En el pleno del miércoles, el vicepresidente Iglesias negó ante el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián que el Gobierno tenga un afán recentralizador, ¿aprecia usted riesgo de recentralización? ¿Se está contando con las comunidades autónomas como se debe ?

Es verdad que en un momento de pandemia tiene que haber una mayor coordinación entre las comunidades autónomas, bajo un mando único. Es un momento de mucha excepcionalidad y esto puede evitar que entren en competición entre ellas, que actúen de forma descoordinada o en direcciones contrarias. Tiene que haber una cierta coordinación centralizada.

Eso no quiere decir que se haya alterado el sistema de competencias en ningún momento, siguen teniendo sus competencias intactas. En Sanidad, por ejemplo, han tenido un papel clave, por ejemplo en la gestión de las residencias de mayores. También creo que las comunidades autónomas, que se han hecho cargo de la emergencia sanitaria, deben tener un papel muy importante en el momento de la reconstrucción, tienen que ser otro actor importante. Uno son los actores sociales, otro los municipios, y el tercer actor son las comunidades autónomas.

Creo que cualquier pacto de reconstrucción tendría que pasar por dar más dinero a las comunidades. Primero, para ayudarles a pagar la factura sanitaria, pero después necesitarán más recursos para poder afrontar el futuro garantizando que nadie quede atrás. De la comisión de reconstrucción tendría que salir un acuerdo para un nuevo modelo de financiación, y es verdad que la cuestión territorial tendría que seguir estando presente. Hemos entrado en esta crisis sin haber resuelto muchos de los grandes problemas que teníamos como sociedad, y el legado que recibimos de la derecha sigue ahí: un modelo productivo intensivo en sectores extractivos, una desigualdad galopante, y la cuestión territorial sigue sobre la mesa. No ha desaparecido.

A cuenta, del modelo territorial, el Gobierno de Catalunya ha sido uno de los más críticos con la gestión del Ejecutivo. Esta semana, el Govern de JxCat y ERC ha llegado a afirmar que "no habría habido tantos muertos e infectados si Catalunya fuese un estado independiente". ¿Qué lee usted en estas declaraciones? ¿Tienen algo que ver con que Torra ya había anunciado elecciones antes de la pandemia?

Levantar fronteras y banderas no es una fórmula para parar el virus. Creo que aquellos que quieren encerrarse detrás de una frontera, sea regional o nacional, y creen que el egoísmo les va a proteger, se equivocan. Me parece peligroso politizar los muertos, como están haciendo determinados sectores del independentismo, que quieren polarizar en términos identitarios. En términos de Catalunya respecto a España. Así como la derecha polariza en el eje izquierda-derecha, el independentismo quiere superar esos ejes ideológicos, trascenderlos, y catalizar el enfado; el malestar; la desafección; la rabia o el dolor ajeno, hacia la pertenencia al Estado. Como elemento de confrontación con el Estado, con España. Me parece peligroso porque tiene que ver con esa idea de 'nosotros solos lo haremos mejor'.

Lo vimos en 2008. En los momentos de crisis hay tres salidas alternativas: La de quienes defienden que quienes más tienen deben repartir con el resto, la del 15-M. Está la salida de la extrema derecha, a la que se suma muchas veces la derecha, que pasa por reclamar que se vayan quienes sobran. Después hay una tercera salida, de los que defienden el ‘'nos vamos nosotros', la salida del Brexit. En la actual situación se está volviendo a repetir el mismo esquema. Vemos cómo hay quien piensa que hay que señalar a quien más tiene, la opción del reparto equitativo que rompe los dogmas neoliberales. La siguiente es la que apunta a los enemigos externos, los diferentes; los más débiles, los independentistas, o hasta a China, como hace Donald Trump. Y luego está la salida de quienes quieren abandonar la casa común y gestionar la propia, la pulsión de muchos países del norte respecto al sur.

Pero no son solo determinados sectores del independentismo. Esto lo dice la portavoz del Govern, Meritxell Budó, pero un reciente artículo de Oriol Junqueras en 'La Vanguardia' apunta en esa dirección."El Estado español no nos sirve, no es útil a los ciudadanos de Catalunya. Necesitamos urgentemente un Estado propio capaz de lindar con valentía las reformas que hacen falta por el mundo que viene"... ¿Esto es buscar votos en la pandemia?

Se podrían decir muchas cosas sobre la gestión de la pandemia por parte de la Generalitat, por ejemplo en lo que respecta a las residencias de mayores, o a las contradicciones en su discurso. Del hecho de que pidieran el confinamiento total y luego una medida incompatible como permitir que las personas mayores salgan a la calle acompañadas por sus hijos. Yo no quiero entrar en valorar todo eso, ya habrá tiempo, pero sí quiero valorar cómo formulan las críticas. Criticar al Gobierno es legítimo, creo que se tendría que hacer con mayor cuidado, con mayor lealtad, pero bienvenidas sean las críticas. El problema es con qué relato se conectan esas críticas. Esa idea de España como lastre, España ineficaz, lenta, burocrática. Es la misma idea que intentan colocar los partidos de derechas en Holanda o Alemania respecto a los países del sur.

Más allá de eso, me parece que conectar el malestar territorial que existía antes con el malestar generado durante la pandemia es muy peligroso. La pandemia no puede ser la continuación por otros medios de la lucha independentista, y lo está siendo. Hay una obsesión por destruir la credibilidad del Gobierno, por vincularlo con el tema de fondo de que no es problema del Gobierno, sino que el problema es España. Es como si los partidos del independentismo procesista, que se habían quedado desnortados en cuanto a la hoja de ruta, ahora hubieran visto en la pandemia la posibilidad de articular un discurso de ‘nosotros solos’, ‘nosotros somos mejores y saldríamos antes de esta pandemia’. Me preocupa que lo haga ERC. Es importante que Rufián defienda la fraternidad entre los pueblos en el Congreso, pero el problema es que el día después su partido levanta la bandera del sectarismo, la bandera de ‘nosotros solos’.

Esto lo ha escrito el máximo dirigente de su partido, y la frase anterior es del Govern del que forma parte ERC.

Sabrià [Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlament] y Junqueras. Por un lado tenemos a Rufián diciendo que esto no va de fronteras, pero a su vez otros dirigentes parecen alimentar ese discurso de ‘España nos infecta o nos mata’. Es un poco contradictorio. Me quedo con el discurso de Rufián, me gustaría que ese fuera el discurso de ERC en Catalunya para los días de pandemia que aún tenemos por delante.

Antes de la pandemia, uno de los temas estrella de la legislatura era la reforma del delito de sedición en el Código Penal. En Unidas Podemos barajaban distintas fórmulas, ¿han llegado a decidirse por alguna? ¿Han seguido trabajando en esta reforma?

Algunos debates han quedado en suspenso. La capacidad legislativa del Congreso está limitada en estos momentos a la lucha contra la pandemia. Otras cuestiones centrales que afectan a la reforma del Código Penal, como es este caso, han quedado en segundo plano.

Después de la reanudación de actividades en el Congreso, los españoles se han acostumbrado a ver el hemiciclo semivacío, con apenas unas decenas de diputados. ¿En qué han trabajado los parlamentarios estas semanas de confinamiento? ¿Hay menos trabajo? 

Trabajamos en comisiones, en la elaboración de proposiciones de ley y no de ley (PLs y PNLs), en el diseño de los escenarios de futuro. Se han tomado diferentes iniciativas legislativas en estas semanas. La Mesa del Congreso está funcionando, el Congreso también, y llegan muchas propuestas de diferentes grupos. Las debatimos, tomamos posición y nos llegan también las cuestiones del Gobierno. Yo participo de las reuniones del grupo confederal con los ministros, y también en las de seguimiento del acuerdo del pacto de gobierno con el PSOE. La actividad es más o menos la misma, quizás un poco mayor, porque la situación de la pandemia y el estado de alarma hacen que constantemente tengamos que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, sobre todo el Gobierno.

Los tiempos políticos en esta era de pandemia son más veloces, todo caduca más rápidamente y eso exige estar más alerta, con los reflejos más activos, en un contexto donde a todos nos hace mella la tensión, el estrés emocional de la pandemia. No sólo en términos personales, de amigos que están enfermos o incluso gente conocida que ha muerto, sino en términos colectivos. Es seguramente el momento más decisivo de esta era, y lo que está pasando nos está transformando como individuos y como sociedad. Transciende a cada uno de nosotros, nos interpela de una forma dura.

¿Qué ha pasado con la reforma del Reglamento propuesta por Unidas Podemos a principios de abril para que pudieran desempeñar todas sus tareas de forma telemática? ¿Ha habido avances? ¿Está preparado el Congreso para algo así?

No, la verdad es que no. Nosotros hicimos una propuesta para poder adaptarlo a estos nuevos tiempos, pero los tiempos legislativos son muy lentos. Estos cambios requieren de unos trámites que no están preparados para responder al ritmo de la pandemia. Va a una velocidad superior a nuestra capacidad para comprenderla y para reaccionar frente a ella, nos lleva ventaja en ese sentido. El mundo del cual venimos no estaba preparado, tenemos que irlo preparando.

Los diputados de Unidas Podemos que no residen en Madrid no han estado presentes en los plenos. ¿Cuándo volverán al Congreso?

En el primer momento decidimos, en coherencia con lo que estábamos pidiendo al conjunto de la ciudadanía, que no íbamos a desplazarnos a Madrid aquellos que residimos fuera. Le estábamos diciendo a la gente que se tenía que quedar en casa, en la retaguardia, para que quienes están en primera línea puedan seguir luchando contra el virus. Nos parecía incongruente no hacer lo mismo. Ahora que estamos entrando en una fase de flexibilización del confinamiento nos estamos planteando revisar eso, pero sin ir en masa, sólo las personas que sean necesarias. De hecho ya están empezando a acudir a las comparecencias de los ministros, pero siempre garantizando que sea un número reducido de personas, también para proteger a los trabajadores y trabajadoras del Congreso.

Se ha criticado al Gobierno por su falta de diálogo ¿Qué canales abiertos de diálogo con el Congreso hay hoy? ¿Con qué frecuencia conversan?

Al inicio la relación con el Gobierno fue difícil. Supongo que fue fruto de las prisas, del desborde de la situación, de que había que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. No había casi tiempo para someterlas a deliberación, con el riesgo de cometer errores, porque en ese contexto es imposible no cometer errores. A medida que se ha empezado a asentar la situación los canales de comunicación más formales se han podido volver a restablecer. El Gobierno estaba empezando a andar, nosotros no hemos tenido los famosos 100 días de gracia por el impacto de la pandemia. Llevábamos solo dos reuniones de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición antes de la pandemia, algunos estábamos empezando a conocernos. Ahora el contacto es más fluido.

Aludía a los escenarios de futuro en los que ya están trabajando. ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Se están previendo escenarios con la vista puesta en tres meses, seis, finales de año? ¿Cómo se está abordando?

Ha habido una primera fase de contención, donde se trataba de parar la expansión de la pandemia, de bajar la curva y de dar protección a los más vulnerables. Cuando se empieza a relajar el confinamiento, la cuarentena más estricta, hay voluntad de entrar en la fase de reactivación, de evitar que la interrupción de las actividades económicas tenga un efecto permanente en el tejido productivo, y por tanto de evitar los cierres de empresas, los despidos. A medida que se vayan relajando esas condiciones vamos a entrar en una etapa posterior.. No hay una previsión exacta, es muy difícil adelantar acontecimientos con este virus, pero creo que la tercera etapa, de reconstrucción económica y social, llegará cuando se levanten por completo las restricciones.

Ya no estaremos en estado de alarma, y el objetivo será doblegar la curva de recesión, sin dejar a nadie atrás. Creo que en ese momento se abrirá un debate que ya empieza a abordarse, es evidente que tendremos que afrontar grandes debates. Tendremos que tomar lecciones de todo lo que ha pasado. Creo que la pandemia, como gran fenómeno excepcional que es, muestra los aspectos críticos de la anterior normalidad. La excepción siempre muestra cómo es la normalidad, y la idea es no volver a la normalidad anterior, no regresar a aquello que habíamos normalizado, lo que nos ha llevado hasta aquí.

Hay que tener muy presente que la pandemia no es un fenómeno aislado sin historia, sin contexto social, cultural o político. Al final aprenderemos a vivir con este virus, como hemos aprendido a hacerlo con otros más letales, pero habrá un antes y un después, porque el mundo del que venimos no volverá a ser igual. De las muchas lecciones que habrá que tomar, una es que igual podemos vivir más despacio, contaminando menos, dejando de ser nosotros un virus para el planeta y para nosotros mismos.

Podemos aprender que la receta es cooperar más y competir menos, que hay que abordar todo lo que nos ha pasado en clave comunitaria, también lo que toca a la Sanidad. España llega a esta crisis tras los recortes en Sanidad, siendo el cuarto país de la OCDE que más ha recortado en Sanidad en década, solo por detrás de Grecia, Islandia y Portugal, según la OCDE. La pandemia se ha extendido en un tejido en el que la Sanidad se ha visto diezmada, y los ataques al Estado del bienestar de entonces representan hoy una debilidad estructural. No es casualidad que los países que han aplicado más políticas de austeridad, los que tienen menos gasto social o sanitario, sean los que tienen unos sistemas de prevención y curación más precario. Se pone en juego el Estado social que teníamos. Se pone en evidencia que donde estamos, y las dificultades que tenemos para responder a esta pandemia, tienen mucho que ver con la forma en la que resolvimos la crisis de 2008.

Se ha criticado al Gobierno por la ausencia de protección de los sanitarios, el elevadísimo número de muertos, la gestión de las residencias de mayores o la tardanza en reaccionar, además de por los errores de comunicación reconocidos por el vicepresidente de Derechos Sociales. ¿Qué errores reconoce en esta gestión?

Es evidente que no estábamos preparados para una pandemia de estas características, y menos con esa velocidad de propagación. La hemos subestimado, pero no sólo nos pasa a nosotros. En general ha habido un sesgo cognitivo, que tiene que ver también con cómo interpretaban los científicos, la OMS, la naturaleza de esta pandemia, cuando se asumió que era algo parecido a una gripe, por ejemplo. Quizás hay un sesgo cognitivo que tiene que ver con el hecho de que China se veía como algo muy lejano, y pensábamos que no nos impactaría de la misma forma.

Lo cierto es que no tomamos precauciones viendo lo que estaba sucediendo en China, y creo que eso es una primera cura de humildad que hay que hacer. También es verdad que le toca hacer esa cura de humildad a todos los gobiernos autonómicos, que tampoco supieron ver la gravedad de lo que les venía, ni los otros gobiernos europeos. Parafraseando a Mario Benedetti, cuando teníamos todas las respuestas el virus nos cambió las preguntas. Ha actuado a una velocidad enorme, y en ese contexto tan difícil, con tantas incertidumbres, es imposible no equivocarse, salvo que uno sea un superhéroe de ficción.

Y hay otro elemento: Las catástrofes como esta ponen en evidencia la debilidad de la memoria. Había estudios científicos de EEUU y otros países que ya avisaban de que algo así podía pasar. Tenemos que tomar lecciones para que no vuelva a pasar, porque esos elementos estaban, pero no los tuvimos en consideración. Y lo que hace aquí la oposición es funcionar con cierto sesgo retrospectivo: critican a partir del conocimiento que tenemos hoy las decisiones que se tomaron ayer, con un conocimiento que no teníamos en ese momento. Ellos reinventan su posición, sobreestiman sus habilidades y, a posteriori, dicen cosas que no habían dicho previamente. Decían lo contrario.

La Asamblea de Vistalegre del partido ultraderechista Vox. Finalmente estos pactos de reconstrucción que defiende el Gobierno se tratarán en la comisión parlamentaria a la que aludía, como reclamaba el PP. ¿Tienen una propuesta cerrada sobre qué debe debatir este espacio, sobre sus prioridades? ¿Cómo ve a esa oposición que se reinventa? Hemos escuchado sus discursos en el Parlamento, el tono y el fondo.

Para alcanzar un nuevo acuerdo social hay que escuchar a quienes no defendieron los recortes, más que a los que recortaron y privatizaron la sanidad, los que despidieron médicos o eliminaron camas de hospital. Creo que debemos priorizar el entendimiento con los que tenemos más puntos de acuerdo sobre qué ha pasado. Es obvio que el diagnóstico no es el mismo que el de aquellos que tienen un determinado proyecto político, o que han defendido una determinada concepción de los servicios públicos. Creo que debemos salir con un compromiso unánime de que no haya nunca más recortes. Y hay que hablar con los agentes sociales y sindicales, ellos deben ser los que nos marquen el rumbo de esa España post-covid, esto debe ser clave. Más allá del nombre del acuerdo, o del lugar desde el que se diseñe, me parece importante que se incorpore a la sociedad civil, a las organizaciones sindicales y movimientos sociales, que no se haga un pacto de espaldas a ellos, desde arriba, encerrados en el Congreso. En ese sentido la comisión puede ser un lugar para que la mayoría parlamentaria, la mayoría de la moción de censura, pueda hacer valer su posición común.

Pedro Sánchez y el resto del Ejecutivo han insistido mucho en la importancia de que el PP se siente a hablar. Esta misma semana Pablo Casado ha vuelto a acusar al Gobierno de mentir con las cifras de muertos, la ultraderecha ha seguido subiendo el tomo... Sin contar con Vox, y con estos mimbres ¿Ve viable alcanzar un acuerdo con el PP? ¿Quiere un acuerdo el Partido Popular?

No, no lo veo. En todo caso, ningún contrato social puede empezar y acabar sólo en una comisión parlamentaria fruto de un acuerdo con el PP. Es una idea central, tiene que ir mucho más allá e implicar a otros actores. La derecha me parece poco creíble, no digo ya la extrema derecha, que ya se ha autoexcluido. Al menos, en ese sentido ha sido más sincera, más coherente con su posición. La posición de la derecha es contradictoria, la voluntad de llegar a acuerdos no parece creíble teniendo en cuenta su actitud tan desleal.

Y han hecho como si ellos no tuvieran que ver con la gestión de esta crisis, aunque gobiernan en varias comunidades y hemos visto qué han hecho allí. No quiero entrar a valorar la gestión de la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia, pero es obvio. Los mismos errores que indican que ha cometido el Gobierno, o más, los habrían cometido ellos desde esas comunidades.

Se hablado mucho de los bulos, la ultraderecha ha hecho campaña para revestir de libertad de expresión e información la difusión de mentiras, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Suponen este riesgo? ¿Cómo se ha llegado a este punto?

Me parece un punto clave. Creo que a la crisis sanitaria y económica se le ha sumado la crisis vírica de la desinformación. La desinformación es precisamente el mejor amigo del virus, y no solo afecta a la salud pública, sino también a la democracia. El periodismo crítico fortalece la democracia, pero las fake news la destruyen. Es grave que se usara un lapsus grave, que se convirtiera en palanca para construir el bulo de que se querían perseguir opiniones discordantes con el Gobierno. Y que precisamente hablaran de golpe de Estado quienes no han condenado los golpes de estado reales, no los imaginarios, quienes han espiado a sus rivales políticos y han fabricado información falsa, o han destruido pruebas en el pasado.

En su libro La peste, Albert Camus hablaba de que las epidemias morales son peores que las epidemias biológicas. La derecha parece estar en guerra con la verdad, sobre todo la extrema derecha, y con la derecha haciendo seguidismo, replicando los bulos que construye de forma industrial. Cuando no paras de decir mentiras el concepto de verdad desaparece, y la verdad, si es importante siempre, en un contexto como este lo es todavía más. La gente tiene derecho a tener información veraz. La libertad de expresión ampara opiniones subjetivas, críticas, pero no el derecho a mentir. El derecho a mentir afecta al derecho a tener la información veraz, y por tanto a la libertad de opinión, al núcleo central de una democracia.

¿Se debería hacer algo más contra esto desde el Gobierno?

Siempre es mejor no legislar en caliente, pero una democracia que se enfrenta a una crisis sanitaria de estas dimensiones debe disponer de mejores instrumentos para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía ante su propagación. Por eso hay un debate abierto en círculos jurídicos, y en el Gobierno. Ahora mismo no hay una norma específica, pero sí existen diversos tipos penales útiles contra ellos como el de calumnias o la simulación de peligros que nosotros -como Unidas Podemos- hemos utilizado para perseguir presuntas organizaciones criminales que han difundido falsas noticias para causar alarma social.

¿Dónde cree que se nota la mano y la influencia de Unidas Podemos en la gestión de esta crisis?

Creo que todo el mundo sabe que, si Unidas Podemos no estuviera en el Gobierno, muy difícilmente habría un ingreso mínimo vital. Difícilmente el domingo los menores podrían salir a la calle, seguramente seguirían confinados. Nuestra presencia en el Gobierno es la garantía de que no se van a aplicar las recetas de la crisis del 2008, cuando se rescató a los bancos. Ahora se están movilizando cantidades ingentes de recursos para rescatar a las familias. Mientras antes se destruía el empleo o se aprobaba la reforma laboral, ahora se prohíben los despidos y se protege a la clase trabajadora con subsidios y ERTE. En buena medida, y no sólo, evidentemente, tiene que ver con nosotros. Con nosotros y con el acuerdo al que llegamos con el PSOE. De hecho, muchas de las cosas que están en el acuerdo son ahora más urgentes que nunca, como pasa con el ingreso mínimo vital, que ya está a la vuelta de la esquina.

“La cárcel es un espacio hostil y deshumanizado. Allí dentro se pierde la intimidad, la luz solar, la ternura de quien se ama”. Es un mensaje publicado en su Twitter a raíz de la emisión de un programa de Jordi Évole, en febrero. Hoy [el jueves] se ha conocido que Soto del Real ha reconocido la semilibertad a Rodrigo Rato, ¿qué hay que hacer con las personas que están en régimen de semilibertad? Es muy complicado evitar el riesgo de contagio en una cárcel.

Es verdad que la crisis sanitaria también afecta a las cárceles españolas, y a pesar de la privación de libertad la población carcelaria no está a salvo. La prueba más clara son los fallecimientos a causa del virus que ya se han producido. La obligada convivencia en común en los centros de privación de libertad, cárceles y CIEs, -por eso se tomaron las medidas que se tomaron con los CIEs-, hace difícil o imposible cumplir con muchas de las exigencias higiénicas o sanitarias adoptadas en el marco del estado de alarma. ¿Cómo se puede evitar el contacto en un comedor social? ¿En celdas en las que hay varios internos, como ocurre en muchos centros penitenciarios? Creo que hay que hacer caso a la OMS; al Consejo de Europa; a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En sus recomendaciones, Bachelet ha pedido que se evite la saturación en las cárceles, que se reduzca el número de reclusos en pleno contagio. Estos organismos lo han señalado por cuestión de salud pública, pero también hay que tener en cuenta las cuestiones de tratamiento. La cárcel obedece a unos objetivos de tratamiento, y ahora muchos de esos tratamientos se han roto. Creo que deberíamos tender al confinamiento domiciliario para todos los condenados que estén en régimen de semilibertad, y eso supone hacerlo con los que están en tercer grado, como ya se hizo, pero también con los que están en segundo grado. No es muy coherente dejarles ir a trabajar y que después vuelvan a la prisión, con el riesgo de que contagien a otros internos. Es mejor que se queden en casa confinados y con medidas de control, y que no estén entrando y saliendo de la cárcel.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido en tromba a criticar las palabras de Pablo Iglesias, a raíz de que expresara públicamente su confianza en el recurso que Isa Serra presentará próximamente contra su condena por parte del TSJM. Cuando el PP criticaba la sentencia de Gürtel o al magistrado Ricardo de Prada no hubo tanto alboroto...

Y eso lo hace una cúpula judicial con el mandato caducado, y por tanto con un grado de ilegitimidad muy grande. Confunde la independencia judicial con un privilegio corporativo para blindarse al escrutinio público. La independencia judicial te blinda de recibir órdenes de otros poderes que interfieran en tus trabajos, pero tú puedes criticar a los jueces. Interpretan la independencia judicial como un privilegio de casta, y hacen comunicados como no hacían en el pasado, cuando era la derecha quien los criticaba. Es un comunicado de parte, de una persona como Lesmes [Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo], con un largo currículum de vinculación al Partido Popular. Es un político que está haciendo de juez.

¿Qué piensa de la sentencia que condena a Serra a 19 meses de cárcel?

Creo que el problema de fondo es el plus de credibilidad que se suele dar a algunos testimonios policiales. A priori, la palabra de un policía vale lo mismo que la del resto de ciudadanos, pero en la práctica muchas veces se acaba imponiendo un principio de veracidad en relación a esos testimonios propio del ámbito administrativo, pero que no puede influir en el penal. Y ahí acaban influyendo muchas veces los prejuicios o los sesgos ideológicos de quien juzga.

Cuando juzgaron a Esperanza Aguirre por darse a la fuga, y pese a que los policías afirmaron que se fugó, los tribunales dieron más valor a la palabra de la política que a la de los agentes de tráfico. En cambio, cuando se trata de activistas se invierte a veces el sentido de la presunción de inocencia, y no es la primera vez que hay acusaciones policiales que, en ocasiones, parecen montajes de este tipo. Lo hubo con los diputados en la protesta de los trabajadores de Alcoa, que quedó en nada, se vio que era un montaje.

Creo que en este caso el tribunal no ha manejado la variable del error. Puede ser que los policías no digan la verdad, pero prefiero pensar que se equivocaron a la hora de identificar a Isa. La identificación se hizo 19 días después, a través de una fotografía, no se hizo in situ. Y en este desahucio hubo un grupo muy numeroso de personas en movimiento, un contexto en el que es muy fácil equivocarse, ocurre con frecuencia.

Si la hubieran detenido en ese momento sería diferente, pero al reconocerla después la memoria es falible, y creo que el tribunal no lo ha tenido en cuenta. Dice que por el hecho de ser funcionarios no duda de que dicen la verdad, y eso es una opción. Es posible que no hayan ido con intención de no decir la verdad, pero perfectamente podría ser que se hubieran confundido. Y no son testigos imparciales, hubo un conflicto. Creo que esto pone en evidencia que la infalibilidad del poder judicial es un espejismo. Los jueces se equivocan, y se puede opinar sobre ello.