Julian Assange, fundador de Wikileaks, salva los muebles una última vez. La mañana del 26 de marzo se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Londres por la que se amplía el plazo para evaluar tres de los nueve puntos de apelación presentados por la defensa del periodista el pasado mes de febrero, a la espera de que EEUU presente sus garantías al respecto.

Los tres argumentos susceptibles de ser aceptados por el Alto Tribunal tratan sobre la posibilidad de que la extradición de Assange vulnere la libertad de prensa, el hecho de que pueda recibir un trato discriminatorio al ser juzgado en EEUU y el riesgo de que sea condenado a pena de muerte. Los otros cinco puntos de apelación han sido directamente rechazados. Esta es la última baza que el australiano puede jugar en territorio británico para esquivar la extradición a EEUU.

Si EEUU presenta garantías de que no se incumplirán ninguno de estos tres puntos –y estas son aceptadas por la Justicia inglesa– la apelación de Assange sería definitivamente rechazada, agotando la jurisdicción británica y dando comienzo al proceso de extradición. En el caso de que EEUU no presente dichas garantías o de que estas resulten insuficientes a la Justicia británica, los tres puntos se admitirían a trámite, iniciándose un nuevo procedimiento judicial.

El país norteamericano lleva cinco años solicitando la entrega de Assange, a quien acusa de haber cometido 18 delitos informáticos y de espionaje por la publicación de informaciones que revelaron numerosos escándalos cometidos por EEUU, incluidos crímenes de guerra contra población civil en Oriente Medio. Los cargos  suman una pena máxima de hasta 175 años de prisión o, incluso, como estudia ahora Reino Unido pena de muerte.

Así lo evidenció el propio abogado del secretario de Estado de Interior británico en la vista de la apelación, celebrada en Londres entre el 20 y el 21 de febrero. Tal y como confirmaron a Público fuentes presentes en la audiencia, el secretario declaró que: "Sería muy difícil [para EEUU] ofrecer garantías para evitar que se imponga [a Assange] la pena de muerte".

La clave se encuentra en el delito de traición, del que el periodista es acusado y cuya pena máxima es la capital, según la ley de Espionaje vigente en el país norteamericano. La posibilidad de que reciba este castigo es contraria al acuerdo de extradición vigente entre Washington y Londres, que determina que el país europeo –que abolió la pena de muerte en 1965– no puede entregar a un acusado si este puede ser condenado a muerte. La propia diplomacia británica aseguró en 2020 que no extraditarían a Assange de existir dicho peligro.

Los jueces ingleses, Victoria Sharp y Adam Johnson, también esperan recibir garantías de EEUU sobre que la extradición de Assange atentaría contra la libertad de prensa, recogida en el artículo 10 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y a la que Reino Unido está suscrita.

Por último, EEUU deberá aportar pruebas sólidas de que Assange no será discriminado por razones de nacionalidad y de que sería sometido a un juicio justo. Según argumentó la defensa, el australiano debería estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión como parte de las libertades individuales del ser humano. Sin embargo, EEUU afirmó que esto podría no aplicársele al periodista debido a que no posee la ciudadanía estadounidense.

Inicialmente, la Justicia británica ha encontrado en estos tres puntos fundamentos legales para que la defensa de Assange recurra su extradición. Tanto estos, como los otros seis descartados definitivamente, ya habían sido rechazados en 2021 por la jueza británica Vanesa Baraister. Lo que la defensa solicitó en la audiencia celebrada el mes pasado fue que se revisara, una última vez, aquella decisión.

Entre los rechazados se pedía tener en cuenta que, de entregarse a Assange, se permitiría a la Justicia estadounidense juzgarle por expresar sus opiniones políticas y exponer la criminalidad de EEUU.

Además, la defensa del periodista argumentó que, de ser extraditado, Assange no sería sometido a un juicio justo teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el espionaje al que él y sus abogados fueron sometidos durante su estancia en la Embajada de Ecuador. Tampoco han tenido en cuenta las evidencias publicadas por Yahoo News en 2017, en la que varios oficiales estadounidenses y un ex agente de contraterrorismo admitieron la existencia de planes para entregar o asesinar a Assange. Los jueces no han visto argumentos de fuerza en ninguno de estos puntos de apelación.

El último cartucho

Este es el último intento de la defensa del periodista de salvar la extradición a EEUU en Reino Unido. La decisión del Alto Tribunal de considerar tres de los nueve puntos de apelación no cambia, por el momento, la difícil situación en la que se encuentra Julian Assange, quien lleva cinco años encerrado en la prisión de máxima seguridad Belmarsh (Londres). Anteriormente, permaneció siete años confinado en la Embajada de Ecuador en Londres, gracias al asilo diplomático que le concedió el expresidente latinoamericano, Rafael Correa, y que después le retiraría en 2019 su sucesor, Lenin Moreno.

Si la Justicia británica finalmente acepta las garantías de EEUU sobre los tres puntos de apelación, al periodista sólo le quedaría solicitar medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de detener la extradición. Sin embargo, a pesar de que Reino Unido es uno de los 46 países adherido al Convenio de Protección de los Derechos Humanos, la defensa del periodista cree que existe riesgo de que eluda su responsabilidad ante Estrasburgo, como ya ha intentado hacer en otras ocasiones.

Sus abogados ya apelaron en esta instancia la decisión de la jueza británica, Vanessa Baraitser, de dar por válidas las justificaciones de la Justicia norteamericana de que velaría por la salud de Assange de ser extraditado. Ante las evidencias del riesgo de suicidio, el argumento humanitario había sido el único de todos los presentados por la defensa que la jueza aceptó y que logró paralizar inicialmente la extradición. Tras la aceptación de las garantías relativas a este argumento presentadas por EEUU en 2022, la extradición fue puesta de nuevo en marcha en un proceso judicial que está a punto de agotar su último estadio.

Mientras tanto, una tercera vía fue planteada la semana pasada por el periódico Wall Street Journal, cuyas informaciones hablaban de la posibilidad de que la Justicia estadounidense esté buscando algún tipo de acuerdo con el periodista para evitar su extradición a cambio de que este admita su culpabilidad. Su defensa ha negado esta hipótesis, y ha asegurado al periódico estadounidense que "EEUU sigue tan firme como siempre en su empeño de lograr la extradición".

Paralelamente, la salud de Julian Assange se ha ido deteriorando considerablemente, a consecuencia de las condiciones de su largo cautiverio. La relatora de la ONU para la tortura, Alice Jill Edwards, alertó del riesgo de tortura y de suicidio que supondría su extradición. Familiares de Assange y organizaciones por la libertad de prensa llevan años advirtiendo de la gravedad que secuelas físicas y psicológicas que el encierro ha dejado en su salud, y temen que su extradición suponga el final del periodista.

Por el momento, la decisión del Alto Tribunal de Reino Unido es una pequeña tregua que, tal vez, podría alumbrar con un poco de esperanza la sombría situación del periodista. Pero no es, ni mucho menos, un punto y final en la lucha por zafarse de la extradición, que amenaza con seguirle hasta el final de sus días.