En toda conspiración suele haber un flanco débil, un arrepentido, un delator. En la trama golpista que investiga la Justicia brasileña ese punto débil lo encarna Mauro Cid, un teniente coronel del Ejército que llegó a ser el hombre de confianza de Jair Bolsonaro. Sus revelaciones han puesto contra las cuerdas al exmandatario ultraderechista brasileño (2019-2022), a quien la Policía ha involucrado en el intento de golpe de Estado que pretendía impedir la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.

El 8 de febrero la Policía federal irrumpía en la residencia de verano de Bolsonaro en Angra dos Reis (cerca de Río de Janeiro) para retener su pasaporte por su presunta participación en la trama. La espectacular operación Tempus Veritatis se ponía en marcha de forma simultánea en diez estados de Brasil en el marco de la causa que investiga el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. Ese día la Policía registró decenas de casas y detuvo a cuatro personas.

"Salí del Gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídense de mí. Ya hay otro gobernando el país", se defendió el exmandatario ante la prensa. Poco después, convocaba a sus seguidores a una concentración que se celebrará este domingo en São Paulo. Un acto sobre el que la Justicia ya le ha advertido de que podría tener consecuencias en la investigación si Bolsonaro llama a los suyos a la rebelión.

En la intentona golpista que investiga la Policía y el juez De Moraes hay una treintena de personas implicadas, entre ellas varios exministros, asesores y militares. Bajo la lupa de la Justicia se encuentran, entre otros, los exministros Walter Braga Netto (Defensa y Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), Anderson Torres (Justicia) y Augusto Heleno (Seguridad Nacional). En la lista de sospechosos aparecen también el exjefe de la Marina Almir Garnier Santos y el dirigente derechista Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro.

El terremoto político es de una magnitud mayúscula. La causa abierta por el juez De Moraes podría llevar a la cárcel a Bolsonaro y su plana mayor. El escrito de acusación, de 135 páginas, se basa en las actuaciones de la Policía por el "intento de golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho". Todo empezó unos meses antes de que se celebraran las elecciones presidenciales de octubre de 2022, una cita en la que Bolsonaro se jugaba la reelección frente al carismático Lula da Silva, cabeza visible del progresista Partido de los Trabajadores (PT) y presidente del país entre 2003 y 2010.

Arranca la conspiración

El 5 de julio de 2022 Bolsonaro reúne a sus ministros en el Palacio del Planalto en Brasilia y les pide que cuestionen el sistema de urnas electrónicas utilizado en los procesos electorales de Brasil desde hace años. Entre claras alusiones involucionistas, el presidente les habla del supuesto fraude que estarían maquinando los partidarios de Lula. Unos meses más tarde, la Policía hallaría un vídeo con la grabación de esa reunión en la casa de Mauro Cid. El secretario personal de Bolsonaro fue detenido cuando trataba de viajar a Estados Unidos por haber falsificado su cartilla de vacunación y la de su jefe.

Tras cuatro meses en prisión, Cid se acogió al programa de "delación premiada" de la Justicia brasileña y comenzó a tirar de la manta a cambio de la libertad provisional. Su teléfono móvil es, para los investigadores, un tesoro de mensajes, grabaciones y documentos inculpatorios.

Tras el cónclave con los miembros de su gabinete, Bolsonaro convoca el 18 de julio a los embajadores extranjeros acreditados en Brasil. Los diplomáticos no dan crédito a lo que escuchan. El mandatario les expone su rechazo al sistema de urnas electrónicas sin aportar una sola prueba de que sea una herramienta fraudulenta. Su descalificación del proceso electoral tendría consecuencias judiciales. Un año después sería condenado por abuso de poder e inhabilitado como candidato hasta 2030.

Unas semanas después de la ajustada derrota electoral en la segunda vuelta, el dirigente ultraderechista mueve ficha. A finales de noviembre de 2022, Filipe Martins, asesor del presidente saliente, le entrega un borrador de decreto "para ejecutar el golpe de Estado". Ese documento, en el que se ordenaba la detención de dos magistrados del Tribunal Supremo y del presidente del Senado, Rodrigo Pachecho, fue, según los investigadores, "analizado y alterado" por Bolsonaro, quien redujo las detenciones a una sola persona: Alexandre de Moraes, el magistrado que investiga ahora la trama golpista.

El 7 de diciembre, el presidente convoca a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas en el Palacio de la Alvorada (la residencia presidencial) y les plantea la ruptura del orden constitucional, pero solo el jefe de la Marina (el almirante Garnier) se muestra a favor de la propuesta, de acuerdo a la confesión de Cid.

La indecisión de un sector del Ejército no impidió que la intentona golpista siguiera adelante a través de una campaña en redes sociales en la que se pedía a las huestes bolsonaristas que acamparan ante los cuarteles de las principales ciudades en demanda de una intervención militar.

Así lo hicieron en Brasilia el 8 de enero de 2023. Una turba asaltó ese día el corazón de la democracia brasileña. Miles de exaltados irrumpieron durante unas horas en las sedes del Congreso, el poder judicial y la presidencia del Gobierno en la Plaza de los Tres Poderes. Emulaban así a los seguidores de Donald Trump que habían tomado el Capitolio dos años antes. Lula acababa de estrenar su tercer mandato presidencial y Bolsonaro se había instalado temporalmente en Florida, desde donde siguió el curso de los acontecimientos.

La retirada del pasaporte a Bolsonaro decretada por la Justicia es el primer paso de un proceso que podría derivar en un juicio y un eventual encarcelamiento del exmandatario. El jueves fue llamado a declarar ante la Policía federal pero se acogió a su derecho a guardar silencio. La acumulación de pruebas (mensajes, grabaciones, documentos...) y la confesión de Cid (el flanco débil de la conspiración) juegan en su contra.

Varios juristas consultados por la revista brasileña Carta Capital coinciden en que si el exmandatario ultraderechista no ha ingresado ya en prisión se debe a que la Justicia y los investigadores policiales no quieren repetir errores del pasado, como la fallida instrucción del caso de corrupción conocido como Lava Jato. Para el abogado constitucionalista Antonio Carlos de Almeida Castro, debe primar la cautela judicial. En todo caso, según el profesor de Derecho Constitucional Lenio Streck, es tan solo una cuestión de tiempo que el Tribunal Supremo decrete la prisión de Bolsonaro.

La larga deriva involucionista

Para entender lo ocurrido en Brasil en los últimos meses hay que retrotraerse a 2016, cuando el Congreso destituyó a la entonces presidenta de izquierdas Dilma Rousseff (2011-2016) en un bochornoso juicio político por supuestas irregularidades presupuestarias. Un año después, la Justicia condenaba sin pruebas a Lula por corrupción y lo apartaba así de la carrera electoral cuando encabezaba todas las encuestas. El exsindicalista pasó 580 días en prisión (su juicio quedaría anulado en 2021 y constituye un caso paradigmático de lawfare).

En un ambiente de acoso y derribo contra el PT, las élites políticas y económicas favorecieron el ascenso de un personaje hasta entonces menor, un arrebatado excapitán del Ejército que ejercía como diputado raso en el Congreso desde 1991. Con Lula inhabilitado, Jair Messias Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 gracias, en parte, al uso de las redes sociales, en particular las cadenas de WhatsApp, tan populares en Brasil, en las que se tildaba de "ladrones" a la cúpula del PT.

Brasil ya sufrió una larga dictadura en el siglo XX (1964-1985). Un sector de las Fuerzas Armadas, vinculado a la extrema derecha civil, parece echar de menos esa ominosa época de libertades restringidas y represión feroz. El cerco judicial a Bolsonaro se estrecha pero la tentación golpista permanece.