Amnistía Internacional ha denunciado este martes el "acoso y arresto" que sufren quienes ayudan a refugiados y migrantes durante su intento de llegar a Europa y el riesgo a ser multados o encarcelados por defender los derechos de los que huyen de sus países buscando una nueva oportunidad.

En el informe Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la fortaleza de Europa, Amnistía expone que en España las autoridades "han usado de manera indebida" normas administrativas para restringir operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.

"En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar", lamenta Amnistía.

Estos hechos no solo afectan a las ONG, sino también a profesores, bomberos, guías de montaña, y toda persona que ofrezca ayuda humanitaria, con multas económicas y penas que pueden ir desde la creación de antecedentes penales hasta la cadena perpetua, añade.

"Las autoridades están haciendo un uso indebido de las leyes contra el contrabando y de las medidas antiterroristas", critica la ONG.

Para la jefa de misión a bordo del barco Open Arms e investigada por rescatar a personas en el Mediterráneo, Anabel Montes, "toda esta situación de criminalización ha experimentado una evolución cronológica".

En la presentación del informe, la activista ha relatado su experiencia personal cuando tras uno de esos rescates en 2018, los "autodenominados guardacostas libios" les amenazaron de muerte si no "devolvían" a las mujeres y niños que habían salvado de morir ahogados en una embarcación a la deriva.

"Cuando llegamos a puerto, nos recibieron con el aviso de que estábamos acusados de ser organización criminal y de favorecer la migración clandestina", ha relatado.

En el mismo acto, Martine Landry, observadora de AI en la frontera franco-italiana, ha argumentado que las devoluciones en caliente implican la "vulneración de protocolos y del derecho internacional", como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Esta activista está siendo juzgada por "un delito de solidaridad" por ayudar a dos menores migrantes perdidos en la frontera entre Francia e Italia. "En Francia han olvidado la fraternidad", ha lamentado Landry.

Amnistía Internacional incluye en este informe una serie de recomendaciones para las autoridades, como la protección de los defensores de derechos humanos, una reforma legislativa sobre el tráfico de personas y garantizar el derecho al asilo.