Los vecinos de Cella (Teruel) decidirán en una consulta popular autorizada por el Gobierno si El Prado, una finca municipal de 800 hectáreas en la que más de 300 familias cultivan tierras arrendadas al ayuntamiento, debe o no convertirse en una Zepa (Zona Especial de Protección de Aves) vinculada a la recuperada laguna de El Cañizar, que se ha convertido en los últimos años en un punto de parada de los pájaros migratorios en sus rutas otoñales y primaverales entre África y el norte de Europa.

La consulta, autorizada por el Consejo de Ministros, se celebrará el domingo 22 de abril, víspera de la fiesta de la comunidad y de la principal romería del pueblo, tras una campaña de información de diez días (del 11 al 20) y una jornada de reflexión.

Los vecinos inscritos en el censo, 2.280 en las últimas municipales, deberán responder a esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el ayuntamiento solicite reactivar la declaración de la finca municipal El Prado como Zepa?” Sin embargo, no podrán responder a la otra cuestión que el consistorio pretendía consultarles, relativa a si debía realizar alguna “promoción de la laguna del Cañizar”. El Gobierno central la ha vetado argumentando que la promoción turística no es una competencia municipal, aunque sí lo es en Aragón.

“Propusimos dos preguntas por si nos tumbaban alguna, pero pensábamos que, en todo caso, era más fácil que vetaran la que han autorizado, ya que la declaración de zonas protegidas es una competencia autonómica” en la que interviene la UE, explica el alcalde, Joaquín Clemente (PSOE). Ha sido, en todo caso, la única que ha superado el filtro estatal y el autonómico; este último, después de recurrir el veto inicial del Gobierno de Aragón a las dos cuestiones.

Toros, balnearios, romerías y recalificaciones

Ninguno de los dos ejecutivos, uno controlado por el PP y otro por el PSOE, se muestra partidario de las consultas populares, uno de los escasos instrumentos de democracia directa que contempla la legislación española.

El primero ha vetado, entre otras, las promovidas en Donostia y en Ciempozuelos sobre la organización de corridas de toros y festejos taurinos o la planteada en Tenerife para decidir si la gestión de un balneario tinerfeño debía ser pública o privada. Por el contrario, sí ha autorizado otras sobre el cambio de fecha de una romería, la calificación urbanística de un terreno e, incluso, sobre qué nombre debe relevar al de un general franquista en Quartell (Valencia).

En Cella, tanto la pregunta autorizada como la vetada afectan a la economía local. “No es habitual someter las cosas a consulta popular, pero se trata de dos cuestiones polémicas y la opinión de los vecinos debe ser escuchada”, explica Clemente, que recuerda que su partido incluyó ambas en su programa de gobierno.

La iniciativa salió adelante con los votos de los socialistas (5) y los populares (4, uno de ellos Carmen Pobo, presidenta provincial de los conservadores durante nueve años, hasta mediados de 2017) y la oposición del Par (1) y de Ganar Cella (1), donde confluyen IU y Los Verdes. “El equipo de gobierno no tiene una opinión clara, y tampoco el PP, mientras el Par está en contra de las dos propuestas y Ganar a favor”, explica el alcalde.

Combinar turismo, agricultura y medio ambiente

La promoción de la laguna, un humedal situado entre Cella y Villarquemado que en el siglo XVIII llegó a ocupar más de once kilómetros cuadrados y en el que han sido censadas aves de dos centenares de especies, supone una apuesta por el turismo ornitológico, que cada año atrae a miles de personas en áreas cercanas como Gallocanta.

Reactivar la calificación de la finca municipal como Zepa, un proceso cuyos trámites aceptó suspender la comunidad autónoma el pasado verano a la espera del resultado del referéndum, también afecta a la economía local, ya que, mientras la laguna recuperada ocupa una parte de la finca y en otra cultiva chopos el ayuntamiento, el resto está distribuido en 350 parcelas que el consistorio arrienda a bajo precio a vecinos con casa y residencia en el pueblo, como medio para fijar pobladores en el territorio en una provincia con una densidad demográfica similar a la de Laponia.

“Una Zepa incluye beneficios para los agricultores a través de la PAC (Política Agraria Común), pero también conlleva obligaciones medioambientales”, señala Clemente, que insiste en que “en el pueblo hay opiniones distintas, y por eso tienen que ser oídas”.

Recuperar un humedal tres siglos después

La laguna permaneció seca desde la tercera década del siglo XVIII, cuando sus aguas fueron drenadas para dirigirlas hacia la Acequia Madre, un colector artificial popularmente conocido como río Cella que riega tierras de siete pueblos de la zona.

El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) iniciaron a mediados de la década pasada los trabajos de recuperación, que hoy afectan a más de 500 hectáreas, la mayor parte de ellas inundables, y que han incluido la concertación con los regantes y con organizaciones ecologistas como SEO-Birdlife. Ese proceso resultó polémico y provocó tensiones en la zona, que es lo que el Ayuntamiento de Cella pretende evitar con la consulta popular.

El humedal, uno de los de mayor extensión de España, comenzó a llenarse en 2008, justo cuando finalizaba el anterior episodio de sequía de la cuenca del Ebro, de la que forma parte. Unos años después, la lámina de agua llegaba a superar las 300 hectáreas, lo que atrajo a aves amenazadas como el avetoro, la avutarda, la garcilla cangrejera y el milano real y a mamíferos como el corzo, la garduña, la gineta y la nutria, además de consolidar media docena de especies de anfibios y al menos una endémica de peces como la bermejuela.

La sequía de los tres últimos años ha reducido la superficie inundada a unas diez hectáreas y las especies de aves a 27 (eran más de 50 en 2014), aunque de ellas solo el ánade real es acuático, según el recuento efectuado a finales de enero por SEO-Birdlife.