La presión fiscal de España (los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales en relación con el volumen del Producto Interior Bruto) se sitúa en el 37,3%, según las últimas estadísticas publicadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países más industrializados, referidos al año 2023.

La presión fiscal en España se redujo ligeramente respecto a los dos ejercicios precedentes (37,6% y 37,8% del PIB en el que cerró en 2022 y 2021, respectivamente), y, aunque se sitúa por encima de la media de los 38 países de la OCDE (el 33,9%), es apreciablemente inferior a la que registran otros países europeos más ricos, como Alemania, Francia e Italia, o los países nórdicos.

De esta manera, España se mantuvo en decimotercera posición entre los 36 países de la OCDE cuyos datos estaban disponibles (no están actualizados los de Australia y Japón).

Los países en los que la carga fiscal era más alta en 2023 eran Francia por segundo año consecutivo (43,8%), Dinamarca (43,4 %), Italia (42,8%), Austria (42,7%), Bélgica (42,6%) y Finlandia (42,4%). En el otro extremo, los países con menor presión eran Estados Unidos (25,2% del PIB), Costa Rica (24,9%), Turquía (23,5%), Colombia (22,2%), Irlanda (21,9%), Chile (20,6%) y por último México (17,7%).

Los datos de la OCDE, considerados como la referencia internacional en este terreno, muestran que en los últimos trece años, la presión fiscal ha crecido en la mayoría de los países de la organización (concretamente, en 29 países).

En ese periodo, los impuestos y las cotizaciones sociales en España han crecido en 6,05 puntos de PIB, una cifra superada por Japón (8,2 puntos), Eslovaquia (7,6), Grecia (7,5) y Corea del Sur (6,5). También se han observado aumentos de más de 5 puntos porcentuales en Corea del Sur, México, Portugal y Luxemburgo. Por el contrario, la relación impuestos sobre PIB ha disminuido en nueve países respecto del nivel de 2010, siendo los mayores descensos los de Irlanda (-5,8 puntos) y Hungría (-2,6 puntos).

En España, el pico se alcanzó en 2021, como una consecuencia indirecta de la crisis de la covid que causó una recesión que redujo sustancialmente el PIB y de forma casi automática incrementó el peso relativo de los impuestos. Ese año la carga fiscal llegó al 37,8% del PIB y al 34,1% en la media de la OCDE.

La estructura de la fiscalidad en España se asemeja bastante a la de la mayor parte de los otros países europeos, en los que las cotizaciones a la Seguridad Social representan entre el 10% y el 15 % del PIB; en España suponían en 2023 un 12,9%.

Los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios eran el segundo gran bloque, con un 12% del PIB, mientras las tasas sobre bienes y servicios pesaban un 10%.

El informe de la OCDE clasifica a España dentro de los "países regionales en lugar de unitarios", debido a su estructura política "altamente descentralizada". Por ello, tiene composiciones de ingresos diferentes por niveles de gobierno. En España, la proporción de los ingresos del Gobierno central en 2022 fue del 42,5%, en comparación con el 15,1% para el Gobierno regional y el 8,2% para el local.