El pasado lunes 28 de marzo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la llamada Ley de Derechos Parentales en la Educación. Bajo ese título de apariencia inocua, se escondía el primer paso de la estrategia que el Partido Republicano está emprendiendo contra los derechos de la comunidad LGTBI y los llamados derechos privados. Un mes después llegaría, no por casualidad, el borrador del Supremo en el que se adelantaba una opinión contraria a la sentencia de 1973 que garantiza el derecho al aborto en Estados Unidos. Una veintena de estados están ya promoviendo leyes como la de Florida en sus territorios, normas que ya son conocidas con el apodo de leyes no digas gay (don't say gay, en inglés).

La norma de Florida prohíbe abordar en el aula asuntos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género para los alumnos de preescolar hasta tercer grado, es decir, de ocho a nueve años. Para los mayores de esta edad, la ley exige que los contenidos y el debate que se genere en el aula sean "apropiados para la edad o el desarrollo" del alumnado según los estándares establecidos por el gobierno estatal, el mismo gobierno estatal manos republicanas que ha aprobado dicha norma.

El día de la firma de la ley, el gobernador DeSantis dejó clara su postura: "Vamos a asegurarnos de que los padres puedan enviar a sus hijos a la escuela para que reciban una educación, no para que sean adoctrinados".

Según la ONG Proyecto por el Avance del Movimiento (MAP, por sus siglas en inglés), "Florida se ha convertido en el primer estado que aprueba este tipo de ley de censura curricular desde 2001". "Nuestros Mapas de Igualdad hacen un seguimiento de las leyes que están actualmente en vigor, pero en lo que va de 2022 al menos 20 estados han presentado proyectos de ley que censurarían los planes de estudio, los materiales, los grupos de estudiantes y otros aspectos relacionados con el colectivo LGTBI+".

Según explican a Público fuentes de la ONG Campaña de Derechos Humanos (HRC, en inglés), la mayor de Estados Unidos en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, de los proyectos de ley presentados, "seis de ellos son ya normas aprobadas: dos en Florida, dos en Georgia, una en Dakota del Sur y otra en Alabama".

En Florida, además de la citada norma para el sector educativo, el gobernador Ron DeSantis, firmó el 22 de abril la llamada Stop Woke Act. Según explica a Público la profesora de derecho de la Universidad de Duke, Ames Simmons, esta norma contiene además "disposiciones que algunos han llamado antiteoría crítica de la raza y que prohíben la enseñanza sobre la raza y el género en formas que se consideran divisivas para la sociedad".

"Es muy frecuente", explica Simmons, que estas leyes se acompañen a las llamadas Don't Say Gay. Al menos 12 estados tienen o están promoviendo este tipo de combinación de proyectos de ley".

La ley Stop Woke, entre otras cosas, restringe el debate sobre la raza y el racismo en las escuelas y prohíbe cualquier tipo de enseñanza que pueda hacer sentir a los estudiantes que tienen una responsabilidad personal por errores históricos debido a su raza, color, sexo u origen nacional. También impide a las empresas utilizar prácticas de diversidad o formación que puedan hacer que los empleados se sientan culpables por razones similares.

"El peor año en la historia reciente para la igualdad LGTBI"

Esta estrategia de ataque a los derechos de este sector de la población no es nueva, aunque no se había planteado hasta ahora tan frontalmente. Normalmente, lo que se solía hacer era incluir apartados aquí y allá para erosionar los derechos del sector LGTBI en leyes dedicadas a los más diversos asuntos. Grano a grano se iba haciendo la montaña, como reza el dicho.

De hecho, pese a que la ley de Florida es del pasado mes de marzo, según la ONG Campaña de Derechos Humanos (HRC, en inglés), "2021 fue el peor año de la historia reciente para la legislación estatal que ataca la igualdad LGTBI. Se presentaron un total de 268 proyectos de ley contra la igualdad [por incluir disposiciones que limitan los derechos de este colectivo], 27 de los cuales se convirtieron en leyes, incluyendo 13 que se dirigían específicamente a los derechos de los jóvenes transgénero". Y lo peor es que esta organización alerta de que "aunque 2022 está empezando, ya se perfila como un año similar a 2021 en términos de legislación estatal discriminatoria".

La mayoría de dichos proyectos de ley presentados, explica la HCR, "se han centrado en dos ámbitos: la prohibición de que los escolares trans se unan a equipos deportivos que se ajusten a su identidad de género; o la prohibición de que los menores trans accedan a la asistencia sanitaria de afirmación de género".

La presidenta interina de la HCR afirmó en una rueda de prensa el pasado 1 de abril, a raíz de la ley de Florida, que "todos los estudiantes merecen líderes políticos que estén con ellos, no que los intimiden o los ataquen", y añadió: "El alumnado tiene un trabajo cuando va a la escuela: aprender. En cambio, los niños y niñas LGTBI pasarán sus días obligados a ocultar partes clave de sí mismos y de sus familias. Hacemos un llamamiento a Ron DeSantis y al estado de Florida: dejen que los niños aprendan".

Según la cadena de radios públicas NPR, entre los estados que han seguido la estela de Florida y que tienen los proyectos de ley en fase más avanzada, se encuentran Alabama, Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Ohio, Oklahoma y Tennessee. Se trata en todos los casos de estados republicanos del sur o del interior del país y, junto con Florida, suponen una población de unos cien millones habitantes, casi un tercio de la población de Estados Unidos.

Entre dichos proyectos de ley destacan especialmente los de Oklahoma y Tennessee. El primero llega a proponer incluso prohibir los libros en las bibliotecas escolares que se centren en "el estudio del sexo, los estilos de vida sexual o la actividad sexual". En cuanto a la propuesta de ley estatal de Tennessee, pide vetar los libros y materiales educativos "que promuevan, normalicen, apoyen o traten temas o estilos de vida de lesbianas, gays, bisexuales o transexuales", según el análisis elaborado por la NPR.

Unas leyes que no son algo nuevo

Según explica Simmons, este tipo de leyes no son un fenómeno nuevo en la historia de Estados Unidos. "Se remontan a la década de 1970, cuando conservadores como Anita Bryant iniciaron campañas públicas contra maestros y profesores basadas en la idea de que hablar de las personas LGTBI era hacer, decían, reclutamiento de homosexuales o incluso implicar que las personas LGTBI son pedófilos y abusadores de niños".

California, recuerda la jurista de la Universidad de Duke, tuvo por entonces "una campaña pública llamada Proposición 6, comúnmente conocida como la Iniciativa Briggs, para evitar que los maestros LGTBI pudieran ser contratados. Esta misma insinuación está ocurriendo ahora con los conservadores en Florida que llaman a la educación relacionada con LGTBI, preparación de los estudiantes para ser LGTBI".

De aquellos años perduran ciertas leyes estatales todavía: "Luisiana tiene una norma del tipo no digas gay a pesar de que ahora están considerando aprobar. Mississippi, Oklahoma y Texas todavía tienen leyes curriculares anti-LGTBI que se basan en los antiguos estatutos de sodomía, que fueron declarados inconstitucionales en 2003".

Simmons recuerda que muchas leyes anti LGTBI de otros estados fueron derogadas a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo en los casos Lawrence contra Texas, de 2003; el caso Windsor, de 2013; y el de Obergefell contra Hodges, de 2015. "Sin embargo, Alabama acaba de derogar su ley pero sólo para reemplazarla este año con una prohibición curricular anti-LGTBI diferente, junto con una disposición que prohíbe a los estudiantes utilizar los baños de acuerdo con su identidad de género", critica Simmons.

Con todo, el único posible veto o freno a las propuestas de leyes actuales pasa de nuevo por el Tribunal Supremo. "Hasta ahora", explica Simmons, "se ha considerado que son inconstitucionales tanto porque restringen la libertad de expresión protegida por la primera enmienda, como porque tratan a las personas LGTBI de forma diferente a las personas heterosexuales y cisgénero, violando así la igualdad de protección prevista en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense".

Sin embargo, como ya fue notorio con el borrador contra el derecho al aborto, el Supremo está en manos republicanas por una mayoría aplastante de seis magistrados a tres después de que bajo la administración Trump se designase a tres jueces en sólo cuatro años de mandato, nombramientos que son vitalicios. Si se confirmase la sentencia del Supremo contra el derecho al aborto, que se espera para finales de junio o julio, otros derechos como los que afectan a la comunidad LGTBI podrían correr también una senda similar.