Con los votos favorables de Barcelona en Comú y PSC (partidos que forman parte del gobierno municipal) y ERC, el pleno del Ayuntamiento de la capital catalana aprobó el pasado 23 de diciembre el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat). La segunda regulación, que sustituye al texto del año 2017, incorpora la figura de los Hogares Compartidos, que permite alquilar una habitación por un período inferior a 31 días siempre que se renuncie a la licencia de vivienda turística.

A pesar de este paso adelante, que prohíbe el alquiler de habitaciones turísticas y establece el centro de la ciudad como una zona de decrecimiento, todavía queda por establecer una ordenanza que regule este ámbito, en la que los socios del consistorio no se han puesto de acuerdo. Pese a que la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, define el Peuat como una "herramienta imprescindible para detener el crecimiento, que hará pasar a la historia la barra libre en el sector turístico", algunas entidades vecinales y expertos en urbanismo discrepan de esta visión por las dificultades que comporta controlar el cumplimiento de la normativa, especialmente en el ámbito de los instrumentos de inspección para frenar la especulación.

Las disensiones también proceden de los partidos de la oposición municipal, que han votado en contra. El grupo municipal de ERC, el único que lo ha hecho a favor, quiere que cada paso que se dé en la regulación de las viviendas turísticas sea firme. Por su parte, el concejal de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Martí lamenta "el divorcio entre los socios de gobierno" y se muestra partidario de regular en vez de prohibir. Tanto Cs como el PP consideran que el nuevo Peuat perjudica a la recuperación económica y mantiene un espíritu regresivo.

En una primera valoración de la iniciativa, la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), una de las entidades que más ha luchado contra el crecimiento desmesurado de la actividad en Barcelona, cree que "se trata de un planteamiento necesario para contener los graves impactos sociales y ambientales que comporta el turismo, pero insuficiente para acometer el camino del decrecimiento turístico que necesita la ciudad".

La ABDT rechaza la calificación de hogares compartidos, argumentado que son un nuevo paso en "el proceso de precarización del acceso a la vivienda que castiga a las capas ya más precarias, como las personas y familias que tienen por casa una habitación realquilada, que se encontrarían compitiendo con el alquiler a turistas".

El blanqueo de la vivienda turística

El miembro de la ABDT Dani Pardo admite que el nuevo Peuat queda lejos de los objetivos marcados por las entidades vecinales y sociales, pero sobre todo critica que "la Generalitat blanquee la vivienda turística como si fuera Airbnb, favoreciendo una regulación abierta que liberaliza el sector y traspasa la responsabilidad a los ayuntamientos". Pardo advierte de los intereses que pueden esconderse tras la figura de los hogares compartidos. "La poca capacidad inspectora, unida a las dificultades burocráticas y administrativas en las tareas de control, pueden servir de tapadera para la especulación turística".

Aunque, según cree Pardo, la percepción social del alquiler turístico se ha vuelto más crítica en los últimos años, el miembro de la ABDT alerta sobre las campañas de publicidad que "crean un discurso de marketing que utiliza el estereotipo de abuela que no llega a fin de mes para justificar la decisión de poner una habitación para alquilar". Pardo ve detrás de estos movimientos a grandes propietarios y agentes inmobiliarios que "intentan regularizar una actividad de la que casi nunca se benefician las rentas más bajas de la población".

En una línea similar, el antropólogo y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) José Mansilla valora el nuevo Peuat como "un instrumento valiente y una buena herramienta para controlar los intereses de los hoteleros", pero al mismo tiempo reclama medidas de control y un plan más ambicioso para garantizar que se cumpla con la normativa. El experto contradice a Janet Sanz, afirmando que la barra libre en el sector turístico de Barcelona todavía no ha terminado, pero se están dando pasos en la buena dirección, como declarar la zona 2, que corresponde al centro de la ciudad, como área de decrecimiento.

Mansilla aboga por implantar instrumentos de inspección en los supuestos hogares compartidos como los que hacen que las empresas reciban visitas aleatorias para comprobar que cumplen la normativa en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Impacto desigual en los hoteles

El Peuat también permitirá a los hoteles del centro de Barcelona mantener el número de habitaciones si se reforman, aunque amplía las zonas donde no se podrán abrir nuevos establecimientos. En este sentido, en la zona norte del 22@, una de las principales áreas de desarrollo de la ciudad actualmente, no podrán levantarse más hoteles. El 22@ pasará a considerarse zona 2 y, por tanto, no se podrá abrir inaugurar ningún establecimiento a menos que se cierre otro.

El primer Peuat se aprobó a principios del 2017, después de la moratoria hotelera que decretó Ada Colau al llegar al Ayuntamiento de Barcelona dos años antes. La normativa frenó algunos megaproyectos previstos, como la torre Deutsche Bank, que debía ubicarse en la confluencia entre Avinguda Diagonal con Passeig de Gràcia o la Torre Glòries, donde la multinacional norteamericana Hyatt planteaba abrir un hotel de lujo.

Una vez conseguida la limitación de la expansión hotelera, las entidades vecinales reivindican extremar la vigilancia en las residencias universitarias, donde aseguran que conviven estudiantes y turistas sin control alguno. Las tachan de "colador de las habitaciones turísticas". A pesar de valorar positivamente el veto a la construcción de más hoteles en la zona del 22@, estas organizaciones piden extender la iniciativa a toda la ciudad, ya que consideran que no es necesario incrementar las plazas de alojamiento de la capital.