El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha rebajado la fianza al hermano de Ignacio González, Pablo González, de 4 millones a 200.000 euros. Los motivos por los que se ha producido esta disminución son: el tiempo transcurrido desde que está en prisión, tres meses desde el 21 de abril, y problemas de salud que ha acreditado con informes médicos.

En un auto, García Castellón estima la petición de rebaja de fianza pedida por González y poyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía tenía en cuenta que se ha acreditado su arraigo familiar y ha disminuido por tanto el riesgo de fuga y también el de destrucción de pruebas.

El juez le sigue imponiendo una fianza de 200.000 euros porque considera que su papel en la trama Lezo es "especialmente relevante". Además, en caso de pagar la fianza y quedar en libertad, decreta como medidas cautelares: comparecencias quincenales en el juzgado y retirada del pasaporte de Pablo González.

Este lunes, su hermano, el expresidente madrileño Ignacio González, solicitó salir de la prisión de Soto del Real (Madrid) a la que fue dirigido junto con Pablo. Alegó un desgaste físico y emocional y sostiene que tampoco hay riesgo de fuga ni de obstrucción de la investigación.

En el caso de Pablo González, según el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, las circunstancias que motivaron su entrada en prisión han variado "sustancialmente", por eso se le concede la rebaja en la fianza.

En primer lugar, el magistrado ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que el 21 de abril ingresase en la cárcel. Desde entonces se han recogido varios elementos de prueba, lo que, según el juez, reduce las posibilidades de que pueda destruir indicios relevantes en la investigación.

Además, en el auto menciona también como "especialmente importante" el hecho de que otro juzgado de la Audiencia Nacional dirija el grueso de la investigación sobre Pablo González, acerca de su actuación como exdirigente de la empresa pública Mercasa. 

Dicha pieza de Mercasa, que ahora instruye el magistrado José de la Mata, es la que, según García Castellón, motivó fundamentalmente su ingreso en prisión. Sobre la misma, después de escuchar su declaración la semana pasada, no acordó ninguna medida contra él, lo que también ha favorecid esta disminución.

En la parte de Lezo que lleva García Castellón únicamente se le investiga por actuaciones presuntamente delictivas relacionadas con la empresa Tecnoconcret y por un delito de blanqueo de capitales, unos hechos que estarían tipificados con penas de prisión más bajas que en el otro caso.

A esto, se añade la enfermedad que padece el hermano de Ignacio González y que ha acreditado mediante informes médicos.

No ha sido esta la primera vez que Pablo González solicitaba una rebaja de la fianza. En la última ocasión la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo desestimó al considerarla "prematura".

Desde que llegó al juzgado de instrucción número 6 Manuel García Castellón en sustitución de Eloy Velasco, el juez rebajó la fianza, no solo a Pablo González, también a la ex directora financiera del Canal de Isabel II, María Antonia Richmond. Su fianza quedó en 100.000 euros después de que declarase.

De esta manera, en el caso de que Pablo González quede en libertad, de la operación Lezo solo permanecerían en prisión su hermano Ignacio y el hombre fuerte de este último en Latinoamérica, Edmundo Rogríguez.