El creciente precio de la electricidad continúa exprimiendo los bolsillos mientras Gobierno y oposición se enredan en culpas y reproches. Eso es lo que ha llevado al alcalde de Batres (Madrid), Víctor Manuel López Rodríguez, a que su Ayuntamiento deje de pagar la factura de la luz hasta que los precios vuelvan a ser "contenidos" para un "consumo mínimo indispensable".

Aunque más tarde matizó, al darse cuenta de que las subidas no afectarían al Consistorio de momento, el propio alcalde ha confirmado a Público que "no suspenderán la medida provisional de paralizar los pagos a las eléctricas"; Batres no va a dar un paso atrás.

Todo ello pese a que, como reconoce, el municipio está adherido al acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con Iberdrola, por el que la tarifa eléctrica del consistorio "no está sujeta a la volatilidad diaria y su precio es tres veces menor que el que cotiza el mercado hoy", afirma dicha eléctrica a EFE. El propio alcalde reconoce que la factura de su Ayuntamiento no se verá afectada por las subidas por dicha razón.

Anteriormente, en una primera nota de prensa, López Rodríguez destacaba que, con motivo de la escalada récord del precio de la electricidad, "es evidente que la ciudadanía poco está pudiendo hacer ante tan descomunal abuso". Y reflexionaba: "Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si sólo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro".

En el caso de las Administraciones Públicas no sucede igual: en caso de impago las compañías distribuidoras necesitan una sentencia judicial para obligar a la corporación municipal a abonar lo debido. Es en este punto en donde quiere poner el acento el alcalde de este pequeño pueblo.

De hecho, hizo un llamamiento "a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas urgentes e inmediatas para presionar a estas empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario".

Este alcalde podría estar cometiendo un delito de prevaricación —articulo 404 del Código Penal—, aunque el procedimiento planteado para adoptar la decisión es, en este caso, clave; si se trata de una decisión política más que jurídica la existencia de ese delito es, cuando menos, "discutible", comenta a Público el abogado Carlos Sánchez Almeida.

Lo que sí esquivaría es el delito (menor) de defraudación en el uso de energía eléctrica (artículo 255 del código Penal), porque el tipo exige mecanismos instalados para tal fin, manipulaciones en los contadores o cualquier otro medio "clandestino". En este caso, el alcalde no sólo ha decidido no pagar la factura de la luz de su pueblo, sino que lo ha anunciado públicamente.

Saldrá a pagar 

La pregunta, pues, queda en el aire: ¿Qué pasaría si todas las corporaciones municipales dejasen de pagar —con dinero público— los precios que marcan las eléctricas? Eso es lo que plantea López Rodríguez, dado que "no se puede cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial, de la iluminación de las calles…". Sólo su municipio, de unos 1.750 habitantes, gasta al año unos 100.000 euros en electricidad.

La respuesta parece la de siempre: deuda para mañana. En una conversación con el abogado de la cooperativa CAES Carlos Castillo, y que coincide con la opinión de Almeida, ve la decisión del alcalde de Batres como "un acto de desobediencia civil desde un plano político". De hecho, el propio alcalde reconoce que las compañías eléctricas, en tal caso, tienen la vía judicial (en forma de demanda) para reclamar el pago "porque el servicio no lo pueden cortar".

Este letrado recuerda, con razón, que "hay muchísimas administraciones que tienen deuda con proveedores y empresas privadas, es lo más común del mundo, y la mayoría de las veces se termina presupuestando y pagando esa deuda" tras una resolución judicial, que también prevé el embargo como herramienta última para obligar a saldar esa deuda..

Eléctricas, pobreza energética y la Cañada Real 

Frente al creciente y aparentemente imparable precio mayorista de la electricidad en España, los ciudadanos y las administraciones públicas han visto engordar sus facturas durante los últimos meses. El alcalde de Batres justificaba su decisión en que está "harto de ver cómo algunos vecinos no pueden hacerle frente al recibo de la luz por el tarifazo constante".

Normalmente, la pobreza energética tiene un reflejo en los llamados "enganches ilegales", es decir, conexiones a la red eléctrica directamente y sin contratar el suministro para un uso doméstico de la luz. Es, de hecho, un ilícito penal, si bien supone un delito menor que ni siquiera conlleva cárcel para quien lo hace (apenas tres meses de prisión, generalmente suspendidos).

En algunos casos, la Justicia valora la situación de necesidad frente a las demandas de las compañías. Así, en la sentencia 658/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid se alegó como causa exculpatoria la doctrina del  'hurto famélico' —un caso evidente de necesidad por pobreza energética— para evitar la condena por defraudación de la luz. No obstante, en otros casos este argumento no cuela, como en la sentencia 83/2018 de la Audiencia Provincial de València, en donde el Tribunal no apreció ni ‘hurto famélico’ ni estado de necesidad. Al final, es la apreciación subjetiva de los jueces la que prevalece en estos casos.

Entre los casos de "enganche" más recurrentes se encuentra el que se produce en partes de la Cañada Real Galiana, el principal asentamiento de infravivienda y chabolismo en Madrid, que además está situada en un suelo muy goloso para el mercado inmobiliario. El último corte repentino de la luz, que afectó a dos de los sectores de este enorme asentamiento en pleno invierno, dejó la zona al borde de la emergencia humanitaria hace apenas unos meses.

La empresa Naturgy sostenía entonces que el problema radicaba en los enganches ilegales destinados a abastecer de luz cultivos interiores e intensivos de marihuana, lo que provocaba picos en el suministro y, consecuentemente, apagones constantes. No obstante, los vecinos afectados pidieron a las administraciones que investigasen esos casos concretos y que no se les criminalizara; aseguraban, a través de su abogado, que pretendían pagar la luz y que llevaban años reclamándolo.

(*) [Noticia actualizada el 02-09-2021 con nuevas declaraciones del alcalde de Batres]