La desvinculación entre el valor del gas y el funcionamiento del mercado eléctrico llegará en abril a Epaña, según ha asegurado este domingo en una entrevista para El Periódico Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Tal y como ha expresado, la medida tendrá un impacto directo sobre los ingresos de las energéticas, pues el Gobierno impondrá un precio máximo a las empresas.

Hasta el momento, la Comisión Europea ha sido reacia a intervenir en el mercado eléctrico. Pero la guerra en Ucrania ha cambiado el rumbo de la economía europea y se han comenzado a plantear el control de los precios de la energía. Desde el Gobierno de España también se ha debatido sobre la aplicación de un impuesto a las grandes eléctricas. Uno de los puntos de inflexión ha sido el récord del pasado martes 8 de marzo, cuando la luz alcanzó su máximo histórico con 544,98 euros/MWh. 

La crisis ante la invasión rusa a Ucrania, culpable del encarecimiento de los costes del gas, ha sido clave para acelerar dicha desvinculación a abril. "Nuestra apuesta responsable es conseguir que haya un acuerdo unánime por parte de Europa en lo que es competencia de Europa. También es verdad que somos un gobierno que sabe cuáles son los límites de su sociedad y de su economía y si no hay respuesta a tiempo en UE, tendríamos que plantearnos actuar al margen", apunta.

"Puede ser que pongamos un precio máximo al mercado eléctrico. Puede ser que pongamos un precio máximo al gas natural cuando vaya a hacer ofertas al mercado eléctrico. Y puede ser que saquemos definitivamente el gas del mercado eléctrico y se construya un sistema mucho más complicado en el que cada tecnología se retribuye con arreglo a sus costes y rentabilidad", ha explicado la ministra.

En cuanto a los efectos de esta medida, "serán las eléctricas las que ingresarán menos. Las energéticas. Porque también podemos encontrarnos con que en la generación con gas se establezca un tope y, por tanto, producirían menos ingresos para las gasistas", añade.

La ministra ha asegurado que España no se puede "permitir el lujo de que la industria cierre como consecuencia de una falta de reacción por parte de los reguladores. Necesitamos intervenir muy rápidamente", ha aclarado.