¿Cómo es posible recaudar casi 2.000 millones más cada año mientras se anuncian rebajas por valor de 5.000 a las rentas y patrimonios más elevados como viene ocurriendo en los últimos años en la Comunidad de Madrid? La única manera testada consiste en elevar la presión fiscal por otro lado, principalmente entre quienes no se benefician de esos descuentos, aunque también tiene su influencia la propagación de un relato que magnifica el tamaño real de este último ingrediente. 

Los últimos presupuestos aprobados por la Comunidad de Madrid, los de 2022, que seguirán vigentes este año al haber fracasado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en su intento de aprobar otros nuevos, cifraban en 5.479 millones de euros las rebajas fiscales autonómicas, con el grueso de esa cifra concentrado en sucesiones y donaciones (3.749 en herencias y legados) y a la que hay que añadir las de patrimonio (992 en fortunas), IRPF (672 en rentas) y, con una cuantía mucho menos, el impuesto de transmisiones patrimoniales (66 en compraventas inmobiliarias).

La cifra es similar, aunque con otro reparto, a la de 4.733 de 2019, cuando comenzó la legislatura, entonces con 616 en IRPF, 2.593 en sucesiones y donaciones, 307 en transmisiones patrimoniales y 228 en impuestos especiales, unas cifras a las que se suman los 989 perdonados ese año a los propietarios de grandes fortunas mediante la exención en patrimonio.

El grueso de esas exenciones se concentran en el impuesto que grava las herencias y legados, con un aumento de 1.156 millones a base de, según reseña el Panorama de Fiscalidad Autonómica que elabora el Consejo General de Economistas (CGE), ventajas para heredar gratis bienes integrados en el patrimonio histórico o cultural, exenciones para donaciones de hasta 250.000 euros de padres a hijos para comprar casa o adquirir acciones y bonificaciones del 99% de la cuota si la transferencia de ese dinero no es finalista y se realiza de cuenta a cuenta, magnitudes cuyo manejo escapa de largo a las posibilidades de la mayoría de los ciudadanos.

La recaudación de impuestos de Madrid iba creciendo a un ritmo intenso, según indican los Informes de Ejecución Presupuestaria de la propia comunidad, mientras se iban produciendo esas modificaciones, con las que conviven otras como la menor presión fiscal de todo el Estado para las rentas de más de 57.507 euros (menos de 300.000 contribuyentes en un censo de 3,5 millones), que acaban aportando cinco puntos menos que en el resto del país vía IRPF.

El aumento de la recaudación se acerca a los 2.000 millones en cuatro años, de los 21.865 de 2018 a los 23.503 con los que se prevé el cierre de 2022, a lo que se añade una previsión de dispararse hasta los 6.000 que incluían los fallidos presupuestos de este año, en todos los casos con un notable incremento de la recaudación en los impuestos directos, los vinculados a la renta, y una no tan acusada en los indirectos, los relacionados con el consumo y la propiedad.

“Si unos se benefician es porque otros pagan más”

"Si la tributación beneficia a las rentas más altas y a los grandes patrimonios y aumenta es porque otros pagan más", señala el economista Carlos Sánchez Mato, que describe el modelo como "un sablazo fiscal con el que se está haciendo un reparto cada vez más injusto de las cargas fiscales a base de argumentos simplones".

Lo cierto es que los registros de las deducciones en el tramo autonómico de la declaración de la renta resultan, como poco, llamativos, tal y como muestran los últimos disponibles, referentes a la liquidación del IRPF de 2020.

De hecho, lo primero que llama la atención es que únicamente suman 113,8 millones de euros cuando los presupuestos autonómicos anuncian año tras año beneficios fiscales en este impuesto por un valor superior a los 600 para los ciudadanos: al final se quedan en la quinta parte y suponen, en realidad, apenas un 1% de la recaudación por ese tributo, que ese año fue de 11.199 para la comunidad.

También sorprende la distribución de esas deducciones por tramos de renta, con los 11.000 contribuyentes que ganan más de 600.000 euros como los destinatarios de la mayor media per cápita, que duplica y triplica a las de cualquier otro tramo (y el promedio), mientras en años anteriores los 40.000 que ganaban más de 150.000 euros llegaban a recibir un volumen de descuentos superior al de los casi 400.000 que ingresaban entre 1.500 y 6.000.

La palabra "progresivo" no es precisamente lo primero que viene a la mente ante un sistema de este tipo, una posibilidad que todavía se aleja más si se atiende a las cuantías medias de cada deducción.

En la parte alta de la tabla se encuentran dos diseñadas para contribuyentes de posiciones económicas desahogadas, como las que bonifican la compra de acciones de empresas, que generan un ahorro medio de más de 1.800 euros para quienes se acogen a ellas, y las de las inversiones en empresas del MAB (Mercado Alternativo Bursátil), que superan los 1.600.

Mientras tanto, en el otro extremo se hallan las destinadas a aliviar la carga fiscal de las familias de bajos ingresos con dos o más hijos, que se quedan en 60 euros al año, y dos puestos por encima las de cuidado de hijos menores de tres años, que se sitúan en 281.

El dogma sin evidencia de la Curva de Laffer

El discurso oficial de la comunidad de Madrid va por otros derroteros cuyo eje es la apelación a la Curva de Laffer, un teorema formulado por Arthur Laffer, asesor del Gobierno de EEUU en la etapa de Ronald Reagan, en una servilleta durante una comida que ha sido objeto, más que de interpretación, de tergiversación: algunos flancos del liberalismo sostienen a partir de su esquema que bajar los impuestos estimula la actividad económica y con ella la recaudación fiscal, cuando lo que él planteó, sin salir nunca del campo teórico, era que existen unos tipos impositivos óptimos que maximizan los ingresos tributarios y que tanto por encima como por debajo de ese nivel cae la recaudación, ya sea por ineficiencia si son bajos como por desincentivar si resultan elevados.

"No hay ningún estudio serio que demuestre que la Curva de Laffer se cumple", explica el economista Carles Manera, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Baleares y miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que coincide con José Moisés Martín Carretero, profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela y miembro del mismo grupo, quien anota que "no hay ninguna evidencia científica que confirme esa teoría. Es un mito muy extendido pero sobre cuya certeza no hay ninguna evidencia".

"Ningún país está en la base descendente de la curva, todos están en la zona en la que bajar impuestos reduce la recaudación", añade este último.

De hecho, los tres antecedentes históricos más destacados de políticas fiscales de ese tipo arrojaron resultados contrarios a la teoría, tal y como ocurrió en EEUU con Reagan y con Margaret Thatcher en Reino Unido, donde la bajada de tipos disparó el déficit por el sencillo y previsible procedimiento de mantener e incluso incrementar el gasto público (especialmente el militar en EEUU) mientras se reducían los ingresos fiscales, o en Rusia a finales de los 90, donde el recorte de tipos convivió con un aumento de la recaudación tributaria gracias a otro factor como la mayor persecución del fraude.

"No se puede soplar y sorber al mismo tiempo"

Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Madrid? "Hay una utilización ideológica perversa de la política tributaria", apunta Manera, para quien "el aumento de la recaudación se deriva del crecimiento económico, que ha repuntado después de la pandemia como en el resto de comunidades, pero no tiene nada que ver con la bajada de los impuestos a los ricos".

En este sentido, añade, "esa bajada no provoca mayor actividad económica, porque quienes se benefician de ella no se dedican a invertir lo que no se recauda".

"En realidad, el aumento de la recaudación tiene que ver con la actividad económica y con el crecimiento", anota Martín Carretero, mientras "se atribuyen a las bajadas de impuestos efectos que tienen otras causas. El modelo económico de la comunidad de Madrid no se basa en los bajos impuestos sino en que es la capital de España".

De hecho, la acumulación de sedes de grupos empresariales e instituciones de ámbito estatal en su territorio es uno de los factores que tiran al alza en la participación de la comunidad madrileña en el reparto del IVA, que el año pasado le reportó 6.409 millones de euros, ya que más de la mitad de la facturación sujeta del país se genera allí.

De ahí, por otra parte, la oposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al proceso de descentralización de agencias y organismos estatales iniciado por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El dumping fiscal es un problema para la financiación de servicios críticos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es peligroso jugar con eso, porque genera posiciones populistas que llevan a aprobar rebajas fiscales fiándolo todo al crecimiento económico, que es cíclico", explica Manera, para quien ese tipo de planteamientos resultan "irresponsables".

"Cambiar la política tributaria es una opción en política, por supuesto, pero si se decide una rebaja de tipos hay que dejar claro qué servicios se van a rebajar", anota. "Es deshonesto decir que se van a bajar los impuestos sin recortar servicios ni generar más deuda -añade-, porque si baja la capacidad de ingresar se va a ver afectada la de gastar salvo que aumente el endeudamiento. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo".