Las sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como sicavs, han conseguido esquivar hasta ahora los intentos de reducir sus privilegios fiscales. El principal de ellos, aunque no el único, es que sus beneficios tributan al 1% por el Impuesto de Sociedades, en vez de al 25% establecido con carácter general.

Los defensores de las sicavs suelen justificar el mantenimiento de esos privilegios con el argumento de que, si se eliminan, los inversores se llevarían su dinero a otros países donde recibieran un trato mejor. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero ya está fuera a día de hoy, por razones de estricta rentabilidad.

Según los datos que obran en poder de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las sicavs cerraron 2019 con un patrimonio de 28.792,7 millones de euros. De dicha cantidad, 25.940,3 millones correspondían a inversiones y el resto estaba destinado prácticamente en su totalidad a atender las necesidades de tesorería.

A su vez, de los 25.940 millones de euros de inversión, sólo 4.588,3 millones (menos de una quinta parte) pertenecían a la cartera interior de las sicavs, que incluye activos españoles como títulos de deuda, acciones o depósitos. Todo lo demás, es decir, 21.348,2 millones (el 82,3%), estaba colocado en el exterior.

Las inversiones de las sicavs en España han sufrido, además, un retroceso espectacular en los últimos años. Desde el inicio de la recuperación, su cartera interior se ha reducido a menos de la mitad, al pasar de 11.063,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2014 a sólo 4.588,3 millones al cierre de 2019, siempre según los datos de la CNMV.

Durante el mismo periodo de tiempo, las inversiones en el exterior se han incrementado, aunque en un volumen algo menor al que perdía la cartera interior. A finales de 2014, las sicavs declaraban tener 18.015,2 millones de euros en valores extranjeros, mientras que a finales del año pasado se superaban los 21.348,2 millones.

Ese trasvase, al menos en sus inicios, no pareccía guardar una relación directa con la ofensiva (fundamentalmente de algunas formaciones políticas de izquierdas) contra los privilegios de las sicavs, pues empezó cuando gobernaba el PP y desde entonces ha continuado de forma constante y progresiva. Las sicavs buscan ante todo la rentabilidad y, por lo que se ve, hace tiempo que la encuentran más fuera que dentro.

No ha sido siempre así: en 2010 hubo un reparto equilibrado del patrimonio de las sicavs colocado en activos nacionales y en activos extranjeros (entre 12.000 y 13.000 millones de euros en cada modalidad). Es más, al inicio de la crisis, su cartera interior (16.176,3 millones) duplicaba a la exterior (8.729,4).

De todas formas, estas sociedades gozan de una gran flexibilidad para reorientar sus inversiones, lo que las hace especialmente atractivas para las grandes fortunas, aparte de su ventajosa fiscalidad. Rara es la estrella del firmamento empresarial que no lidera una sicav, aunque para constituirla haya tenido que rodearse de al menos otros 100 inversores reales, como exige la actual regulación.

Las diez mayores sicavs de España según el ranking de mayo elaborado por la consultora VDOS, tenían al frente un apellido de relumbrón. La más grande de todas, Torrenova, con un patrimonio de 960,9 millones de euros, es de los March. La segunda, Morinvest (488 millones), de Alicia Koplowitz, y la tercera, Allocation (388,3), de la familia Del Pino, principal accionista de la constructora Ferrovial.

En ese ranking figuran también los vehículos de inversión de Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, cuya sicav Soandres acumulaba en mayo 302,5 millones de euros, o del dueño de Pronovias, Alberto Palatchi (Gesprisa, 366,4 millones).

Otros multimillonarios han ido cerrando sus sicavs antes de que arrecieran las críticas contra ellas o después de que su supresión se metiera en la agenda política, sobre todo a partir de 2018. Amancio Ortega, por ejemplo, disolvió Alazán Inversiones y Keblar en 2010, mientras que los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, dueños de los laboratorios Almirall, liquidaron Elitia en 2019.