La lucha contra las fake news, hoy por hoy, es un espejismo en el Congreso de los Diputados. Pese a que no hay ninguna iniciativa efectiva contra los bulos en la red y las noticias falsas en la Cámara Baja, este asunto se ha convertido recientemente en uno de los argumentos favoritos de enfrentamiento entre grupos parlamentarios.

La última polémica llega de la mano de una enmienda socialista que, entre otras, proponen introducir una simple medida de apoyo a la autorregulación de redes sociales y plataformas en la futura Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), para que los usuarios puedan eliminar bulos a petición propia.

Esa enmienda, en su artículo 13, propone medidas contra los bulos. “Nada tiene nada que ver con acotar el tema de las fake news, entendidas como proceso generalizado de desinformación social” apunta a este diario el diputado del Grupo Socialista Artemi Rallo, ex director de la Agencia de Protección de Datos y responsable de la propuesta.

El texto completo, que consta de 15 artículos, incluye un amplio abanico de propuestas que van desde el derecho a la desconexión digital hasta el reconocimiento de la neutralidad de la red, pasando por la protección online a la infancia o el acceso universal a internet.

“Hemos intentado ser prudentes en el caso de los bulos, en el sentido de que nos hemos quedado en impulsar técnicas autorregulatorias para redes sociales y plataformas”, explica Rallo. Es decir, lo que propone el grupo socialista no prevé medidas concretas para la eliminación de bulos en redes sociales por la vía judicial, ni mucho menos por la vía administrativa: simplemente insta a las plataformas a contar con herramientas para que los usuarios perjudicados por alguna información no veraz puedan pedir su eliminación. Nada novedoso, dado que prácticamente todas las plataformas de redes sociales ofrecen esta posibilidad.

“No hay una habilitación a las plataformas para que eliminen contenidos, porque habría riesgo de censura previa”, aclara el diputado, que puntualiza: “Estamos hablando aquí del bulo doméstico, de la mentira que sufre un anónimo que no tiene que soportar eso”.

Pese a que el texto, efectivamente, poco tiene que ver con la lucha contra las llamadas fake news, la reacción del PP no se hizo esperar. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Teodoro García Egea, comentó el jueves que la idea de incluir la medida propuesta en la nueva LOPD "es un despropósito”, y señaló que el PSOE "tuvo una magnífica oportunidad de aclarar su posición al respecto de la lucha contra las injerencias en procesos democráticos en España" con la propuesta del PP "sobre la lucha contra la desinformación en procesos democráticos", informa Europa Press.

Esa propuesta de los conservadores, tumbada con los votos en contra de PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas, era simplemente una proposición no de ley, que en la práctica tiene prácticamente ningún valor más allá de reflejar la opinión de la Cámara (carecen de efectos jurídicos, como sostiene el Tribunal Constitucional), a pesar de que, en teoría, encierra un mandato al Ejecutivo.

Mucho ruido, pocas nueces

Hasta ahora, el debate en torno a la posible regulación de los bulos en internet produce mucho más ruido que resultados claros. Recientemente, en un foro de la entidad pública Red.es sobre el asunto de las noticias falsas (bajo el título El fenómeno de la desinformación en la era digital), representantes de los principales partidos mostraban una disparidad de posturas y puntos de vista.

No existen de momento estudios serios que muestren de forma clara los efectos de las noticias falsas. El propio Artemi Rallo, a preguntas de Público, reconoce que “estudios no hay, aunque es evidente que hay una percepción social que se identifica con esta problemática”.

Una percepción ha sido utilizada de forma recurrente y que incluso ha llegado a poner en evidencia las diferencias de puntos de vista en el seno del Ejecutivo: mientras la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha llegado a sugerir medidas de control político de la información (una postura que roza la censura), la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuesta por la “educación” para distinguir los bulos.

En cualquier caso, Artemi Rallo, que es además catedrático de Constitucional y reconocido experto en materia de protección de datos, concluye que, de la enmienda presentada por el PSOE a la Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo sobre la autorregulación contra los bulos es, para él, “el menos relevante de la propuesta, en entidad e interés”.

“Al final, de lo que habla esta propuesta es de los bulos en el ámbito doméstico”, insiste el diputado, que añade: “Esto no tiene nada que ver con la lucha contra la intención de mutar la democracia a través de técnicas de desinformación”, asuntos que, a su juicio, “no deben mezclarse”.