Lo venía avisando Jair Bolsonaro durante su larga etapa como diputado, lo ha continuado haciendo en su primer año al frente del Ejecutivo –amenaza con revisar algunas demarcaciones indígenas, aunque el Tribunal Supremo ya las declaró derecho adquirido– y las consecuencias son las que desgraciadamente venían anunciando todas las organizaciones sociales: las comunidades indígenas brasileñas han ido perdiendo a líderes comunitarios a ritmo récord en 2019.

Por orden cronológico, han sido asesinados Francisco de Souza Pereira, de 53 años, el 27 de febrero, y Willames Machado Alencar, de 42 años de edad, el 13 de junio, ambos en Manaus (Amazonas); Emyra Waiãpi, de 69 años, el 22 de julio en Pedra Branca do Amapari (Amapá); Carlos Alberto Oliveira de Souza, 44 años, el 6 de agosto, también en la capital del estado de Amazonas, Manaus; Paulo Paulino Guajajara, de 26 años, el 1 de noviembre en Bom Jesus das Selvas (Maranhão); y Firmino Prexede Guajajara, de 45 años, y Raimundo Benício Guajajara, de 38, ambos el pasado 7 de diciembre en Jenipapo dos Vieiras (también estado de Maranhão). 

Completa la macabra lista, al margen de la sección de líderes indígenas, Romildo Martins Ramires, de tan solo 14 años, acribillado a tiros y quemado vivo el 29 de julio en la aldea Nhu Verá (Dourados–Mato Grosso do Sul). Las peores noticias de los últimos once años en un país en el que ser indígena siempre ha sido un riesgo, y en el cual, desde la llegada al poder de la ultraderecha, los pueblos originarios están prácticamente condenados a muerte. 

Son datos aportados por la Comissão Pastoral da Terra, que desde su secretaría nacional ubicada en Goiânia (estado de Goiás) recuerda que el contenido de la tabla divulgada registra valores parciales, al no haber concluido el año, y al no haberse podido analizar al cien por cien todavía la situación en la totalidad de los estados brasileños. Es probable que hasta abril o mayo de 2020 no se conozcan los datos definitivos –centrados exclusivamente en conflictos por la tierra– del año que ahora finaliza.  

A los siete líderes indígenas –el año se documentaron dos asesinatos con estas características– y al niño reflejados en la tabla de víctimas mortales de la Comissão Pastoral da Terra, de hecho, habría que añadir una víctima más, contabilizada en las últimas horas por el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Se trata de Humberto Peixoto, del pueblo Tuiuca, en el estado de Amazonas. Era colaborador de Cáritas Arquidiocesana, y recibió una paliza letal el pasado 2 de diciembre. Le aplastaron el cráneo. Falleció cinco días después. 

Protesta de colectivos indígenas brasileños el pasado mes de abril en Brasília. / JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL.

El conflicto de los pueblos originarios con madereros, o con la minería ilegal, es eterno, agudizado por la presión de las explotaciones agropecuarias. Según el CIMI, los agresores actúan ahora con mayor impunidad, "siguiendo el ejemplo de los discursos racistas y las acciones dictadas por el Gobierno Federal, como el incentivo de las invasiones a las tierras indígenas". 

Tras señalar los objetivos con agresivos mensajes durante tanto tiempo, cuando llega la hora de enterrar los cuerpos, el presidente prefiere ocultarse tras el cargo. No necesita dar la cara para sentenciar a las comunidades indígenas. Solo en casos puntuales, como sucedió en julio tras el asesinato de Emyra Waiãpi, ha llegado a referirse Bolsonaro directamente a lo ocurrido. En este caso, se manifestó para poner en duda el crimen, alegando que hasta aquel instante no existía "ningún indicio fuerte", para acto seguido afirmar que entre sus objetivos está la legalización de todas las extracciones mineras, incluso en reservas indígenas. No procede, en su opinión, tanta tierra y con tanta riqueza virgen para tan poca población indígena. 

Todas las presiones, la violencia verbal y la física y las invasiones de reservas indígenas han colocado a los pueblos originarios brasileños en esta tesitura. La ultraderecha de Jair Bolsonaro, actualmente al frente de las operaciones del Gobierno, ya no precisa las salidas de tono estrambóticas que les auparon en la campaña electoral de 2018: les basta con los movimientos en los pasillos del Congreso Nacional. Allí es donde el presidente lleva todo el año intentando que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el órgano encargado de la delimitación de tierras indígenas, pase a estar controlado por el Ministerio de Agricultura –liderado por la exlíder de la bancada del agronegocio, Tereza Cristina–. El Tribunal Supremo ha frenado, nuevamente, sus intenciones, al menos de momento. 

Paulo Paulino, uno de los líderes indígenas asesinados este año en Brasil. / PATRICK RAYNAUD / APIB.

La responsabilidad de Bolsonaro, mientras tanto, sigue dando vueltas al mundo. Intentando conquistar toda la notoriedad posible, las organizaciones sociales se esfuerzan en propagar la estrategia presidencial más allá de las fronteras brasileñas. Por eso los asesinatos de líderes indígenas han aterrizado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de la mano de La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), y por eso la extrema situación de estudia a menudo en las sesiones periódicamente organizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La disputa por el territorio, ámbito en el que se centra fundamentalmente el trabajo diario de la Comissão Pastoral da Terra, muestra asesinatos también de activistas medioambientales y miembros del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. En las zonas más despobladas de Brasil, las fatalidades, que han estado a la orden del día desde hace décadas, hoy se normalizan y blanquean desde las instituciones en nombre del progreso.