El lobby del agronegocio brasileño sabe ganar elecciones y sacar adelante legislaturas. Su presión fue clave en el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff y en la llegada a la cima de Jair Bolsonaro. El dirigente ultraderechista, que no se cansó de repetir que esquivaría la vieja política de intercambio de favores, ahora agradece al agronegocio los servicios prestados, convirtiendo Brasil en paraíso de los productos tóxicos. Exigencias del guion.

De la misma manera que en los últimos días Bolsonaro ha prometido apadrinar a un magistrado evangélico para alguna de las próximas plazas libres en el Tribunal Supremo, una de las primeras medidas que tomó cuando ganó las elecciones de octubre de 2018 fue entregar el ministerio de agricultura a Tereza Cristina, la que fuera líder del Frente Parlamentario Agropecuario. La denominada bancada ruralista del Congreso Nacional se traduce actualmente en casi la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado Federal, liderados por el diputado Alceu Moreira (Movimiento Democrático Brasileño, MDB). Esta maniobra de recompensa ha significado, en la práctica, vía a libre para el agronegocio, pasando por encima de las mínimas exigencias medioambientales de una era como la actual.

Dejando al margen el discurso gubernamental que banaliza la deforestación de la selva amazónica, el gran caballo de batalla de los activistas medioambientales latinoamericanos, Bolsonaro está en el centro de todas las críticas por ir aprobando uno tras otro el uso de todos los productos fitosanitarios que van solicitando los miembros de la bancada ruralista, elegidos a base de los votos del agronegocio en las regiones del país con mayor nivel de actividad. El sector necesita mantener su actividad y su porcentaje de beneficios, y la excesiva reglamentación bloquearía sus planes.

La última tanda de providencias logró que 51 nuevos pesticidas aterrizaran en el mercado. En total ya van 262 desde enero. “El Gobierno está pasando por encima de la opinión pública y de las instituciones sanitarias”, se lamentaba en un comunicado Marina Lacôrte, coordinadora de la campaña de Alimentación y Agricultura de Greenpeace.

Trece de esas sustancias han sido prohibidas o no permitidas en la Unión Europea. “Podemos producir sin agrotóxicos, en equilibrio con el medio ambiente y respetando la salud de las personas”, indica Lacôrte. “Sin embargo, cada vez llega más veneno a la mesa de la población brasileña y más insostenible queda nuestra agricultura, inviabilizándola a largo plazo. Es escandaloso”.

Plantación. La liberación de productos tóxicos para el campo responde a las exigencias del lobby del agronegocio. Valter Campanato/ Agência Brasil. 07jul19.

El presidente y su ministra de agricultura demostraron su buena sintonía en la presentación del “Plano Safra 2019/20”, el tradicional sistema de créditos, subvenciones e incentivos agropecuarios del Gobierno Federal. Tereza Cristina (Demócratas), ingeniera agrónoma y empresaria del sector rural, está habituada a frecuentar la primera línea de fuego.

Desde su primer cargo de relevancia, como consejera de desarrollo agrario de su estado, Mato Grosso do Sul, ya hizo hincapié en la liberación de pesticidas; apoyó el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff; abandonó su anterior partido porque criticaba la gestión de Michel Temer, y ya como coordinadora de la bancada ruralista dirigió proyectos de ley que iban en esta misma línea agresiva contra el medio ambiente.

Hace unos días, en un encuentro preparatorio de la reunión de ministros de agricultura de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) que tendrá lugar en septiembre precisamente en su estado, la ministra Tereza Cristina sostenía, con aparente tranquilidad, que “Brasil está listo y dispuesto a contribuir para garantizar la seguridad alimentaria global, incorporando, en el centro de su estrategia, los principios de desarrollo sostenible”.

Dado que el intercambio de favores continúa, la bancada ruralista ha sido uno de los apoyos del presidente Bolsonaro para que la primera votación de su reforma de la seguridad social  en la Cámara de Diputados le haya resultado medianamente favorable. La inmensa mayoría de los diputados que defienden los intereses del agronegocio le apoyaron. Interponiendo alguna enmienda a su favor –que recortó una parte del ahorro económico que ha programado el Gobierno–, pero votaron sí a la reforma, lo cual le garantiza oxígeno al presidente hasta después del parón vacacional.

El desparpajo de Bolsonaro y Tereza Cristina a la hora de aprobar el uso de decenas de nuevos agrotóxicos ha llegado ya al Tribunal Supremo, al cual se le acumula el trabajo por momentos en esta legislatura. La abogada Vera Lúcia da Motta, integrante del Partido Verde, ha presentado una acción por incumplimiento de preceptos fundamentales de la Constitución Federal. “La liberación de los nuevos productos no ha sido precedida de un análisis serio de seguridad química ni de impacto tóxico y ambiental”, argumentan.

El PV, que está tratando de movilizar a la población en torno a marchas de protesta, pide suspender los efectos de las medidas gubernamentales, que, en su opinión, “exponen de modo perverso a toda la población a riesgos incalculables de contaminación y desarrollo de diversas enfermedades, sin que los ciudadanos tengan posibilidad real de defensa”. En la lista de productos tóxicos permitidos, la organización subraya la presencia del Imazetapir, la Sulfentrazona y el Sulfoxaflor. Este último polémico en Estados Unidos “por ser uno de los principales responsables del exterminio de abejas en algunas regiones del país”.