La Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara, ha suscrito un acuerdo que recorta las competencias exclusivas de su presidente, el socialista Juan Pablo Durán, como consecuencia directa de la polémica contratación a dedo de la empresa donde trabaja su sobrino. Durán ha sido desautorizado por el Ejecutivo de Susana Díaz, muy molesto por la “falta de perspectiva política en este asunto, más allá de que el contrato fuese legal”, y por el hecho de que la polémica estallara el mismo día en que el Parlamento debía aprobar las cuentas autonómicas para 2018, un pacto presupuestario fundamental para el Ejecutivo andaluz.

Con el acuerdo rubricado por todos los grupos políticos presentes en la Mesa, Durán ha quedado desposeído de la potestad que hasta ahora le confería el reglamento de la Cámara para firmar contratos de servicios sin publicidad ni concurso público, una competencia que ostentan prácticamente todos los presidentes de órganos legislativos.

Agobiado y presionado por las críticas de la oposición pero, sobre todo, por el enojo del gabinete de Díaz, el presidente del Parlamento andaluz ha optado por renunciar a las competencias para contratar servicios que le confiere el reglamento de la Cámara, tras el polémico fichaje de la empresa en la que trabaja su sobrino. Hasta el último momento Durán ha defendido que este contrato a dedo era legal.

En efecto, el presidente del Parlamento puede firmar contratos menores de obra o servicio sin publicidad ni concurso público siempre que el coste total no exceda de los 18.000 euros. La oficina de Presidencia de la Cámara usó esta fórmula hace unas semanas para asignar la campaña de promoción del 4-D (lucha por la autonomía andaluza) a una empresa madrileña, El Cañonazo Transmedia, para la que trabaja su sobrino, que también ostenta un cargo en las juventudes del PSOE.

PP y Podemos habían pedido su dimisión, IU le había acusado de “nepotismo chapucero”, Ciudadanos (socio de investidura de Susana Díaz) intentó sin éxito que compareciera en la Cámara para dar explicaciones, y la propia presidenta se mostró molesta por cómo Durán había gestionado esta polémica, que estalló justo el día en el que el Parlamento debía aprobar las cuentas autonómicos para 2018, eclipsando así el gran pacto presupuestario.

Finalmente la presión ha obligado al presidente de la Cámara a asumir responsabilidades políticas y ha comunicado a la Mesa, órgano rector del Parlamento, la renuncia de sus competencias en materia de contratación delegada. La decisión es vinculante desde el mismo momento en que se publica en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA).

Desde el gabinete de Presidencia de la Cámara matizan que ha sido una “decisión personal y no forzada” del presidente, explican que la Mesa delega en Durán la potestad de contratar “por eficacia y por una mayor agilidad”, y que éste puede renunciar a dicha potestad “por voluntad personal” sin necesidad de que el órgano rector de la Cámara lo someta a votación o pueda de algún modo impedírselo. El gabinete de Durán advierte, además, de que la renuncia a estas competencias implicará “una mayor complejidad de trabajo porque ahora tendrá que ser la Mesa quien asuma ese papel”, y varios departamentos tendrán que hacerse cargo de una función que hasta hora dependía sólo de él. “Las reuniones que antes duraban cinco horas ahora pueden durar diez”, afirman.

En realidad la renuncia de Durán devuelve la situación a la normativa anterior a marzo de 2013, cuando era la Mesa del Parlamento el órgano competente para la contratación de servicios. Ese mes se aprobó un acuerdo para delegar dichas facultades al presidente y al letrado mayor de la Cámara.

Para hacer efectiva la renuncia de sus competencias, el presidente del Parlamento andaluz ha llevado al órgano rector (donde están representados todos los grupos) un nuevo acuerdo que deja sin efecto el anterior, “sin perjuicio de la función de representación de la Cámara que le corresponde conforme a lo establecido en el artículo 29.1. del Reglamento del Parlamento de Andalucía”.

La decisión de Durán es un duro golpe político para la institución. No dimite, como exige la oposición, pero pierde sus atribuciones exclusivas en materia de contratación y da oxígeno a quienes le han criticado -incluido en su partido- por no haber sabido diferenciar la repercusión legal (ciertamente nula) de la repercusión política del polémico contrato de la empresa para la que trabaja su sobrino. Su explicación (“nadie pensó que esto sería un problema”) no ha bastado para zanjar el asunto.