La Unión Europea retirará del mercado 28.550 toneladas de fruta de hueso española (melocotón, principalmente) para transformarlas en zumo y distribuir el líquido entre organizaciones humanitarias con el fin de paliar los efectos que el veto ruso a estos productos está provocando, por cuarto año consecutivo en el sector agropecuario.

La medida tiene un doble objetivo. Por un lado, aliviar las maltrechas rentas de los agricultores que cultivan esos perecederos productos, que se deterioran si no se consumen en unas semanas. Y, por otro, obtener un segundo rendimiento social para el dinero público que se destina a la intervención.

Las 30.000 toneladas son el triple de lo previsto inicialmente por la Administración (9.000 más un aumento de 19.550 tras las movilizaciones), aunque las organizaciones agrarias reclaman que la retirada de excedentes siga aumentando, al menos, hasta las 40.000.

De hecho, Bruselas ya ha anunciado que el 40% de las solicitudes que han presentado los agricultores y las cooperativas no serán atendidas por exceder el cupo. Son 13.300 toneladas de 32.850, lo que sitúa las peticiones en el entorno de las reivindicaciones.

Vender por debajo de costes

“Cooperativas y almacenes no aceptan más fruta y la que sale lo hace sin precio”, lo que supone que están vendiendo la producción “a pérdidas”, por debajo de los costes, denuncia COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), que reclama un plan de emergencia para “garantizar el futuro de los productores de fruta de hueso”.

El origen de la crisis, especialmente intensa en Aragón y Catalunya (antes lo fue en Murcia), escenario de protestas y tractoradas en las últimas semanas al no encontrar las explotaciones familiares canales de salida para su producción, se remonta a 2014. Comenzó cuando el Kremlin centró en el sector agroalimentario europeo sus represalias comerciales ante las sanciones que las potencias occidentales, principalmente EEUU y la UE, impusieron en 2014 a la Federación Rusa por su injerencia en Crimea y sus tensiones territoriales con Ucrania.

Eso, que no dejaba de ser una respuesta política a una iniciativa política, aunque con consecuencias comerciales en ambos casos, hizo que los productores españoles de fruta de hueso perdieran un mercado que anualmente consumía 80.000 toneladas. Y que no van a recuperar, ya que los distribuidores rusos han abierto nuevos canales de importación desde Turquía (con algunas tensiones), Uzbekistán y Kazajistán.

Combinación de factores

La UE, en una operación que gestionan el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, paga la fruta intervenida a 26,8 céntimos el kilo, por debajo de los 45 a los que industriales y distribuidores se los compraban a las cooperativas y los agricultores al principio del verano, pero por encima de los 20 de las últimas semanas y muy por encima de los tres que, con suerte, recibirán los productores de las, como poco, 50.000 toneladas de fruta de hueso que este año se quedarán sin destino.

“El veto ruso fue el detonante, pero la causa de la crisis está también en el crecimiento que ha tenido el sector frutero en toda Europa siguiendo las directrices de Bruselas, que nos decía que creciéramos y nos concentráramos, explica David Borda, responsable del sector de la fruta de COAG. “Para ir bien, habría que producir entre un 20% y un 30% menos, ya que hay un excedente de 80.000 toneladas –añade-. Hemos de producir menos y comercializar mejor”.

La producción anual de fruta de hueso en España ronda el medio millón de toneladas, más del 70% de la cual se destina a la exportación, y solo en las cámaras de las cooperativas de Aragón y Catalunya había almacenadas más de 85.000 sin perspectiva de venta antes de la intervención.

Los consumidores pagan en las tiendas hasta ocho veces lo que cobra un agricultor por la misma pieza de fruta.

Un proceso de latifundismo mercantil

En este sentido, apunta a varios factores que dificultan reducir esa producción. Uno, de tipo práctico, consiste en las elevadas inversiones en vegetales, infraestructuras y tecnología que requieren las plantaciones, que obligan a endeudarse al agricultor, y que las pone en marcha para explotarlas, y amortizarlas, en periodos de entre 10 y 15 años. “Es cautivo de la propiedad”, señala, ya que las alternativas serían abandonar la explotación y cambiar de oficio, por un lado, o, por otro, arrancarla para dedicarla a cultivos de ciclo corto, como hortalizas, cereales o forrajes. “Sin ayudas públicas es inviable una reconversión”, apunta.

Otro, coyuntural pero que lleva camino de convertirse en estructural, pone en riesgo la propia viabilidad del modelo de explotaciones familiares, no solo en el sector de la fruta, sino en general. Se trata de la compra y explotación de grandes superficies de terreno, de cientos de hectáreas, por fondos de inversión y grandes empresas, un proceso de latifundismo mercantil sobre el que llevan tiempo alertando entidades como la Fundación Mundubat y medios como Soberanía Alimentaria.

“Da igual que abandonen diez explotaciones familiares de 50 hectáreas, si luego uno solo de estos fondos, que invierten en el campo porque han dejado de ser rentables otros sectores como la construcción, pone en marcha una de 500”, explica Borda, para quien “esto no es una reconversión, es una extinción”.

Menos agricultores, la misma superficie

Algunos datos corroboran la tesis de Borda. En nueve años, entre junio de 2008 y el mismo mes de 2017, la cifra de autónomos y empresarios del sector agrario se ha reducido en 162.600 (de 724.400 a 561.800, según la Encuesta de Población Activa, más de una quinta parte. Sin embargo, la superficie cultivada se mantiene ligeramente por debajo de los 17 millones de hectáreas (16,81 al cierre de 2016) entre tierras arables y las dedicadas a cultivos leñosos.

El sector de la fruta de hueso no es ajeno a esos procesos. En España se cultivaban al cierre del año pasado, y según los datos del Ministerio de Agricultura, 85.320 hectáreas de melocotón y nectarina, 26.946 de cereza y 15.278 de ciruelo, un total de 127.544 que se sitúan ligeramente por debajo de las 128.396 (86.196, 25.400 y 16.800) plantadas en 2013, el año anterior al veto ruso.

“En la fruta se está dando un proceso similar al del sector lácteo, en el que cayeron las explotaciones familiares y se impusieron las grandes lecherías”, anota. El proyecto de Noviercas, en Soria, que amenaza la continuidad de 700 empleos y la viabilidad de 432 granjas, es un ejemplo.

De siete a ocho veces más cara en la tienda

La crisis de la fruta, que amenaza la continuidad de miles de pequeños productores, no tiene el mismo efecto en los bolsillos de los consumidores: el melocotón amarillo alcanza en plataformas como Mercabarna y Mercamadrid  el euro y llegan a 1,30, mientras en supermercados como DIA sube hasta 1,69 y en Aldi cuesta diez céntimos más. Eso supone que el consumidor paga entre siete y nueve veces lo que cobra el agricultor por la misma pieza de fruta.

“Hay diferenciales del 700% y el 800%, se paga a entre 15 y 20 céntimos el kilo, alguno llega a 35, pero la media es de 20”, señala Borda, para quien “el precio no puede bajar de 1,20 en las tiendas por los costes de comercialización y distribución”. No obstante, reclama un reparto distinto de esa cifra: “debería estar a 1,80, por la calidad, y recibir 60 céntimos el agricultor”.