Jura José Francisco que un extracto de una de las últimas conversaciones que tuvo con responsables de DIA fue así:

-Pues te habrán robado tus trabajadores.
-¿Qué? ¿Un lavabo?

José Francisco, franquiciado en Villarreal del grupo de supermercados, dice que lo peor es que, además, la cadena le quería hacer ver que le habían robado algo que, según su versión, nunca llegó a tener en su tienda. “En el inventario inicial del local aparecen productos que jamás hemos tenido, como ropa, lavabos, garrafas de aceite grandes que nunca se han pasado por caja… Ellos lo achacaban a que me habían robado mis propios empleados. Imagínate un lavabo, ¿cómo se lo iban a llevar sin que me diera cuenta?”.

Aunque no está diagnosticado con depresión, sí da esa sensación al otro lado del teléfono. Como él, decenas de personas, de familias de toda España y de otros países, que denuncian que DIA les ha “estafado” y “arruinado la vida” con su política de franquicias. Por ello, llevan litigando contra la compañía desde 2013. O al menos intentándolo. La compañía, mientras niega todas las acusaciones y dice estar “muy tranquila”.

José Francisco Barberán, de 49 años, fue el primero en querellarse. Le habían dejado en la calle tras echar el cierre en 2010 la empresa de azulejos en la que había trabajado literalmente toda la vida. En el paro y con el dinero de Fogasa en la mano, decidió en abril de 2011 que la mejor opción era invertir en comprar su propio puesto de trabajo. Le prometieron una rentabilidad de alrededor del 13%, aunque después hubiera que restar los gastos. Aún así, el negocio prometía. Le dijeron que vendería en torno a los 100.000 euros mensuales. Se fio del sector y de la firma. Y, además, la presunta cuenta de explotación de la tienda de la que se iba a hacer cargo -que ya se encontraba en funcionamiento tiempo atrás- fue avalada por una asesoría de confianza suya y por un abogado. “Me dijeron que no era algo para hacerme rico, pero que sí me iba a permitir tener un sueldo, con la que estaba cayendo con la crisis”.

Trabajaban él y cinco empleados. José Francisco, que se puso un sueldo de 900 euros mensuales, se pasaba en el local desde las siete de la mañana hasta las once de la noche. Al cabo de varios meses comenzaron a chirriarle los números. “Nos dimos cuenta de que había cosas en las facturas que no nos encajaban: los descuentos, los 3x2, la compensación de ofertas… Aparte de la cuenta de explotación, que no cuadraba nunca”. A los pocos meses, DIA y él resolvieron el contrato. “Me dijeron: Es por tu forma de ser y porque pones muchos problemas. A mí, aparentemente, me hacían un favor, porque yo veía que eso no funcionaba”.

La sorpresa llegó cuando, según denuncia, le advirtieron de que tenía un desfase de 55.000 euros en género con respecto al llenado inicial del local. “Era imposible, porque la tienda estaba más llena que al principio”. Le reclaman 38.000 euros por este concepto. Y es entonces cuando le argumentaron que seguramente se debía a los robos de sus empleados. Decidió demandar en 2012 a la compañía por lo penal y el juzgado acabó archivando la causa.

José Francisco afirma que nunca ha llegado a conocer la cuenta real de la anterior tienda, pero él asegura que en la suya vendía unos 130.000 euros al mes, logrando cerca de 1,3 millones en diez meses. “Y en los últimos cuatro meses ni siquiera cobré…”, dice perplejo. Ahora le reclaman alrededor de 120.000 euros por el desfase del llenado más los intereses. “Es para ponerse a llorar. Han jugado con familias mayoritariamente de un poder adquisitivo normal y nos han dejado en la grandísima ruina. Muchos medios han callado y la Justicia… Me da la sensación de que aquí hay gente que está protegida y que todo está manipulado”. Tiempo después logró un puesto en otra compañía de cerámica. “Pero me toca ponerme la careta cuando voy a trabajar porque por dentro me siento humillado”.

Un supermercado de DIA. EFE

Pensaba que estaba solo. Que no le había sucedido a nadie más. Que no sabía gestionar una tienda. Sentía un gran fracaso personal. Pero no era así. Su caso se reproduce prácticamente de la misma manera en los aspectos más relevantes en las decenas de personas que han denunciado, la mayoría reunidas en torno a Asafras. Coinciden en acusar a DIA de que las cuentas de explotación que les muestran al principio son falsas, de que las promociones y los descuentos corren a cargo de ellos y les dejan sin margen, de que el llenado inicial del local no se corresponde con la realidad (adquiriendo así una gran deuda desde el principio) y de que les obligan a pagar el camión de género al día (si no, no les suministran).

“Hay un modus operandi claro de DIA para obtener dinero de ellos. No tiene sentido que la empresa matriz tenga ganancias cuando todos sus franquiciados están arruinados. Pero claro, su forma de obtener dinero es montar franquicias sabiendo que están abocadas al fracaso”, critica Elías Carcedo, abogado de los demandantes de Asafras desde hace un año.

La teoría del letrado es defendida también de alguna manera por el banco de inversión estadounidense JP Morgan. En un informe de 2015 afirmaba, entre otros aspectos: “Creemos que un negocio de franquicias sostenible tiene que tener un margen bajo. Lo contrario podría significar que la compañía está sacando un margen mayor a costa de sus franquiciados”.

La querella

Carcedo presentó en marzo de 2016 una querella penal por presunta estafa y otros delitos en un juzgado de Madrid que fue inadmitida y está pendiente de la resolución del recurso interpuesto. Es una más de las negativas por parte de la Justicia y distintos órganos que han recibido los afectados. La Audiencia Nacional encontró que no se cumplían los requisitos para que siguiera adelante en su juzgado. Mientras, la CNMC observó que no había lugar. Ni el letrado ni los denunciantes entienden la postura de la Audiencia: “Es de su jurisdicción, porque, entre otros aspectos, hay afectados en muchos puntos de España”.

A finales de 2015 la magistrada Alicia Pérez Muñoz, titular del juzgado número 1 de Vic (Barcelona), fue la primera en admitir a trámite la querella, interpuesta por la asociación SOS Franquicias, que aglutina a veinticinco personas, "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de estafa, delito informático, delito relativo al mercado y falsedad documental, entre otros”. Un hito en el proceso judicial. Trató de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional pero ésta no lo aceptó y le pidió que continuara investigando.

Carcedo, que considera que “el dinero total estafado” podría llegar a los 30 millones de euros, se muestra esperanzado: “Hay multitud de pruebas que acreditan los hechos que denunciamos. Pedimos que al menos se escuche a los perjudicados. Creo que al final, de una forma u otra, conseguiremos desmontar este entramado”.

Los abogados estrella

Aunque ahora los denunciantes de Asafras se sienten bien defendidos, no siempre fue así. La primera abogada que se hizo cargo del caso fue en 2012 la televisiva Emilia Zaballos, estrella del programa de Telecinco De buena ley. Alberto Rodríguez, actual presidente de Asafras, afirma que les cobró 1.700 euros por cabeza por comenzar a tramitarlo, a lo que sumó otros 1.800 por crear la asociación. “Sus ayudantes nos dijeron que era una estafa de manual. Y ella, que no nos preocupáramos porque tenía amistad con Ana María Llopis [presidenta de DIA] y llegarían a un acuerdo extrajudicial”. Les prometió que pondría una querella criminal que nunca llegó. Al cabo de los meses, se enteraron por una exempleada de Zaballos de lo que presuntamente había hecho: “Nos contó que sabía que ella había firmado un pacto de no agresión con la firma para dejarnos a un lado”.

Tras la mala experiencia con Zaballos, tomó el testigo en 2013 el abogado Marcos García Montes, que defendió a Ruiz Mateos en el caso Rumasa y ejerció la acusación popular en multitud de sumarios de políticos y de famosos principalmente durante los noventa. Puso la querella en la Audiencia a los pocos meses de hacerse cargo del proceso. Tras eso, Alberto afirma que tuvieron diferencias en algunos asuntos y critica su “absoluta dejadez” hasta que rompieron a comienzos de 2016. “Al menos se enfadó cuando Gómez Bermúdez rechazó el caso en la Audiencia Nacional. Estaba cabreado de verdad; no lo entendía”, rememora Rodríguez.

"Cuanto más vendes, más pierdes"

Alberto, de 37 años, decidió junto a su mujer embarcarse en una franquicia de DIA en Zamora en mayo de 2010. Su esposa, Marga, de 39, se conocía al dedillo al funcionamiento porque había trabajado 15 años en la misma tienda, que era propiedad de la compañía, nueve de ellos como encargada. Su marido, por su parte, dejó el Ejército por poder estar junto al hijo que esperaban. Según Rodríguez, tuvieron que firmar el contrato que la comercial les puso encima de la mesa sin días para consultarlo con especialistas. Asegura también que antes de hacerse cargo del local, vendía 56.000 euros al mes con cuatro empleados y uno a tiempo parcial, cifra que doblaron ya en el primer mes. “Al final, cuanto más vendes, más pierdes porque las ofertas a los clientes recaen sobre ti. Y ellos en el manual del franquiciado dejan claro que son los que se hacen cargo de ese concepto”, lamenta.

Afirma que tenían 8.500 euros de gastos al mes y que han acabado con una deuda de 120.000 con La Caixa y de 58.000 con DIA. “Y claro, nosotros nunca hemos tenido familia con propiedades que nos avalara ni nada. La inspectora de la compañía nos llegó a decir: Vete a saber Marga, es que a lo mejor te has gastado 3.000 euritos en regalos de Navidad. Y yo flipé”. Cerraron en marzo de 2012. Ahora Alberto y Marga se encuentran en el paro y aseguran que el año pasado estuvieron “a veinte minutos” de que su casa saliera a subasta.

Jesús Ortiz, de sesenta años, trabajaba como enfermero cuando en 2009 pidió una excedencia para montar su franquicia de DIA en Madrid, junto con un socio. Tuvieron sus diferencias y decidió dejar el local para hacerse cargo en noviembre de 2010 de otra por su cuenta. “A los tres meses vimos que las cuentas no salían”, asevera. Denuncia que la compañía cotizada les cobró 60.000 euros por llenar la tienda al inicio sin que ellos estuvieran presentes. “Cuando yo dejé el local, la gente que lo heredó dicen que lo han hecho por menos dinero”.

Ortiz recibió un préstamo ICO y otro personal. Tras perder una media de 12.000 euros mensuales, dejó el negocio en agosto de 2012. Antes, sin embargo, ya mostró a la firma su idea de abandonar. Denuncia que entonces la jefa de Franquicias de Madrid Oeste (Pilar García) le lanzó la siguiente amenaza: “Te voy a dejar la tienda un año para que te arruines”. Jesús asegura que este tipo de presiones y chantajes estaban a la orden del día. “A mí me llegaron a decir que me estaba gastando el dinero en putas y que por eso perdía”. Gracias, en parte, a que ha podido regresar a su anterior puesto de trabajo, ha sido capaz de ir devolviendo lo que debía. No tiene deuda con DIA, pero sí una de 35.000 euros por los préstamos. “El banco me va a quitar la casa. Abrí la tienda para poder tener una mejor jubilación y resulta que esta gente te putea así”.

El perfil de muchos franquiciados es el de gente en paro que con el azote de la crisis se agarra a montar una tienda de DIA para salir a flote, afirma Alberto. “En una situación así, si te ofrecen un negocio como el que ellos te venden, te metes de cabeza. Pero claro, dan cifras falsas. Te están engañando desde el primer momento”, acusa. Eso fue lo que vivieron Adela y Jesús. Sin trabajo y de mediana edad, una comercial les ofreció una tienda en junio de 2014 en el madrileño barrio de Usera con una presunta rentabilidad del 13%. “Tras pagar los diversos gastos, pensamos que nos quedaría un buen dinero para poder vivir bien. Nos dijeron que tendríamos que echar muchas horas, mas estábamos muy dispuestos”, recuerda Adela Carmen, de 49 años. La comercial de la compañía les aseguró que el local despachaba unos 8.000 euros de media por jornada, mientras que ellos comenzaron con unas ventas de unos 7.000. “Pero los trabajadores que contratamos, que ya los empleaban en la anterior tienda, nos dijeron que nunca habían pasado de los 3.000”, cuenta. “Vimos el historial de los seis meses anteriores a que llegáramos y vendían en seis meses (337.000 euros) lo que supuestamente tenían que vender en dos”, rememora Jesús Muñoz, de 52 años.

La historia se repite con ellos. Denuncian que “en cada camión venían productos en mal estado, como los perecederos, y casi nunca te devolvían el dinero”. También las pérdidas que tenían por las ofertas: “Para el cliente son geniales, pero para nosotros es de las mayores pérdidas”. Era un círculo vicioso: “Lo que sacábamos de vender cada camión no nos daba para pagar el siguiente”, asegura Jesús, que critica la nula transparencia de la firma con ellos y su imposibilidad para controlar el comercio y sus cuentas. “DIA quiere tener todos los datos posibles para apretarte lo máximo que pueden. Es un negocio que no manejas de ninguna forma. En 22 meses vendí 3,3 millones y estoy arruinado hasta las cejas”. Ahora están en paro, tienen una deuda de 90.000 euros y se encuentran amenazados de embargo un piso y el comercio de toda la vida de los padres de Adela.

Afectados en Portugal y Argentina

El caso no se ha quedado sólo en España, sino que ha traspasado fronteras. En Portugal, los cerca de 70 que se sintieron perjudicados por la empresa cotizada -allí la marca es Minipreço- crearon la asociación Afeda y comenzaron a demandar hace tres años, pero sin resultados hasta el momento. “La mayoría de nosotros no tenemos ni dinero, ni tiempo. Por eso la querella no ha tenido éxito”, sostiene Paolo Jaloto, de 48 años, afectado y presidente de la asociación. Él mismo debe 62.000 euros a DIA. “Pero, según mis cuentas, ellos me deben a mí 1,2 millones”. Acabó en 2011 su relación con la firma y relata los mismos problemas. “Puede haber casos de gente que gestione mal, mas el 97% son personas honradas que han puesto todo su dinero y ahora están jodidos”. De hecho, Paulo, asegura que en Portugal la situación ha derivado en al menos tres suicidios.

En Argentina, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten asegura que representa a 260 franquiciados y que ya ha presentado una demanda por la que pide imputar a la cúpula de la firma en el país. “Ninguno gana; todo son pérdidas. Y después se convierten en rehenes del sistema. Llevan a cabo una política diabólica”.

Sin embargo, parece que ninguna de estas situaciones ha pasado factura a DIA. El grupo aumentó, entre 2014 y 2015, el número de franquicias en los cinco países (excepto en Portugal) en los que está presente. Según sus datos, en España pasó de 1.646 a 1954; en Portugal, de 288 a 260; en Argentina, de 486 a 584; en Brasil, de 495 a 621, y en China, de 170 a 278. Así, la empresa asegura que 2015 fue el año en que más abrió. El montante en todo el mundo supone para la firma casi la mitad de sus tiendas totales. Alberto opina que este incremento se produce porque continúan “dando cifras falsas” a quienes quieren montar una. También que no hay más denuncias por el momento porque hay “mucho miedo” entre franquiciados y exfranquiciados.

“Tenemos un sistema que nos avala y mostramos nuestra confianza en la Justicia. Somos el primer franquiciador del país y eso no se podría sujetar con las acusaciones que nos hacen. Nuestros números están claros. El nivel de litigiosidad es prácticamente nulo. No es un sistema basado en la estafa, como ellos sostienen. Si al franquiciado no le va bien, a DIA tampoco. Si no gana, nosotros tampoco”, aseguran fuentes de DIA a Público. Niegan, asimismo, que se falseen cuentas de explotación -”Es completamente falso”, dicen- y sobre las acusaciones de las pérdidas por las ofertas, que “todo está ajustado a la legalidad. Competencia investigó sobre el modelo que tenemos y decidió no incoar ningún expediente sancionador al considerarlo perfectamente válido”. Sostienen también que no disponen de cifras de la rotación media en las franquicias: “No son significativas”. “Nos consta que ese número pequeño de exfranquiciados están haciendo también un daño terrible a esa gente que ha decidido montar su negocio de la mano de DIA, y no únicamente a la compañía”, sentencian.

“Se puede dar una mala gestión, o que la tienda esté en una calle o una ciudad que no funcione. Pero no tiene sentido que afecte a una multitud de personas en España y en otros países. ¿Son todos negados para montar un negocio o es que las condiciones no son las que les indican?”, se pregunta Elías Carcedo. Adela ya sólo desea que le escuchen: “Aquí estamos sin futuro. Nos han arruinado la vida”.