Acuerdo político en Chile para redactar una nueva Constitución. Los partidos del país han anunciado el fin de más de tres meses de intensas negociaciones sobre un proceso constituyente que conduzca a la redacción y votación de una Carta Magna que entierre el legado de la dictadura de Augusto Pinochet.

El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, y el de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, han sido los encargados de informar del acuerdo, firmado en la biblioteca del antiguo Congreso de Santiago. "Se inicia un nuevo camino para avanzar en una nueva Constitución nacida en democracia, es una nueva oportunidad para forjar un nuevo futuro para nuestra patria y nuestro pueblo", dijo Elizalde. "Hemos tomado todos los resguardos para no cometer los errores del pasado y para que este proceso funcione bien", añadió Mirosevic.

Las negociaciones se iniciaron tras el rechazo en plebiscito el 4 de septiembre a la propuesta presentada por el proceso constituyente anterior. El diseño del mecanismo para elegir el órgano redactor del texto fue el principal escollo. Con el avance de las conversaciones, las partes han ido acercando posiciones hasta llegar al pacto de este lunes, que pretende cambiar, por fin, la Constitución heredada de la dictadura y reformada parcialmente en democracia.

El acuerdo, del que se han desligado el ultraderechista Partido Republicano y el Partido de la Gente, alineado en la derecha populista, establece que el nuevo órgano redactor, que se llamará Consejo Constitucional, será integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. De acuerdo al pacto, el proceso también contará con la participación vinculante de 24 expertos designados (12 por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado en paridad) que acompañarán el recorrido. "Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum", dice el documento.

Los expertos, "de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica", elaborarán a partir de enero un anteproyecto que será la base de trabajo del órgano redactor, "al estilo de una idea matriz", según establece el pacto. Cuando el órgano redactor, que será paritario y tendrá escaños indígenas aunque no se sabe aún cuántos, tenga lista la propuesta de nueva Constitución, la devolverá a los expertos que iniciarán un proceso de armonización y podrán revisar aspectos de fondo, si así lo consideran.

El último paso será someter el texto resultante a la aprobación de la ciudadanía a través de plebiscito, con voto obligatorio, que se proyecta para el 23 de noviembre de 2023. El pacto también contempla 12 bases del nuevo texto fundamental que incluyen la mención de Chile como un Estado unitario, el Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de los pueblos indígenas y mantener a los órganos autónomos como el Banco Central, entre otros. Al tratarse de una norma que reforma la Constitución actual, el acuerdo tendrá que votarse en forma de proyecto de ley en el Congreso y ser ratificado por 4/7 de los parlamentarios.

Chile retoma la etapa constituyente que se abrió hace tres años, en octubre de 2019, tras la mayor ola de protestas que vivió desde el fin de la dictadura militar de Pinochet. Las movilizaciones empezaron como una demostración contra el alza en el precio del metro y derivaron en un clamor por un modelo económico y social más justo.

Fueron meses de protestas callejeras pacíficas contra el entonces Gobierno de Sebastián Piñera, actos de violencia y dura represión policial que dejaron una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos por parte de la ONU y diversos organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Para encauzar las manifestaciones, los partidos políticos firmaron un acuerdo que incluía la celebración de un plebiscito que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, en el que los chilenos votaron si querían cambiar la actual Constitución, escrita en 1980 por la dictadura y parcialmente reformada en 2005 bajo el presidente socialista Ricardo Lagos. Un 78% de los votantes optó por el sí en una consulta en la que apenas participó el 50% de la población y en la que se decidió, asimismo, que el nuevo texto lo elaborara una convención ad hoc elegida igualmente en las urnas.

Los chilenos volvieron a las urnas en mayo de 2021, todavía en pandemia, para elegir a los 155 integrantes de la Convención que debía ser paritaria y que también debía reservar 17 puestos a los pueblos indígenas, que representan cerca del 13% del pueblo chileno. El resultado de la elección fue una Convención de tendencia progresista y con una mayoría de candidatos independientes. La derecha apenas logró representación.

La Constituyente escribió durante un año el borrador de texto constitucional, pese a las polémicas, el ruido y las críticas de la derecha. El 4 de julio de 2022, el borrador fue entregado al presidente, Gabriel Boric, quien convocó de inmediato el plebiscito de salida, para que la ciudadanía ratificara el texto.

La propuesta enterraba el sistema neoliberal que rige en Chile desde la dictadura y avanzaba hacia un estado social de derecho con una mayor presencia de lo público. Además, fue considerada la Constitución más feminista del mundo y declaraba como pilar el "Estado ecológico", con una decidida apuesta en defensa del medioambiente y la vocación de luchar contra la crisis climática.

Entre otros puntos clave, avanzaba hacia un sistema de salud primaria universal, fortalecía la Educación pública y un sistema de pensiones estatal; incluía la definición de Chile como un Estado plurinacional y reconocía los derechos de los pueblos indígenas; y abogaba por acabar con la privatización de recursos esenciales como el agua. Nada más publicarse los resultados del no en el primer plebiscito, Boric apostó públicamente por iniciar un nuevo proceso constituyente para discutir un nuevo texto que cumpla con el deseo expresado por los ciudadanos en las urnas.