El exministro de Justicia del Gobierno de Brasil, Anderson Torres, se entregará a la Justicia tras recibir este martes una orden de prisión por el intento de golpe del pasado domingo contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Los actos ocurrieron en la capital, Brasilia, y Torres había sido nombrado recientemente secretario de Seguridad del Distrito Federal de la capital. Justo cuando miles de simpatizantes radicales del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento de golpe. Algunos miembros del Gobierno de Lula han atribuido al exministro las movilizaciones producidas y los disturbios. 

El último ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, quien se encuentra actualmente de vacaciones en Estados Unidos, fue destituido ese mismo domingo por el gobernador de la capital, Ibaneis Rocha. "Recibí la noticia de que el magistrado Alexandre de Moraes determinó mi prisión y autorizó el allanamiento en mi residencia. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y volver a Brasil para presentarme ante la Justicia y defenderme", expresó Torres desde su cuenta de Twitter.

"Siempre planeé mis acciones por la ética y por la legalidad. Creo en la Justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá", ha añadido. El asalto a la democracia contra Da Silva ha dejado 1.500 detenidos desde el pasado domingo hasta este lunes y 599 han quedado en libertad este martes por "cuestiones humanitarias". 

De Moraes también ha ordenado el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia, Fábio Augusto Vieira, llevada a cabo este martes. Los vídeos divulgados por la prensa brasileña muestran cómo algunos policías subordinados al despacho de Torres se quedaron mirando cuando los grupos radicales invadían las instalaciones públicas. Sacaron, además, fotos del momento. 

El presidente brasileño ha manifestado por Twitter que investigará quién ha financiado la movilización de bolsonaristas, atribuidas por algunos miembros de su Gobierno a Torres. Unas movilizaciones que provocaron el ingreso de los protestantes en la Cámara de los Diputados y el Senado, e incluso en la sede legislativa. También se enfrentaron a los agentes de seguridad para entrar en la sede del Ejecutivo, el Palacio de Planalto. "No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió. Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en este país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad", ha añadido Da Silva.