Peor que ver cómo los estragos causados por la covid-19 invaden los noticiarios, la agenda del día y el debate público, es observar que la pandemia rivaliza en popularidad con los escándalos diarios del Ejecutivo liderado por Jair Bolsonaro. Brasil acumula 27.878 fallecidos (1.124 en las últimas 24 horas, cuarta jornada consecutiva por encima de las mil víctimas mortales) y 465.166 casos confirmados (26.928 casos durante el último día) mientras el presidente está ocupado intentando salir ileso de una crisis política que seguramente le tumbaría si no hubiera surgido en medio de una crisis sanitaria sin precedentes.

La covid-19 sigue de récord en récord y Bolsonaro se mueve entre provocación y provocación. Todo Brasil estaba pendiente de la publicación del vídeo de la reunión ministerial del pasado 22 de abril, esa que el exministro de justicia Sérgio Moro citó como prueba para sus acusaciones contra el presidente por interferencias en las investigaciones reservadas de la Policía Federal, para proteger a familiares y amigos, lo cual acarrearía delitos de coacción, prevaricación, obstrucción de la Justicia y corrupción pasiva privilegiada.

El Tribunal Supremo liberó la publicación casi íntegra del video de ese consejo de ministros, lo cual aireó a los cuatro vientos un sinfín de actitudes antidemocráticas del Ejecutivo. A ello se le une el incremento de la presión judicial en una de las investigaciones que más le preocupa a Bolsonaro: la de la maquinaria de noticias falsas organizadas por aliados y familiares en torno al "gabinete del odio" –así lo denomina el Tribunal Supremo– que le propulsó en la campaña electoral de 2018.

Los quehaceres judiciales y las estrategias para seguir a flote le robarán a Bolsonaro todo el mes de junio. Exactamente el mismo tiempo que tardará Brasil en arrimarse al pico de la pandemia. Finales de junio, en el mejor de los casos, por lo cual el recuento más fiable de víctimas mortales solo se podrá cerrar bien entrado el mes de julio. Esa es la perspectiva presentada por Wanderson Oliveira, exsecretario de vigilancia sanitaria. 

Oliveira ya no tiene por qué dar rodeos en ruedas de prensa ni emplear eufemismos innecesarios: ha abandonado el Ministerio de sanidad esta semana, aunque su pedido de dimisión venía desde mediados de abril, días antes de que destituyeran al primer ministro de sanidad, Luiz Henrique Mandetta. El secretario fue el elegido para permanecer en el ministerio facilitando la transición entre los sucesivos ministros -ha trabajado para tres-.

La economía, el campo que –junto con el empleo– quería conservar Bolsonaro a base de negacionismo e hidroxicloroquina, está comenzando a corroborar los peores augurios. El Banco Central ha reconocido que espera una recesión al final de año de más del 5% –de momento, el primer trimestre significa un retroceso del 1,5% con respecto al último trimestre de 2019–. El ministro de economía, Paulo Guedes, que se presentó en sociedad hace año y medio con el objetivo de plasmar su ideario neoliberal, se está viendo eclipsado por el ala militar del Ejecutivo, que aboga por la inversión pública en obras e infraestructuras para refrescar la actividad nacional.

Recesión económica y auxilio a estados y municipios

La economía, el campo que –junto con el empleo– quería conservar Bolsonaro a base de negacionismo e hidroxicloroquina, está comenzando a corroborar los peores augurios. El Banco Central ha reconocido que espera una recesión al final de año de más del 5% –de momento, el primer trimestre significa un retroceso del 1,5% con respecto al último trimestre de 2019–. El ministro de economía, Paulo Guedes, que se presentó en sociedad hace año y medio con el objetivo de plasmar su ideario neoliberal, se está viendo eclipsado por el ala militar del Ejecutivo, que aboga por la inversión pública en obras e infraestructuras para refrescar la actividad nacional.

Guedes, temiendo que sin margen de acción su futuro puede estar fuera del equipo ministerial, apela a la cooperación, la colaboración, la comprensión y la solidaridad: "Todo el mundo remando. Si hay peleas a bordo, el barco naufraga". Más de cuarenta medidas ha ido lanzando Guedes desde su ministerio en estos meses de crisis, sin embargo, una de las más necesarias, la adjudicación presupuestaria a los estados y a los municipios para acciones de combate a la pandemia, solo ha sido confirmada esta semana, tras duras negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

Serán en total 125.000 millones de reales –unos 22.700 millones de euros–, repartidos entre suspensión del deudas con la Unión y auxilio financiero. La contrapartida gubernamental ha sido exigir a gobernadores y alcaldes el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos hasta diciembre de 2021. Para cuando estados y municipios dispongan del dinero ya estará finalizando la primera semana de junio –casi tres meses después de los primeros avisos del panorama que se avecinaba–.

Las diferentes unidades federativas precisan de ayuda urgente desde el Palacio de Planalto porque la covid-19 ha hecho quebrar sus cuentas y la población está muriendo a la espera de una cama de cuidados intensivos. Los brasileños más necesitados –pueden llegar a ser el 60% de la población– demandan la extensión de una renta básica emergencial que se agotará cuando aún transite el país por la mitad de la travesía.

Para colmo, las erráticas decisiones de gobernadores y alcaldes a lo largo de la geografía nacional tampoco están paliando el vacío Federal. São Paulo amaga con flexibilizar la cuarentena con los datos aún en ascenso vertiginoso, batiendo sus propias marcas de casos confirmados en un solo día; el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, también está luchando por no verse implicado en la trama de fraudes en la compra de respiradores que salpicó a su equipo, aplicando como cortina de humo la mano dura en operaciones policiales en las favelas. La falta de liderazgo político en las tres esferas de la administración es desalentadora.

Los rescoldos del vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril

Regresando al contenido del vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril, Bolsonaro, tal y como denunciaba Moro, buscaba y busca información privilegiada de investigaciones bajo secreto de sumario por parte de la Policía Federal. En paralelo, el ministro de economía aparece en las imágenes recordando a sus compañeros que conoce a la perfección cómo se recupera económicamente un país tras un shock contundente, citando como ejemplos la Alemania nazi y el Chile de Pinochet. El ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, interviene para recomendar aprovechar esta época de tranquilidad en la que la prensa solo habla de la covid-19 para ir modificando toda la normativa que les estorba –referencia clara a la región amazónica, las reservas indígenas y el agronegocio–, sin pasar por el Congreso Nacional.

La cinta supone un dudoso manual de gestión pública, pero si hay alguien que tiene sus días contados después de la publicación del contenido de la reunión es el ministro de educación, Abraham Weintraub. Sumido ya en un tumulto importante al publicar tuits de contenido racista contra el gobierno chino –uno de los principales aliados económicos de Brasil–, el ministro Weintraub tomó la palabra en la reunión ministerial para, en un confuso discurso supuestamente anticorrupción, insultar a los jueces del Tribunal Supremo y declarar que, si por el fuera, les encarcelaría a todos ellos.

Weintraub será la pieza que dejará caer Bolsonaro. Será el próximo ministro quemado. Su "fritura", de hecho, ya ha comenzado. Lo más valioso que tenía que gestionar desde su cartera, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (su presupuesto puede llegar a los 55.000 millones de reales –10.000 millones de euros–), se lo ha tenido que ceder Bolsonaro a los partidos del denominado Centrão –la amplia base de centro y centroderecha del Congreso Nacional– a cambio de ofrecer oxígeno al presidente para sobrevivir a los pedidos de impeachment –juicio político– que le cercan.