La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el pasado 9 de mayo superó el umbral del 8% en el capital social de Telefónica.

En concreto, según la información que la SEPI ha facilitado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la participación de la entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda en Telefónica asciende al 8,538%, con un total de 484.110.010 acciones.

Asimismo, la información remitida al regulador estadounidense especifica que el precio medio que el Estado ha pagado por cada acción de Telefónica es de 4,0113 euros, por lo que la inversión del Gobierno en la compañía española asciende a algo más de 1.941 millones de euros.

Si se tiene en cuenta la cotización de Telefónica al cierre de la jornada bursátil de este lunes, que finalizó en 4,139 euros, el paquete accionarial del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de unos 2.003 millones de euros, es decir, unos 62 millones de euros más que el importe desembolsado hasta el momento.

El pasado 25 de marzo la SEPI afloró una participación del 3,044% en el capital social de Telefónica, el 15 de abril elevó su posición hasta el 5,034%, el 26 de abril se dio a conocer que la incrementó hasta el 6,169% y el pasado 8 de mayo la entidad pública comunicó el aumento de su posición en la teleco hasta el 7,079%.

De este modo, la SEPI sigue avanzando en el mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en Telefónica el pasado septiembre.

En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica (un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros) en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

Ya tiene un consejero

El consejo de administración de Telefónica acordó el pasado 8 de mayo, por unanimidad, aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombró por cooptación como consejero al economista Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.

Apenas un día después de acordarse el nombramiento de Ocaña, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno pueda nombrar un segundo consejero en representación de la SEPI cuando cumpla su objetivo de llegar al 10% del capital de la teleco.