El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para obligar al Gobierno a revelar la identidad de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la declaración tributaria especial de 2012, más conocida como amnistía fiscal, declarada inconstitucional.

La iniciativa legislativa consta de un único artículo para añadir una nueva disposición adicional a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria .

En ella se establece que el Gobierno deberá adoptar en el plazo máximo de quince días desde su aprobación "las medidas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica" que se acogieran a dicho proceso de regularización.

Asimismo, el PSOE quiere que también sea público el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas por los 'amnistiados fiscales' y, en caso de las empresas acogidas, que se especifique la titularidad real, directa o indirecta de los accionistas o partícipes de las mismas.

Por último, para la comunicación de la propuesta de inclusión en el listado, la posibilidad de presentar alegaciones por parte de "las personas y entidades afectadas", la publicidad por medios electrónicos y el tratamiento de datos necesarios para la publicación, el PSOE se refiere a lo establecido en la propia ley para las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

La sentencia del TC costará a Montero su reprobación

El PSOE ya presentó hace dos legislaturas, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy contaba con una cómoda mayoría absoluta en el Congreso, una proposición de ley para revelar la identidad de los 'amnistiados fiscales', todo ello dentro de una batería de medidas dirigidas a combatir dicha regularización aprobada por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Precisamente, ha sido una de estas medidas, el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto ley, el que ha provocado que la amnistía fiscal vuelva a estar en el centro del debate político. Así, el Alto Tribunal declaró el pasado 8 de junio la nulidad de la regularización extraordinaria, considerando que la norma suponía "legitimar" el fraude fiscal.

Esta misma semana, el Congreso ha debatido la propuesta de reprobación de Montoro, que contará con el voto favorable de todos los grupos de la oposición, a excepción del PNV. Únicamente el PP defendió al ministro durante el debate en el Pleno del Congreso.