo que cueste revisar y publicar los textos legales en esa lengua.

"Dependiendo de la cantidad de traductores e intérpretes cualificados, que puede variar según la lengua, es necesario identificar y organizar una formación específica con las autoridades españolas", indica el documento.

El coste definitivo dependerá también de los sistemas de inteligencia artificial de traducción automática que existan en cada lengua y si no existen, se necesitará invertir en ellos, asegura Bruselas. Por último, habrá que tener en cuenta los periodos de transición que se establezcan hasta que la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera sea completa.

En este sentido, hay que tener en cuenta que Dublín pidió la oficialidad del gaélico en 2005 y la medida se aprobó en 2007 con una importante salvedad: al constatar que había un número limitado de traductores y recursos tecnológicos para este idioma se decidió que no todos los documentos se tradujeran en ese momento con una derogación temporal especial que caducaba en 2022.

La derogación empezó a retirarse en 2015 a petición de Irlanda a medida que la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios ha ido incrementándose y desde 2022, 17 años después de que Dublín pidiera convertirlo en idioma oficial, es una lengua con estatus completo ante las instituciones europeas.

España se comprometió a asumir el coste total de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego para vencer así las reticencias de sus socios y pretende introducir seis condiciones para garantizar que otras lenguas minoritarias como el ruso no podrán reclamar la oficialidad en la UE, un temor de los países del Este.

Se trata de factores como que las tres son "originarias de un Estado miembro", cuentan con reconocimiento constitucional en ese Estado y son lenguas de trabajo en el Parlamento nacional de un país de la UE, cambio que en España llegó precisamente a raíz de las negociaciones de investidura tras las elecciones del 23 de julio.

También señalan la existencia de acuerdos administrativos con más de diez años de recorrido para que estas lenguas puedan usarse en varias instituciones de la Unión Europea, el hecho de los tratados europeos están traducidos a los tres idiomas y que España se haya comprometido a asumir todos los costes "derivados de su utilización en las instituciones de la Unión".