En menos de 24 horas, el Ejecutivo de Susana Díaz ha frenado en seco la nueva jornada laboral para los 250.000 empleados andaluces consensuada este lunes con los sindicatos por falta de seguridad jurídica. El Consejo de Gobierno ha echado para atrás el acuerdo firmado este lunes entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos de la función pública para reordenar la jornada laboral en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbó la jornada de 35 horas semanales en Andalucía. 

Estaba previsto -y así lo anunció ayer la consejera de Hacienda, María Jesús Montero- que el Gobierno “ratificase” este martes el acuerdo sindical con forma de decreto, y que éste entrase en vigor “inmediatamente”. Pero no será así. El gabinete jurídico ha mostrado dudas sobre la legalidad de dicho acuerdo al no contemplar mecanismos de control y seguimiento de las horas no presenciales, es decir, las 2,5 horas que los funcionarios podrán pasar en casa formándose o estudiando y que computarán como jornada laboral. La Junta ha aplazado la aprobación de este acuerdo en forma de decreto hasta que Hacienda incluya “un sistema de seguimiento y control” de esas 2,5 horas que los funcionarios tendrán que trabajar desde casa.

El frenazo de la norma, ya anunciada y publicitada por la propia Montero, no ha salido de su departamento, se ha decidido en la reunión de este marts del Consejo de Gobierno tras escuchar a los servicios jurídicos y a la presidenta, según fuentes presentes. De hecho, la propia consejera se ha visto sorprendida por la decisión y los sindicatos que ayer firmaron el acuerdo se han enterado hoy por la prensa de que acaba de ser paralizado.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional obligó a la Junta a restituir el horario de 37,5 horas semanales impuesto por el Gobierno central en 2012 para contener el gasto público. Andalucía había implantado la jornada de 35 horas el pasado 1 de enero (llevaba seis meses en vigor cuando Rajoy interpuso el recurso) después de pactarlo con los sindicatos y de ser aprobado por el Parlamento autonómico sin ningún voto en contra (el PP se adhirió a la medida). Tras ser suspendida por los jueces del TC, el Ejecutivo andaluz acordó con los sindicatos una fórmula "imaginativa" para no tener que trastocar las plantillas de todas las administraciones afectadas y, sobre todo, para no tener que despedir a los 7.000 empleados públicos que se contrataron gracias al excedente de horas que se ganó al pasar de 37,5 a 35 horas.

El método consiste en mantener la jornada de 35 horas de obligada permanencia en los puestos de trabajo y sumar las 2,5 horas restantes como jornada no presencial, es decir, un tiempo en el que los funcionarios estarán en casa, en teoría, para formarse, preparar tareas, especializarse, etc. El problema es que Hacienda renunció a hacer fichar a los funcionarios por esas 2,5 horas. La consejera explicó expresamente el lunes que no sería necesario incluir mecanismos de control horario porque confiaba en el "compromiso" de los empleados públicos y en la supervisión de sus jefes.

Para el Consejo de Gobierno no ha sido suficiente y se ha optado por frenar la medida hasta que se articule un sistema de seguimiento con más garantías. "Entendemos que hay que trabajar con todo el rigor necesario", ha dicho el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco. El Ejecutivo de Díaz, a iniciativa propia, ha remitido el acuerdo sindical firmado ayer al Constitucional para que éste valore si, en efecto, cumple con la sentencia que ha tumbado las 35 horas.

En los próximos días la Consejería de Hacienda debe idear "fórmulas que sirvan para acreditar" el trabajo doméstico de los funcionarios, mecanismos que no serán homogéneos en toda la Administración andaluza, dada la enorme casuística existente (médicos, enfermeros, profesores, administrativos, científicos…). Pese a todo, la Junta no va a implantar ahora “el control horario” sobre esas 2,5 horas no presenciales, sencillamente porque tampoco existe para el resto de la jornada. Se trata más bien de obligar a los funcionarios a dar cuenta de lo que han hecho en ese tiempo fuera de la oficina. La previsión es que el acuerdo regrese y sea aprobado en el próximo Consejo de Gobierno.

El PP califica la fórmula de "chapuza"

La parálisis provisional de la nueva jornada laboral en Andalucía ha sorprendido este martes a muchos funcionarios, periodistas e incluso los sindicatos que firmaron el acuerdo. El plus de garantía legal que exige ahora el gabinete de Díaz tiene mucho que ver con el hecho de que el conflicto catalán ha puesto el foco mediático y político sobre el Tribunal Constitucional, que vela por el cumplimiento de la legalidad. Tras anunciarse ayer el acuerdo, la presidenta andaluza intuyó que la lectura política y mediática del acuerdo daba a entender que Andalucía "burlaba" de alguna manera la sentencia que obliga a reponer las 37,5 horas.

El PP ha calificado la fórmula de "chapuza" y acusó a Díaz de "defender la Constitución con la boca grande" ante el órdago secesionista catalán, "y con la boca chica" cuando se trata de cumplir el fallo contra las 35 horas. La presidenta no quería que esas 2,5 horas de trabajo en casa no se entendieran como "un regalo" a los funcionarios, y ha exigido que la norma tenga más sustento jurídico del que tenía. Así, dicen desde el Gobierno andaluz, se evita cualquier posibilidad de que se presente un nuevo recurso de inconstitucionalidad sobre el acuerdo de la nueva jornada.