Podría sonar a sarcasmo, pero en realidad se trata de la postura oficial de una de las principales entidades financieras del planeta en un procedimiento penal en el que se investiga la volatilización de más de 4.000 millones de euros de capital y en el que se juegan la libertad una treintena de ejecutivos, altos cargos y asesores: Banco Santander ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional un escrito en el que, para desvincularse de eventuales responsabilidades penales en el caso Popular, asegura que este “murió” formalmente cuando la JUR (Junta Única de Resolución, de la UE) y el FROB (Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria) decidieron liquidar sus acciones y sus instrumentos de capital el 6 de junio de 2017 y vendérselo por un euro.

Los abogados de Santander han dirigido ese escrito al juzgado este mismo miércoles, una semana después de que su titular, José Luis Calama, decidiera imputar al banco adquiriente como persona jurídica. De hecho, hoy mismo ha emitido una providencia para que aclare si va a tener la misma defensa que Popular o va a ser representado por otro equipo jurídico.

Los letrados del banco piden al juez que revoque el auto de imputación y, “en consecuencia, alzar la condición de parte investigada de Banco Santander, manteniendo su condición de posible responsable civil” en la causa si lo considera oportuno.

El escrito, firmado por el abogado Jaime Alonso Gallo, sostiene que la “resolución se equipara a la ‘muerte’ o a la disolución material” de Popular, “sin que Banco Santander pueda ‘heredar’ esa posible responsabilidad penal, que quedó extinguida”.

En este sentido, argumentan que otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, decidió exonerar a Caixabank mientras investigaba las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco de Valencia, al que había absorbido por “la aplicación de un mecanismo de saneamiento bancario por los poderes públicos”.

“Nació un nuevo Popular”

“La resolución del antiguo Banco Popular es enteramente equiparable a su disolución material”, señala el texto, que indica que “como consecuencia de la resolución, nació un nuevo Banco Popular, materialmente distinto del antiguo Banco Popular, en cuyo seno se habrían eventualmente cometido los supuestos delitos objeto de investigación y cuyos consejeros se encuentran investigados en este procedimiento”.

Y, en ese sentido, añade que “la resolución de Banco Popular supuso la creación de una nueva realidad, un nuevo Banco Popular, para venderlo a un tercero (en este caso, Banco Santander). Esas decisiones de los poderes públicos determinan que no se pueda trasladar a este tercero, Banco Santander, la eventual responsabilidad penal del antiguo Banco Popular”.

Es decir, que Santander basa su argumentación en este primer escarceo del proceso judicial en equiparar la extinción de las responsabilidades penales de las personas físicas cuando mueren con un trámite administrativo en el que las administraciones reducen a cero los instrumentos de capital (acciones y deuda) de una entidad financiera para inmediatamente sacarla a subasta y, en este caso, venderla por un euro.

En opinión de los abogados, “una fusión por absorción no puede suponer, automáticamente, el traslado de la posible responsabilidad penal de la sociedad absorbida a la sociedad resultante de la fusión”. “Menos aún –añaden- en un supuesto como el presente, en el que antes de la indicada fusión se produjo la resolución de la entidad indiciariamente responsable penal”.

Con todo, Santander muestra su “intención” de “colaborar al máximo con la investigación de unos hechos supuestamente cometidos en el seno del antiguo Banco Popular”, para lo que “no hay más que ver la ingente documentación que hemos aportado como consecuencia de los requerimientos realizados por el juzgado”.