Más de 5.000 migrantes procedentes de los estados fronterizos de Texas y Arizona han llegado en las últimas semanas a la capital de Estados Unidos, Washington, cuya alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, ha tenido que reclamar esta semana la ayuda de la Guardia Nacional (un cuerpo de militares en la reserva para casos de emergencia), ante la escasez de recursos que empieza a afrontar la ciudad para atenderlos.

Los migrantes llegan en autobuses fletados por los gobiernos republicanos de Texas y Arizona, cuyos gobernadores, defensores de cerrar la frontera a cal y canto, llevan desde abril enviando estos autobuses. Es su modo de presionar a las ciudades progresistas de ambas costas en el norte del país y de protestar contra las políticas migratorias puestas en marchar por el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

"Al principio, llegaban pocos autobuses, apenas uno o dos a la semana y con pocas personas, entre diez y 20, pero últimamente días llegan dos o tres cada día y con 40 o 50 personas, en su mayoría familias procedentes de Cuba, Nicaragua o Venezuela y personas de países africanos, como Angola o el Congo", explica a Público Abel Núñez, portavoz de la organización de ayuda a migrantes CARECEN, con sede en Washington.

A pesar de todo, el Gobierno federal de Joe Biden aún no ha desplegado las tropas en la capital, como le ha pedido la alcaldesa ante la carencia de recursos, sobre todo albergues y personal para atender a los migrantes a su llegada a la capital.

"Washington es un distrito federal así que Bowser", continúa Núñez, "no tiene la potestad de otros gobernadores de convocar la Guardia Nacional, tiene que autorizarlo el gobierno de la nación. Washington no tiene muchos recursos para atender a las personas que están llegando, así que gran parte del trabajo está recayendo en organizaciones como la nuestra y se saca adelante con la ayuda de muchos voluntarios", lamenta Núñez.

Una nueva política migratoria

"Los migrantes que llegan son todos legales", dice Núñez, "debido a una política aplicada por el gobierno de Biden, salen de los controles fronterizos con un documento legal que los autoriza a estar 60 días en el país hasta legalizar su situación, normalmente reuniéndose con otros familiares o amigos. Para ello necesitan referir en la frontera una dirección o un contacto, pero sucede que a veces ese contacto se desentiende o han dado una referencia inventada".

Contra ese documento legal protestan los gobernadores de Texas y Arizona, especialmente el primero. "Esos estados les pagan el billete a los migrantes que, en principio, vienen todos voluntariamente y en hasta en algunos casos les facilitan el viaje porque sus familias están en el norte", explica Núñez, "el problema es que muy pocos tienen a Washington como destino final. La mayoría quiere ir a Nueva York y otras ciudades del norte y otros se montan en el autobús para bajarse a mitad de camino, en ciudades como Atlanta".

"Se trata de personas que llevan un día en el país, no conocen el idioma y son muy vulnerables, muchas veces ocurre que les dicen que hay un bus gratis hacia Washington y se suben, quieren seguir hacia adelante", explica Núñez, que se queja de la mala intención de Texas: "Este estado es de donde vienen más migrantes y no tiene voluntad de coordinarse con Washington. No da información, así que nunca se sabe cuántos autobuses vienen ni cuándo llegarán ni con qué personas".

De este modo, muchos migrantes llegan a la capital y no saben qué hacer ni adónde ir. "Las ciudades son muy duras, ese viaje no acaba cuando se llega a Washington o a Nueva York. Muchos pueden acabar viviendo en la calle o yendo de una ciudad a otra y si en esos 60 días no regularizan su situación, serán deportados", advierte Núñez.

El viaje desde Texas o Arizona dura 36 horas. El billete es gratis, pero apenas les dan algo de comida y agua, y una vez que llegan a Washington, cada uno tiene que buscarse la vida. "Llegan a la estación de tren central [frente al Congreso del país], normalmente a las seis de la mañana o entre las ocho y diez de la noche. Si en ese momento hay recursos asistenciales allí, los podemos atender, pero si no, tienen que desenvolverse ellos mismos en una ciudad y un país que no conocen, sin hablar el idioma y tras un viaje muy largo", dice Núñez. "Tampoco tenemos muchos recursos en el caso de que necesitemos darles alojamiento uno o varios días y por eso hemos tenido que contar con la ayuda de iglesias para alojarlos en algún sitio", añade.

Precisamente, la cadena de televisión NBC, informó el pasado miércoles de que agentes de migración encontraron a 73 migrantes viviendo en casas operadas por contrabandistas de personas en el noroeste de la ciudad.

"Una decisión política para crear caos"

"La decisión del gobernador de Texas de fletar autobuses gratis para los inmigrantes es una decisión política para crear caos y presionar al gobierno federal, pero al final las víctimas son los inmigrantes y quienes tienen que lidiar con ese problema sobre el terreno somos sobre todo las asociaciones, porque las autoridades se están desentendiendo", dice Núñez.

En su petición al gobierno federal para que despliegue la Guardia Nacional en Washington, la alcaldesa de la capital calificó la llegada de migrantes de "crisis humanitaria", que ha alcanzado, dijo, un "punto de inflexión" en los últimos días, pero insistió en que es una crisis que debe ser atendida sobre todo desde el gobierno de la nación, por tratarse de un asunto migratorio y por ser Washington un distrito federal y no un estado: "La crisis migratoria a la que se enfrenta nuestra ciudad y nuestro país debido a las crueles maniobras políticas de los gobernadores de Texas y Arizona debe ser tratada a nivel federal", insistió Bowser en su petición.

La alcaldesa reclamó al Ministerio de Defensa el despliegue de 150 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad para ayudar con los miles de migrantes que llegan en autobuses fletados desde Texas y Arizona. Junto a esto, añadió, la capital "necesita espacio para atenderlos", insistió en su petición.

A primeros de abril, en respuesta al cambio de política migratoria del gobierno de Joe Biden, el gobernador de Texas Greg Abbott prometió una acción drástica y "sin precedentes" contra el gobierno de la nación del Partido Demócrata.

Abbott reveló que su plan consistiría en colocar policías estatales con equipo antidisturbios para recibir a los migrantes en la frontera y llevarlos en autobús directamente a las escaleras del Congreso de Estados Unidos en Washington, donde, señaló a las claras, el gobierno de Biden "podrá atender de forma más inmediata las necesidades de las personas que están permitiendo que crucen nuestra frontera".