La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado este ocho de enero un auto por el que rechaza de facto la decisión del juez, Santiago Pedraz, de ceder la jurisdicción del caso abierto contra Carmelo Ovono a Guinea Ecuatorial. En él se investiga la presunta implicación de Ovono, hijo del presidente del Gobierno ecuatoguineano Teodoro Obiang, y otros dos altos cargos, Nicolás Obama e Isaac Nguema, en el secuestro y torturas de cuatro opositores residentes en España.

En su auto, la Sala obliga a Pedraz a transformar las diligencias previas del caso en un procedimiento sumario ordinario, ya que los delitos que se investigan son graves y pueden llevar a penas de más de nueve años, según establece el Código Penal. Es el caso del delito de secuestro con finalidad terrorista, del que se acusa a los tres altos cargos del Gobierno ecuatoguinano.

Tanto la acusación como el fiscal del caso, Vicente González Mota, ya solicitaron a Pedraz que incoara el sumario en septiembre del pasado año. La petición fue rechazada por el juez en una providencia en la que argumentó que "se estaban practicando diversas diligencias para esclarecer la naturaleza y la circunstancias del hecho así como los posibles partícipes". La Sala responde ahora que esta no es razón suficiente para no incoar el sumario, ya que también en dicho procedimiento también pueden llevarse a cabo esas diligencias.

De esta manera, deja sin efecto el auto de cesión aprobado por Pedraz el pasado ocho de enero, misma fecha en la que los magistrados de la Sección dos de lo Penal firman el auto. Y es que, según informó El Español, la reacción de la Sala al auto de Pedraz fue casi instantánea, ya que reprendió al juez horas antes de que cediera la investigación a la Justicia ecuatoguineana. Ahora, sólo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puede cerrar la causa, que seguirá siendo instruida por Pedraz.

Supuesto juicio paralelo en Guinea Ecuatorial

La Justicia ecuatoguineana reclamó para sí la jurisdicción de la investigación en junio de 2023, alegando que ya había iniciado diligencias para investigar los hechos en el país de origen de Ovono, Nguema y Obama.

La acusación vio en este movimiento una estrategia para apartar a la Justicia española de la investigación, como ya lo intentó cuando el también hijo del presidente y principal candidato a sucesor, Teodoro Nguema –alias Teodorín– , estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y corrupción en Francia en 2017. En aquella ocasión, la Justicia gala se negó a ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial, cuyo sistema judicial depende en última instancia de Teodoro Obiang.

El expresidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, Juan Carlos Ondo, presentó un escrito ante Pedraz en el que demostraba, según su propia declaración jurada, cómo él mismo abrió la falsa investigación contra Teodorín para apartar de la investigación a Francia. En una nota informativa que adjunta a la declaración, Ondo muestra cómo comunicó a Teodoro Obiang que había abierto en Guinea Ecuatorial las falsas diligencias contra su hijo Teodorín, por las cuales se "justificaría plenamente la exculpación del Vicepresidente de la República".

Con la aportación de esta información el jurista pretendía demostrar la corrupción endémica del sistema judicial del país africano, en un intento de frenar la decisión del juez español de dejar en manos ecuatoguineanas la investigación por torturas y secuestro en la que estaría presuntamente implicado otro de los hijos del presidente. Juan Carlos Ondo es actualmente el líder de la oposición de Guinea Ecuatorial, y actualmente se encuentra en el exilio, debido a la persecución del régimen de Obiang.

Este evento volvió a repetirse en el caso abierto contra los tres altos cargos del Gobierno africano. Ante lo que entendieron como un nuevo intento del régimen de Obiang de boicotear una investigación contra uno de sus hijos por los presuntos delitos que había cometido en el extranjero, la acusación aportó la nota informativa firmada por el propio expresidente de la Corte Suprema.

Tal y como explica la acusación a este periódico, con ello buscaban demostrar a Pedraz las fallas del sistema judicial de Guinea Ecuatorial –ampliamente refutada por varios organismos internacionales– y los riesgos que entrañaba que la investigación pasara a manos ecuatoguineanas. Todo ello fue desoído por Santiago Pedraz, quien en su auto de cesión subrayó que su juzgado investigaba unos hechos concretos, no al régimen guineano ni su sistema judicial al completo.

La supuesta apertura de una investigación en Guinea Ecuatorial dejó en el aire la aprobación las órdenes de busca y captura contra Carmelo Ovono, Nicolás Obama e Isaac Nguema que la fiscalía solicitó en abril de 2023. Con la la reactivación del caso, estas órdenes podrían aprobarse próximamente. Esto sería un duro revés para los acusados, que no han vuelto a pisar España desde que tuvieron conocimiento de la causa abierta en la Audiencia Nacional. Ello a pesar de que vivían entre este país y España. De hecho, Ovono poseía una casa en Marbella (Málaga), en la que vivía junto a su mujer.

También seguirán adelante las diligencias policiales que estudian la posible conexión entre los casi 800.000 euros en efectivo presuntamente introducidos por orden de Carmelo Ovono en España entre 2021 y 2022, y el espionaje al que fueron sometidos los opositores antes de ser secuestrados.

Los cuatro –Julio Obama, Feliciano Efa Mangue, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo–  habían sido acusados por el Gobierno de Guinea Ecuatorial de participar en el intento de golpe de Estado de 2017. Debido a la persecución del régimen de Obiang, se exiliaron a España. En 2020 fueron llevados a Juba (Sudán del Sur) mediante engaños. Desde allí fueron trasladados a Guinea Ecuatorial, donde fueron juzgados y condenados a penas de más de hasta 90 años. Desde entonces, cumplen condena en la prisión de Mongomo (Guinea Ecuatorial).

Sin embargo, nada se sabe de ellos desde hace más de un año. Tampoco de la repatriación del cuerpo del cuarto, Julio Obama, quien murió hace un año en la prisión hace un año. Desde entonces, la diplomacia española solicita la repatriación del español, sin haber obtenido ninguna respuesta por parte las autoridades de Guinea Ecuatorial.