A pesar de que los niños, niñas y adolescentes están amparados por el Código Penal y por otras leyes como la Ley de Protección Jurídica del Menor, hasta la fecha no existía una ley en España que proteja a los menores frente a la violencia. ¿Llegamos tarde?

Nunca es tarde para proteger a la infancia y a la adolescencia. Para mi el mayor maltrato ha sido el olvido porque es verdad que hasta ahora, el amparo legal y la protección a la infancia y adolescencia ha sido insuficiente, y de ahí la necesidad de aprobar una ley que a mi me parece urgente que se tramite cuanto antes. Nos dota de un marco estatal que nos permite de alguna manera reforzar todos los mecanismos de participación, protección, perspectiva de género y, sobre todo, lo que nos da es un enfoque integral para abordar un problema que es multidimensional.

Esta ley, cuando llegó al Congreso, arrastraba muchas críticas por parte de asociaciones y partidos políticos por la falta de perspectiva de género y de enfoque de infancia. Tras su paso por la ponencia y la comisión, reconocen que se ha mejorado bastante. ¿Está contenta con la ley?

Estoy satisfecha porque es el resultado de un trabajo colectivo con las organizaciones de infancia y con los grupos parlamentarios. Esta ley ha sido muy dialogada, muy participada y se han incorporado aportaciones de personas expertas, organizaciones especializadas en este ámbito y creo que las mejoras que hemos hecho en la ponencia, tanto los mecanismos de participación como de protección y en la perspectiva de género, hacen que el texto original haya mejorado sustancialmente.

¿Cuáles son los principales elementos que se han incluido en el ley? ¿Cómo se ha mejorado?

Uno de los aspectos que destacaría es la prohibición del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Esto es un tema que invalidaba el testimonio de los niños y niñas en procedimientos judiciales con la excusa de que había una interferencia adulta. Su prohibición es un gran avance. Se va a reforzar muchísimo el derecho a ser escuchado.

La eliminación del SAP es un paso importante que podría impedir, en cierta medida, la violencia institucional sobre los menores y mujeres víctimas de violencia machista. Sin embargo, hay organizaciones que declaran que la redacción de la enmienda, que además se ha transaccionado, es "insuficiente". ¿Qué opina? ¿Cree que, tal y como queda reflejado en la ley, se erradique su uso?

Yo creo que sí. La redacción que hemos conseguido, insisto, ha sido fruto de un trabajo colectivo de escucha a las organizaciones de infancia y del asesoramiento jurídico de personas expertas. Si bien es verdad que está habiendo críticas que desconocía (pensaba que en este tema había un consenso), las vamos a escuchar. Si nos estamos equivocando tenemos que saberlo, pero la información que tengo es que todo el mundo estaba recibiendo bien esta propuesta y que técnicamente está bien redactado.

Concretamente, algunas de estas entidades afean que no se hayan establecido "responsabilidades criminales y civiles por el incumplimiento de la prohibición de su uso". ¿Cómo se impedirá que se aplique? ¿Se podrá hacer un seguimiento?

En el momento en el que se prohíbe hay una capacidad para denunciar ese incumplimiento. Si está contemplado en la ley, cualquier persona tiene capacidad para denunciarlo. 

El artículo 39 establece que el personal de los servicios sociales, "en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad". ¿Esto significa que se le dará más poder a los servicios sociales?

Es un tema que desde las organizaciones de infancia se está poniendo mucho el foco y que nosotros compartimos ese planteamiento de que puede generar un desequilibrio entre los técnicos de servicios sociales y las familias. Por eso, Unidas Podemos votó a favor de la enmienda de EH Bildu en la que se proponía suprimir esa condición de agente de autoridad.

¿Cree que esto podría facilitar la aplicación del SAP de forma encubierta?

Creo que no porque no está relacionado directamente. El Síndrome de Alienación Parental es algo que desde los organismos judiciales pueden alegar para invalidar el testimonio de un menor, no lo invalida un técnico de servicios sociales. 

Hay otras propuestas que no han salido adelante por el rechazo del PSOE, como es la medida que evitaría los desahucios a familias con menores a cargo. Teniendo en cuenta que el texto se aprueba este jueves, ¿cree que todavía hay margen para poder incluir la enmienda transaccional sobre este asunto?

Yo no pierdo la esperanza. Es una enmienda que tiene mucho sentido que esté en esta ley. El PSOE nos dice que se compromete a meterla en la ley de vivienda, pero nos parece que tiene sentido meterla en esta y no esperar más. Una de las cosas que proponemos es que, aparte de priorizar las soluciones habitaciones a las familias con menores a cargo, el juez haga un juicio de proporcionalidad antes de autorizar un lanzamiento.

¿Cree que finalmente se incluirá en la futura ley estatal de vivienda?

Vamos a llegar a un acuerdo en eso. El PSOE tiene mucho interés en parar los desahucios a las familias con menores. No entendería que se negaran a eso. Ni yo ni nadie. 

En cualquier caso, considera que con el redactado actual que hace referencia a este punto ("las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros sea una persona menor de edad"), ¿podría ayudar a frenar estas situaciones hasta que se alcance un acuerdo para la ley de vivienda?

Creo que sí porque es un mandato de Naciones Unidas. Nuestro ordenamiento jurídico prevé que tengamos que cumplir con los tratados internacionales y estos dicen perfectamente que, hasta que no haya una alternativa habitacional, no se puede proceder a un desahucio. Lo que se pone de relieve es que se prioricen a las familias con menores, con lo cual sí se debería proteger. El artículo se pone ahí por algo, no es baladí. Lo que queremos es reforzarlo para no dejar flecos sueltos. 

Sobre la prohibición de la entrada de los menores a los toros, tampoco ha podido ser, ya que el PSOE también se ha posicionado en contra. ¿Llegará el día en que esta prohibición sea una realidad?

Llegaremos a un acuerdo cuando al PSOE esté dispuesto a cumplir con las recomendaciones que nos hace el Comité de los Derechos del Niño. No es una enmienda que nos hayamos inventado nosotros, sino una recomendación de un organismo internacional. A nosotros nos parece que hay otros grupos que han firmado una enmienda transaccional sobre esto, como el BNG, el Grupo Plural y ERC, que están de acuerdo con esto. EH Bildu también ha votado a favor... con lo cual, dentro de la izquierda hay un consenso sobre este tema que está costando bastante materializarlo. Y ya no solo es que sea una cuestión de izquierdas o de derechas, pues cualquier persona entiende que en un espectáculo taurino hay sangre y ya no sólo el animal, es que puede acabar en la muerte de una persona o en una herida grave, algo que es muy violento para un menor de edad. Estamos trasladando un consenso social al consenso político y hay grupos que están atrasando ese avance.

La norma se ha reforzado también en aras de reconocer la violencia digital. En plena era de las redes sociales y teniendo en cuenta el uso que lo menores y adolescentes hacen de estas aplicaciones, ¿cómo se les protegerá en el ámbito digital sobre esa violencia?

Hay una cuestión fundamental y es que en esta ley se establece el deber de comunicar cualquier situación de violencia a la infancia por parte de toda la ciudadanía y, especialmente, de los colectivos profesionales. Esto incluye denunciar los contenidos en internet que puedan ser constitutivos de delitos de violencia contra la infancia. Hay una responsabilidad muy clara que corresponde a toda la ciudadanía para denunciar este tipo de contenidos. 

En cuanto a los casos de abusos a menores, la ley ampliará el plazo de prescripción de estos delitos a 35 años, además de establecer que haya una sola declaración hasta los 14 años. ¿Cómo valora la actuación que se ha hecho por parte del sistema hasta ahora? ¿Y cómo cambiará con esta ley?

Por los testimonios que hemos escuchado de familias y de las organizaciones especializadas en la infancia, el sistema ha fallado y ha dejado desprotegida a muchísima gente. El hecho de que una persona que haya sufrido violencia sexual siendo menor, y el delito empieza a prescribir cuando se cumplen los 18 años, hace que muchas veces el delito haya prescrito cuando esa persona se decide a denunciar. Lo hemos ampliado a 35 años y es un gran avance, pues hace prácticamente imprescriptible los delitos graves contra la infancia. 

¿Creen que no debería de haber ningún límite para la prescripción de este delito?

Aumentándolo hasta 35 años se hace prácticamente imprescriptible porque los delitos graves pueden variar entre 10 y 15 años. La persona podría tener 40 o 45 años cuando denuncie y todavía no habría prescrito el delito, con lo cual, nos parece suficiente. 

¿Cree que en el Senado se incorporarán más enmiendas?

Probablemente haya senadores que encuentren propuestas para mejorar la ley. Sólo espero que, si tienen críticas, por lo menos hagan propuestas. No por sacarla con urgencia que, insisto, se tiene que hacer con urgencia, la ley tiene que quedar coja de algo. El Senado es una cámara de segunda revisión y tiene que hacer ese trabajo. Si consideran que tienen que hacer alguna mejora, pues la harán. Si no, mejor porque se tramitará más rápido y eso significaría que quedan pocos flecos sueltos. 

¿Para cuándo esperan que la ley entre en vigor entonces?

Espero que cuanto antes. La aprobamos en el Pleno este jueves y ya pasa al Senado. Serán los senadores, en función de las propuestas que hagan o si les convence el texto que se mande desde aquí, los que dilatarán más o menos los plazos. Confiamos en que esté lista en pocos meses.