Imagínese que toda la población de Segovia estuviera desaparecida, que las ausencias se hubieran comenzado a notar en 2007 y que todavía hoy toda España aún se preguntara qué está pasando. Esto es la desaparición forzada en México.

Este 26 de septiembre se celebra el quinto aniversario de uno de los casos más representativos de la nueva ola de desapariciones que vive el país desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, en 2006, y que aún sigue sin ninguna condena: el de los 43 estudiantes que iban para maestros de escuelas rurales, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.

"Ayotzinapa [localidad donde estudiaban los jóvenes] es un detonador que recupera la memoria de muchas injusticias que se han cometido en México desde el 68", afirma Óscar Guzmán, vistiendo una cazadora tejana con las letras “Ayotzinapa” bordadas en la espalda, nombre por el que popularmente se conoce el caso en el país.

Este ingeniero agrónomo de 63 años era instructor en la escuela en la que estudiaban los 43 desaparecidos. Hoy forma parte de un campamento instalado en pleno Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, avenida homóloga a la Gran Vía de Madrid, desde diciembre de 2014.

Un entramado de lonas cubre este “plantón”, como ellos lo llaman, en el que se cobijan ocho tiendas de campaña; una sala equipada con un televisor, un ordenador y un altavoz; una biblioteca; una cocina armada con un par de fogones de gas, y un pequeño jardín donde, cuando hace falta, prenden una fogata para preparar brasa. El espacio lo rodean los retratos de los 43 desaparecidos identificados con sus nombres y apellidos, imágenes que ya son parte del imaginario colectivo mexicano.

Lo instalaron más de cien activistas de diferentes organizaciones de la sociedad civil que se solidarizaron con los padres de los desaparecidos. Aprovecharon la conmoción que causó este caso en la comunidad nacional e internacional para convertir a los 43 en representantes de las más de 40.000 personas que hay desaparecidas en el país, según el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno federal, Alejandro Encinas.  

La sombra del Estado

Encinas es el encargado de representar el giro que ha dado el nuevo Gobierno de México para con el caso Ayotzinapa. Él mismo calificó la desaparición forzada de “crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos”, un cambio de postura de 180 grados después de que sexenio tras sexenio, el Estado mexicano se negara a reconocer la existencia de desapariciones masivas en el país.

“Si le debemos a alguien que exista una ley general de desaparición forzada es a los 43 estudiantes”, afirma Adrián Ciriaco, el coordinador de actividades del plantón. El activista de 39 años responde a las preguntas de Público mientras instruye a los miembros del campamento, que van llegando equipados con mochilas para agarrar un autobús nocturno dirección a Iguala. Ahí protestaron, junto con los padres de los 43 el pasado lunes ante el Palacio de Justicia.

Desde la aprobación de esa ley, en 2017, el delito de desaparición forzada sanciona tanto la privación de libertad que cometen servidores públicos como la que cometen particulares con la aquiescencia del Estado. Pero en el caso Ayotzinapa, a ninguno de los 142 detenidos se le imputó este delito, sino que recurrieron a otros ilícitos similares, como el secuestro, que no necesariamente implicaban la responsabilidad de agentes del Estado.

“El Estado mexicano busca diluir responsabilidades”, explica Ciriaco. “En el caso Ayotzinapa, construyó una verdad. Dijeron que fue el crimen organizado, pero todo es una mentira que construyó para diluir la responsabilidad de la policía, del Ejército…”, añade, antes de levantarse para dirigirse a los colegas y pedirles que bajen el volumen del corrido que suena por el altavoz.

El fiscal general del anterior gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto, cerró la investigación sobre el caso afirmando que la policía municipal de Iguala detuvo a los estudiantes a base de disparos cuando salían de la ciudad en varios autobuses, dirección a la capital del país. Los agentes los entregaron a un cártel, Guerreros Unidos, y éste los incineró, guardó las cenizas en bolsas de plástico y las arrojó al río.

La opinión pública, universidades, organizaciones y colectivos que investigaron el caso, como el grupo de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la versión del Gobierno. Pero la “verdad histórica”, como el anterior fiscal bautizó la narrativa oficial de los hechos, se mantuvo hasta hace diez meses.

“En este país de la impunidad nadie comete un delito si no tiene protección del Estado. Sí hay robos y asaltos, claro que sí. Pero en el caso de una privación de la libertad es porque hay aquiescencia del Estado mexicano”, afirma tajante el representante del plantón, quien también tiene amigos desaparecidos. 

Manifestantes con las fotos de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México. REUTERS

Comenzar casi de cero

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desechado la versión oficial del caso Ayot-zinapa y se ha comprometido a descubrir la verdad. El pasado 18 de septiembre, el actual fiscal general de la República acordó con los padres de los 43 que reiniciarían la investigación casi desde cero, porque se mantendrán las pruebas lícitas, es decir, las que no se obtuvieron mediante tortura o de alguna otra forma ilegal.

“Nos encadenamos por 43 horas, hicimos ayunos por 43 horas, hicimos plantón por 27 días… pero [el anterior Gobierno] no nos recibieron”, explica Cristina Bautista, “Doña Cristi”, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, Benjamín Ascencio. “Este Gobierno nos abrió las puertas. Tenemos la fe y la esperanza, pero no tenemos la confianza; la confianza se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones”, concluye esta madre huérfana de hijo, deseosa de que este quinto aniversario sea el último que conmemore por su ausencia.

El zumbido del viendo se añade al de las lonas sueltas que ondean en el aire. Ya oscurece y cada vez se concentran más en el plantón de los 43. Los activistas preparan café mientras esperan; se oyen discusiones que mezclan palabras como “imperio”, “Marx” o “neoliberal”. De fondo, las luces verde y rojo de los semáforos marcan el ritmo de la hora punta y se reflejan en los cristales del edificio donde se ubicaba la fiscalía general de la República, antes llamada Procuraduría, cuando se plantaron las primeras tiendas del campamento.

El Paseo de la Reforma también será este jueves el telón de fondo de la marcha convocada en memoria de los 43 y en la que se volverá a levantar la voz para hacer sonar el lema de las desapariciones forzadas en este país: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Hasta que no se encuentren a los estudiantes con vida, no se desalojará el plantón, afirma Ciriao. En cinco años, el campamento ha sobrevivido a varios intentos de incendio, a los aguaceros de la época de lluvias. “El 19 de septiembre de 2017 nos asustamos porque este edificio se está cayendo”, explica el coordinador del plantón, señalando hacia la antigua torre de la fiscalía. Tras el terremoto de magnitud 7,1 que vivió la ciudad en aquella fecha, la institución tuvo que cambiar de sede por seguridad. La fiscalía se tambaleó, pero el plantón se sostuvo firme.