berlin
Las calles de Berlín lucen de morado y amarillo. Son los colores de la iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía. A falta de conciertos y convocatorias de manifestaciones, sus carteles son los encargados de adornar la ciudad.
El fin es que el Gobierno berlinés "socialice" unas 240.00 viviendas de la ciudad, propiedad de grandes empresas que poseen más de 3.000 pisos, como Deutsche Wohnen. La cantidad con la que se indemnizaría a las compañías es objeto de disputa entre los organizadores y el Ejecutivo local.
La maquinaria de esta campaña ciudadana funciona a pleno rendimiento: tienen poco más de tres meses para recoger 170.000 firmas y poder convocar un referéndum. Si lo consiguen, la consulta se celebrará el próximo 26 de septiembre, el mismo día que otras dos elecciones: las generales y las regionales de Berlín.
"La respuesta está siendo increíblemente positiva. Estamos llegando a mucha gente", asegura Ingrid Hoffmann, del círculo de coordinación de la campaña. La semana que viene se cumplirá el primer mes desde el arranque de la recogida y se publicará cuántas firmas han acumulado hasta el momento. "La sensación es muy buena. Yo soy la encargada de recoger todas las firmas que llegan por correo a una dirección única. Y te puedo decir que sí hay mucho movimiento".
La palabra "expropiar" (enteignen) continúa en el nombre de la campaña, pero los miembros de la iniciativa hace tiempo que emplean el término menos agresivo de "socializar" (vergesellschaften), que recoge el artículo 15 de la Constitución de la República Federal de Alemania.
Largo proceso
La campaña arrancó hace años, pero esta última fase ha coincidido con la pandemia y su correspondiente confinamiento.
No obstante, los activistas no solo cuentan con la ayuda de cientos de voluntarios repartidos por todos los barrios de la ciudad, sino también con plataformas de gran repercusión, como la principal asociación de inquilinos de Berlín, la Berliner Mieterverein, así como con el portal Change.org, que posee decenas de miles de correos electrónicos de berlineses. Ahí se puede descargar tanto el formulario como el sobre necesarios para entregar la documentación. La web también se hace cargo del coste de envío. Además da la posibilidad de facilitar aún más el proceso: con un clic te envían la documentación a tu casa. Ya no se necesita ni una impresora.
El confinamiento contrasta con las movilizaciones multitudinarias a las que tan acostumbrados estaban los berlineses. En 2019, tras una manifestación a la que acudieron unas 50.000 personas, los organizadores sumaron 15.000 firmas en unas pocas horas. Esa primera fase de recogidas se completó muy rápidamente. Pero después el proyecto se estancó en la mesa del responsable de Interior de Berlín, el socialdemócrata Andreas Geisel. La iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía incluso llegó a demandar al político por no tramitar la autorización del referéndum. Finalmente el mandatario dio luz verde.
El objetivo inicial era celebrar la consulta en 2020. "Así habríamos tenido nosotros toda la atención", explica Hoffmann. Con el retraso del año pasado, a los organizadores no les queda otra opción que acatar la ley y aceptar que el referéndum se celebre el mismo día que las otras dos elecciones. "No está claro si nos beneficiará o perjudicará. De esta manera será más fácil cumplir el quorum del 25%, pero tendremos que convencer al menos a 613.000 electores de que voten sí".
La vivienda en Berlín es sinónimo de alquilar. De los casi dos millones de pisos de la capital, uno y medio son pisos de este tipo.
Sin duda, en la intensa jornada electoral que vivirán Alemania y Berlín el 26 de septiembre, la vivienda será, junto a la salud y la pandemia, el principal tema de la campaña.
Regular precios
El precio de los alquileres es un problema existencial de la capital del Muro. En pocos años pasó de ser uno de sus principales atractivos a convertirse en su gran inconveniente. En la primera década del siglo XXI, los precios, ridículos en comparación con cualquier otra capital europea, comenzaron a dispararse. Hoy ya mira de frente a las urbes más caras del continente.
En 2015 se llevó a cabo el primer intento de regular el aumento desbocado. La conocida como Mietpreisbremse (freno a los precios del alquiler) se aprobó a nivel federal, con los votos a favor de los socialdemócratas (SPD) y los conservadores (CDU/CSU). Desde la izquierda se criticó que no era una ley lo suficientemente ambiciosa.
Su impacto fue muy reducido. El Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) lo resumía así: "La ley solo puede funcionar en su forma actual si los nuevos contratos de alquiler en la región aumentaron al menos un 3,9% cada año durante los cuatro años anteriores a la introducción de la ley". Y ni siquiera así se pudo frenar el encarecimiento en Berlín. Entre 2016 y 2017, la capital alemana fue la ciudad del mundo donde más creció el precio de la vivienda: un 20,5% respecto al año anterior.
Por eso el Gobierno local, coalición de socialdemócratas (SPD), ecologistas (Verdes) y poscomunistas (Die Linke), promovió una regulación más estricta, la bautizada como Mietendeckel, que congela los arrendamientos durante cinco años y establece un tope al precio de la vivienda de alquiler de 9,80 euros por metro cuadrado. Tras un año en vigor, todos los centros de estudios, desde los más liberales a los más progresistas, apuntan en la misma dirección: lo subida de los precios en nuevos contratos se ha reducido, los alquileres de muchas viviendas se han abaratado, pero la oferta ha caído en picado. El tormento que suponía buscar piso en Berlín no ha cambiado durante los últimos 12 meses.
Lucha política
El Tribunal Constitucional todavía debe ratificar la legalidad de la Mietendeckel. Son muchos los que están convencidos de que los jueces de Karlsruhe tumbarán la ley. Mientras tanto, algunos abogados ofrecen consejo a los propietarios sobre cómo "escapar" de las leyes, tanto la Mietpreisbremse como la Mietendeckel.
Los activistas hacen referencia a este contexto para justificar la necesidad de "socializar". "La Mietendeckel dura cinco años, la socialización es para toda la vida", es el mantra entre ellos.
El momento en el que la campaña encara su recta final no podría ser más tenso. Alemania celebra este año elecciones federales. Se termina la era de Angela Merkel. Y se renueva el Senado de la ciudad-Estado de Berlín.
Die Linke, el partido más izquierdista del arco parlamentario, es el único que apoya directamente la iniciativa. Ecologistas y socialdemócratas están divididos internamente. Lo Verdes se muestran abiertos al diálogo, pero parte de la dirección rechaza la medida. El SPD se posicionó en contra, aunque sus juventudes votaron a favor de las expropiaciones.
La oposición (conservadores, liberales y extremaderecha) se oponen de plano. Aunque es el partido de Angela Merkel es el que lidera la beligerancia. La CDU es la formación que más ‘grandes donaciones’ (por encima de 50.000 euros) recibió en 2020. El principal dispensador: el sector inmobiliario. Solo el constructor berlinés Christoph Gröner donó al partido conservador 800.000€.
El desenlace de la campaña "Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía" acabará, probablemente, en el Tribunal Constitucional. El artículo 15, al que apelan los activistas, nunca se ha utilizado en una resolución judicial.
Y eso que los organizadores optaron por que la consulta no fuera vinculante. La experiencia de 2015, cuando se intentó promover un referéndum sobre la vivienda vinculado a un proyecto de ley, acabó fracasando por las dudas legales que planteaba. No obstante, en caso de victoria, sí presentarán al Parlamento de Berlín un borrador de ley como propuesta para socializar las casi 240.000 viviendas. "Si la movilización es lo suficientemente grande, el Gobierno no podrá ignorarnos", concluye Ingrid Hoffmann.
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