Primero fue la respuesta a la crisis financiera de 2008. Después llegó la fractura sobre cómo afrontar la crisis multidimensional provocada por el coronavirus. Y ahora, el choque norte-sur se materializa, de nuevo, con la crisis energética.

Los conocidos como halcones, banderas de la austeridad, no quieren ni oír hablar de medidas drásticas para rebajar las históricas facturas en los precios de la luz. España, por su parte, lidera en la UE el bando que aboga por asumir medidas extraordinarias, revolucionarias y ambiciosas en la estructura del mercado energético europeo.

La división es clara y frontal: hay quienes quieren actuar de forma unida y contundente, como España, y quienes ven la energética como una crisis temporal que puede paliarse con medidas de apoyo a nivel nacional, como Alemania o Países Bajos.

Los 27 líderes de Estado y de Gobierno abordaron el gélido debate en la última cumbre europea. Y este martes han sido los ministros de Energía quienes han profundizado en la materia. Pero la cita de Luxemburgo llegaba calentada por una carta circulada por nueve países (Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Países Bajos), a los que después se unieron Chequia, Suecia y Bélgica, oponiéndose a los anhelos españoles. Los doce ya advierten que no suscribirán una reforma del mercado mayorista.

El frente noreste y sur tiene una vértebra clave e insalvable de división en torno a cómo responder a la crisis energética. Los primeros creen que la actual es una situación temporal que requiere medidas nacionales a corto plazo para ayudar a los sectores más vulnerables. Pero descartan entrar en el fondo y revolucionar la arquitectura del mercado energético de la UE. Quieren priorizar a toda costa la transición energética y temen que la adopción de medidas como las que propone España pueden hacer peligrar la descarbonización o el camino para convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático a mitad de siglo.

Una visión que grosso modo es compartida por la Comisión Europea. "Las expectativas actuales de los mercados de materias primas energéticas indican que es probable que las subidas de precios actuales sean temporales. Es probable que los precios al por mayor del gas sigan siendo elevados durante los meses de invierno y bajen a partir de abril de 2022. No obstante, los precios seguirían siendo superiores a la media de los últimos años", reza el reciente análisis llevado a cabo por los expertos del Berlaymont.

La lectura española es radicalmente opuesta. El Gobierno que lidera Pedro Sánchez cree que la actual situación es excepcional y que, por ello, requiere medidas excepcionales, pero sobre todo medidas europeas. España cree que debido a la volatilidad de los precios del gas (cuesta ahora 15 veces más que hace unos años, cuando estaba sobre mínimos), las crisis de este tipo pueden ser cíclicas. Por ello pide la compra conjunta de gas y la creación de una reserva energética que ayude en momentos de estrés como el actual. "Hay que contener [los precios] en el corto plazo y evitar un efecto contagio", resumen fuentes diplomáticas.

Cambio de estrategia

España conoce los tiempos de Bruselas. Toda gran negociación lleva, en el escenario más optimista, varios meses. Lo normal es que se prolongue durante años. Pero la contundente y fugaz respuesta de las instituciones comunitarias a la pandemia de la covid con exenciones fiscales (sin precedentes o a través de la compra conjunta de vacunas), ha dado al país la sensación de que podría ocurrir algo parecido con la que es ya la crisis de invierno en la UE.

Pero no. La situación es radicalmente diferente. Y los mix energéticos y necesidades de los Veintisiete son muy diferentes. También la subida de los precios de la energía les está afectando de forma dispar. Con el órdago lanzado por los halcones, liderados por Alemania, el equipo de Sánchez ha cambiado de estrategia poniendo sobre la mesa del Consejo una medida que parece tener poco recorrido. Madrid pide a Bruselas poder fijar los precios de la electricidad a nivel nacional en circunstancias excepcionales como la actual. Es decir, salirse del mercado energético de la UE.

"En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas de mix, recursos o nivel de interconexión", reza el documento circulado en Luxemburgo. De momento, el país no cuenta con el apoyo explícito de ningún socio comunitario; aunque Francia, Grecia o Hungría lo están estudiando.

Todos los Estados miembros se rigen a día de hoy por los precios marginalistas del mercado energético común. La energía más cara es la que fija el precio final. El aumento de cerca del 400% del coste del gas natural explica en buena parte el incremento generalizado en las facturas de los consumidores. Lo que pide el país es tener en cuenta a las renovables para evitar este monopolio y establecer un precio medio que sea menos volátil a las fluctuaciones del mercado.

La Comisión Europea desoye las demandas españolas

Pero la propuesta española no solo ha sido recibida con tibieza en el seno del Consejo de la UE. La propia Comisión Europea ha enfriado la posibilidad de tenerla en cuenta. La responsable de Energía, Kadri Simson, insiste en que el actual sistema es "el mejor" para "garantizar precios asumibles y estables" y avanza que Bruselas no tomará acciones "precipitadas".

"No está muy claro cómo un sistema con diferentes fuentes de precios funcionaría en la práctica. Tampoco si sería mejor que el actual. Cambiar el mercado es un riesgo en términos de predictibilidad de mercado, competitividad y transición a la energía limpia", ha afirmado durante la rueda de prensa.

Calendario sosegado

El periodista y activista medioambiental Bjorn Lomborg explica que los precios del gas se han disparado un 429% con respecto a los niveles registrados por la UE en 2019. "Ahora 2,7 millones de personas en Europa no pueden permitirse mantener sus viviendas calientes", denuncia.

El invierno europeo se prevé frío y la escalada de los precios parece no tener techo de cristal. Con este telón de fondo, las medidas a corto plazo para aliviar la factura de los consumidores y apoyar a los sectores más vulnerables serán nacionales. Una veintena de Estados miembros han tomado acciones para prevenir la pobreza energética. Pero en ningún caso se adoptarán medidas de calado a nivel europeo en el corto plazo.

La Comisión Europea propondrá en abril una serie de recomendaciones para posibles modificaciones en torno al mercado de la electricidad. Se ha abierto a estudiar la demanda española, apoyada por países como Grecia, a comprar gas de forma mancomunada y crear una gran reserva estratégica. Pero de momento son buenas intenciones y una patada hacia adelante.

De llevarse a cabo alguna de estas opciones se articularía en torno a una cooperación reforzada –con los países que quieran participar – y no con los Veintisiete. La mayoría del noreste europeo se opone a esta revolución esgrimiendo que se trata de una medida muy compleja desde el punto de vista logístico y económico y que requeriría de demasiado tiempo. "Creo que el Gobierno español ha prometido de más diciendo que la compra conjunta resolverá la crisis. Lo que la resolverá son inversiones eficientes y renovables. Lo que España necesita es tener más interconexiones", ha respondido Claude Turmes, ministro de Energía luxemburgués.

Buena parte de la atención mediática y política de la UE vira en estos momentos en torno a los precios de la luz. La pandemia monopolizó la idea de la "Unión Europea de la Salud" o la crisis de Afganistán desató el debate sobre el Ejército europeo. Está por ver si todo ello, junto a las medidas revolucionarias en el sector energético, se articula en medidas concretas tras el ‘boom’ del momento o, como muchas propuestas, quedan relegadas al cajón de sastre hasta las próximas crisis.