La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que le informe de las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.

En un escrito remitido este martes a la Fiscalía, Delgado señala que en los últimos meses los medios de comunicación han difundido numerosas informaciones sobre supuestas agresiones cometidas en instituciones que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y “a la protección de los victimarios". Esas informaciones periodísticas, destaca, han generado "una importante alarma social" y "una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno”.

La petición de datos, explica Justicia, se enmarca en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que se "informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".

Delgado recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, con el objetivo de otorgar una mayor protección frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional.

Entre otros asuntos, se modifica el régimen de prescripción de las agresiones y los abusos sexuales a menores, para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18, como ocurre ahora.

Según explica Delgado, ese cambio es necesario por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad" de los menores que sufren los abusos, "que perduran durante gran parte de su vida adulta”.

El objetivo es garantizar que la víctima alcance la "suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”.