El Gobierno va a destinar 40 millones de euros a las comunidades autónomas que, voluntariamente, decidan acoger de forma solidaria a menores extranjeros no acompañados (MENAS) procedentes de otras regiones y a aquellas que hayan registrado un aumento en sus territorios durante este año.

Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprobar, en el plazo de seis semanas, un real decreto para la mejora y la atención solidaria de los menores extranjeros no acompañados, tal y como ha trasladado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a los representantes autonómicos.

El Ministerio de Sanidad ha acogido esta mañana la reunión de la Mesa de Coordinación Interautonómica sobre menas, en la que también han participado representantes de la Fiscalía de Extranjeros, de otros cinco ministerios y del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.

La medida del Gobierno se trata, tal y como ha afirmado Montón, de una "iniciativa excepcional" que tendrá una vigencia de 6 meses y que responde a razones de interés público, social y humanitario, "debido al incremento del número de llegadas de los últimos meses".

El real decreto que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros establecerá las normas reguladoras para la concesión directa de estas ayudas para mejorar la atención que reciben los menores tutelados por las distintas comunidades autónomas, y la distribución de fondos se hará en función del incremento de los menores atendidos por cada una de ellas desde diciembre de 2017.

Será, no obstante, una medida de carácter voluntario y contará con la autorización del Ejecutivo, que velará por que se cumplan los requisitos de calidad en la prestación de estos servicios.

Las comunidades tendrán un plazo de 15 días para presentarse y, una vez cerrada la acogida solidaria entre las regiones y fijado el número de menores por cada autonomía, se procederá al reparto de los fondos que se realizará mediante un anticipo de crédito, que después cada comunidad tendrá que justificar.

"La idea está sobre la mesa y ahora tenemos un trabajo muy intenso de 15 días, en los cuales voluntariamente las comunidades tienen que decir si son solidarias en esta atención que queremos dar de calidad a los niños y adolescentes" extranjeros, ha indicado la ministra.

Preguntada por la propuesta del Gobierno ceutí, cuyo portavoz, Jacob Hachuel (PP) pidió ayer que estos niños no acompañados regresen a su país de origen, porque "los menores, donde mejor están, es en su entorno familiar", Montón ha asegurado que nadie ha planteado esa propuesta en la reunión.

Por el contrario, la ministra ha confiado en que las comunidades "entiendan la necesidad de solidaridad que tenemos con los mena", que, según los datos disponibles, en España ascienden a unos 10.000.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María Sánchez Rubio, ha asegurado que su comunidad, que es la que mayor número de menas tutela (4.098), "nunca jamás va a dejar de atender" a menores extranjeros no acompañados y ha dicho que en el reagrupamiento familiar debe primar siempre el interés del menor.

Cree que la propuesta de Andalucía sobre el reagrupamiento familiar de los menores "se está tergiversando" y ha precisado que lo que pone sobre la mesa su comunidad es la existencia de casos "en los que es preciso saber cuál es la realidad porque tenemos que proteger a los menores".

Antes de la reunión, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha reiterado el ofrecimiento de su comunidad de acoger a "entre 18 y 20" menores y ha reclamado que se establezca "un protocolo serio" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que determine cómo debe hacerse esa acogida.

Madrid ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una política "seria" y más medios económicos para que las regiones puedan atenderlos, ya que en el caso de Madrid este servicio está "al límite".

Canarias, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo que impulse nuevas formas de acogimiento para los mena, como las familias de acogida, y ha urgido a eliminar la presión de las comunidades receptoras.

Mientras, el País Vasco ha solicitado una mayor corresponsabilidad entre las comunidades autónomas para el reparto de estos menores y ha recordado que Euskadi acoge a 700 niños y niñas.