Fueron días, quizás semanas, pero tienen que haber parecido años. O siglos. Entre el 16 de octubre de 1983 y un día aún sin determinar de aquel otoño, los jóvenes vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala permanecieron encerrados en el sótano de un señorial palacio de Donostia. Allí sufrieron las salvajes torturas del denominado GAL verde, un grupo afiliado al terrorismo de estado que hacía alusión al color del uniforme que usaban sus miembros más destacados: los guardias civiles Enrique Dorado, Felipe Bayo, Ángel Vaquero y Enrique Rodríguez Galindo.

Nada del GAL verde, ni del GAL a secas, fue casual. A Lasa y Zabala los secuestraron en Baiona (País Vasco francés) y trasladaron a este lado de la “muga” (frontera) porque les presuponían militantes de ETA. Primero pasaron por el cuartel de Intxaurrondo y seguido los trasladaron a La Cumbre. Ahí entra en juego, precisamente, la otra alma del GAL verde: Julen Elgorriaga, dirigente del PSOE y gobernador civil durante aquel otoño de 1983.

Según se desprende de un informe enviado esta semana por el Gobierno de Mariano Rajoy al senador de EH Bildu Jon Inarritu, La Cumbre era en ese momento la residencia oficial de Elgorriaga. En concreto, el Ejecutivo asegura que “el edificio ha sido utilizado como residencia de autoridades oficiales desde 1979”. “En concreto, desde ese año, de los sucesivos gobernadores civiles y desde 1997 hasta la fecha de los Subdelegados del Gobierno en Gipuzkoa”, especifica.

Respuesta del Gobierno sobre el Palacio La Cumbre.

Hasta ahora, la hipótesis principal señalaba que el edificio, por entonces perteneciente al ministerio del Interior, carecía en octubre de 1983 de un uso oficial concreto. Sin embargo, el documento enviado por el gobierno al senador abertzale sitúa la vivienda como residencia del entonces gobernador civil.

A finales de abril de 2000, Elgorriaga fue condenado por la Audiencia Nacional a 71 años de cárcel por el secuestro y desaparición de Lasa y Zabala. En la sentencia, los jueces señalaron que el Gobernador Civil había proporcionado La Cumbre como lugar idóneo para trasladar a ambos jóvenes. Los magistrados señalan que ese palacio era “propiedad del Estado”, estaba en situación de “semiabandono” y se encontraba “a disposición del Gobierno Civil”. “Esa villa, sita en el Alto de Aldapeta de San Sebastián, consistía en un edificio rodeado de un jardín, con piscina y pista de tenis y era utilizada esporádicamente por miembros de las fuerzas policiales para guardar motocicletas y perros o incluso para jugar al tenis”, describían.

También fueron condenados por estos mismos hechos los guardias civiles Galindo, Vaquero, Bayo y Dorado. Todos ellos quedaron en libertad tras pasar unas temporadas en prisión que en ningún caso excedieron los seis años. En el caso concreto de Elgorriaga, sólo estuvo en la cárcel un año y nueve meses. Su salida se produjo por motivos de salud.

No hay libro de registro

Esta respuesta del gobierno del PP a Inarritu llega tras el artículo de Público del pasado 18 de enero de 2018. En aquel texto, este periódico informó –citando fuentes oficiales- que el palacio donde torturaron a Lasa y Zabala era utilizado en la actualidad como residencia de autoridades. En concreto, allí vive el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, José Luis Herrador Gutiérrez. Además, el edificio es utilizado como alojamiento por los ministros en sus visitas a Donostia.

Tras conocer estos datos, el senador de EH Bildu cursó una pregunta escrita al gobierno. En ese sentido, solicitó información sobre la “lista de personas que han pernoctado en La Cumbre durante los últimos 40 años, especificando fechas”. Sobre este punto, el Ejecutivo señala que “en dicha residencia han pernoctado diversas autoridades de paso en la ciudad”, pero no dice cuáles ni cuándo. “No existe un libro de registro que recoja todos los movimientos que se han producido, por lo que no se pueden facilitar esos datos”, asegura.

Del mismo modo, el gobierno niega que se hayan denegado visitas a este palacio, aunque también aclara que no existe “obligación legal” de permitirlas. Destaca además que tampoco tiene por qué autorizar la grabación de películas en su interior. Se refiere así a lo ocurrido por el cineasta Pablo Malo, director del film Lasa y Zabala, quien en 2014 no consiguió los permisos necesarios para grabar algunas escenas dentro de La Cumbre. El misterio en torno a este lugar siniestro continúa presente.