La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó el pasado día 10 una sentencia que obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por la hidroeléctrica Renace sobre el Río Cahabón, de Alta Verapaz. Esta obra, construida por la empresa española Grupo Cobra-ACS, y subcontratada por Corporación Multi Inversiones (CMI), fue denunciada por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas (artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio de la Organización Internacional el Trabajo, en vigor en Guatemala desde 1997). En la zona viven 29.000 indígenas que ven en peligro su hábitat.

“La parte agridulce de este logro es que la sentencia no paraliza la obra ni pone la fecha para la consulta, pero es un gran paso hacia la justicia social”, afirma Almudena Moreno, responsable de la campaña Tierra, de Alianza por la Solidaridad, la ONG que ha acompañado a Ana Rutila, la activista guatemalteca que interpuso el recurso la demanda ante el Estado. Por no considerarla suficiente y no paralizar las obras, Ana Rutilia Ical ha impugnado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pide que se suspendan las obras tal y como ocurrió con otra hidroeléctrica (Oxec I y Oxec II- en el mismo río Cahabón).

“Los efectos de la construcción de las distintas fases de la hidroléctrica son enormes y pasan por la ruptura del tejido social q'eqchi' a la privatización y desvió del cauce del río Cahabon; a la destrucción del entorno natural sin respetar los lugares sagrados del pueblo q'eqchi' (cerros, bosques, fuentes de agua, cuevas); la invasión y usurpación del territorio; la apropiación indebida de tierras; la pérdida de biodiversidad; la aparición de grietas en nuestras construcciones por el uso excesivo de explosivos… El río se ha secado y los afluentes algunos ya no tienen agua”, concluye la defensora.

La sentencia hace referencia también a dos recursos planteados anteriormente por la constructora en los que varios líderes comunitarios alegaban el desarrollo que suponía para la zona la construcción de la hidroeléctrica. Señalaban también que el Convenio Internacional es posterior al inicio de la obra. La Justicia desestimado sus argumentos y condena incluso al abogado que llevó la sentencia por improcedente, ya que aunque la primera fase de Renace se aprobó en 1991, las siguientes ampliaciones se dieron por válidas en 2004, 2008, 2013 y 2015.

El fallo judicial también señala que, aun no siendo un convenio internacional retroactivo, está probado que los efectos de la decisión tomada para la ejecución de la obra tiene consecuencias sobre la vida de los indígenas.

Coacción sobre quienes defienden la Tierra

“Las amenazas siempre están presentes. La empresa tiene dinero para cooptar funcionarios y fabricar cualquier delito con tal de callar las voces. Una siempre está en un estado de indefensión. En Guatemala no se sabe a qué hora estos grupos pueden actuar contra uno. Pero yo actúo apegada a las leyes del país”, comenta Ana Ruitilia.

La activista -acompañada de otras asociaciones como el Colectivo Madre Selva sostienen que la energía que se genera es para el exterior. “No es para consumo nacional, ni para las comunidades en donde se genera. Ellos siguen viviendo sin energía eléctrica. Yo no me opongo al desarrollo, siempre que venga diseñado de las bases comunitarias del pueblo q'eqchi', en donde ellos sean partícipes y que gocen de los beneficios. Pero hablamos de un territorio donde se está generando energía eléctrica mientras sus habitantes viven en la oscuridad. Es es subdesarrollo”, sentencia Ruitilia.

En su caso, la batalla contra la hidroeléctrica de Renace le ha costado ser criminalizada, estigmatizada, difamada y tachada de “loca”. Su lucha no es fácil. La propia ONU habla de criminalización de los defensores. Es el caso por ejemplo del maestro Bernardo Caal, también defensor de los ríos guatemaltecos y en contra de la actividad de las grandes inversiones de las hidroeléctricas. Hoy está entre rejas.

No obstante, ella sigue, grande contra los grandes. El recurso de amparo está puesto y en él deja claro lo que pide: quiere que se concrete una fecha para la realización de la consulta, que esa consulta sea tal y como dictamina la sentencia “informada, de buena fe y sin coerciones ni presiones” y que se paralicen las obras mientras no se escuche la voz del pueblo