"Lo que está pasando lo estábamos viendo desde hace mucho tiempo. Hay un déficit de capacidad administrativa que no se ha resuelto. Y hay que tener cuidado para que esto no derive en levantar el pie" en el despliegue, señala Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.

Hace estas declaraciones ante las turbulencias y nubarrones que está proyectando sobre el sector de las energías verdes el atasco en la tramitación de expedientes que amenaza con desactivar a finales de enero proyectos factibles cuya potencia resulta equiparable, en las estimaciones menos catastrofistas, a la que suma el actual parque de centrales nucleares activas en España.

El meollo del conflicto se encuentra en que los permisos de enganche a la red de varios cientos de proyectos de plantas fotovoltaicas y parques eólicos de todo el país perderán su vigencia si el 25 de enero no han recibido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable o, cuando menos, positiva con requisitos.

¿De cuánta potencia eléctrica a instalar estamos hablando? No hay una cifra oficial y las estimaciones que salen del sector abren una desmesurada horquilla que va de los 7.000 megawatios (Mw) a los 100.000, es decir, de menos de una sexta parte de la eólica y la solar que ya se encuentran operativas (45.000 Mw aproximadamente), un volumen que andaría cerca de los casi 7.400 del actual parque nuclear, a más del doble de las plantas verdes ya desplegadas.

La magnitud de la horquilla responde a uno de los fenómenos que están acompañando el despliegue de las renovables: el inflado de una nueva burbuja, ahora con características distintas a la que estalló hace más de una década, cuya magnitud es difícil de calcular.

Los más de 115.000 Mw que disponen de los permisos de acceso y de conexión a la red de transporte de alta tensión (y entre los que se encuentran los que se exponen a perder esas autorizaciones si el 25 de enero no han superado la evaluación ambiental) duplica con creces la capacidad de 48.600 que se prevé que gane la red hasta 2026 y hay casi 36.000 más en trámite, según los datos de Red Eléctrica, aunque a los cálculos hay que añadirles el espacio que va dejando el cierre de las térmicas.

Esas cifras indican la existencia de un mercado de proyectos de papel que está dando lugar a una burbuja en la que el megawatio de capacidad cotiza en torno a los 200.000 euros en unas operaciones en las que lo que se vende es el control de las sociedades limitadas (de 3.000 euros de capital en la mayoría de las ocasiones) que han ido reuniendo en sus carpetas los derechos de arriendo para ocupar las tierras del parque con las instalaciones y los permisos administrativos.

No obstante, sus propietarios, que tuvieron que depositar fianzas de 40.000 euros por cada megawatio de potencia autorizada, no tienen la menor intención de explotar en ellas placas ni molinos.

"Los cuantiosos importes que se pagan en el mercado por estos proyectos han generado unos incentivos poderosísimos para acaparar permisos de acceso a la red y tramitar carteras de proyectos de un tamaño muy superior al que el sistema eléctrico español puede asimilar".

Así lo admitía el propio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) en el decreto con el que hace dos años prorrogaba por primera vez los plazos de esos requisitos ambientales establecidos para, precisamente, pinchar la burbuja que estaba convirtiendo a España en "uno de los principales focos de atracción de inversiones en energía renovable del mundo".

Ese atasco en la tramitación, que el año pasado llevó a forzar una nueva prórroga que vence el próximo 25 de enero, sigue sin ser resuelto, aunque ahora ha aparecido un nuevo factor: la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se muestra decidida a no habilitar nuevas prórrogas.

"No es nuestra intención" flexibilizar los plazos con una nueva prórroga, aseguró el pasado miércoles Ribera, que calificó de "fundamental" que las comunidades autónomas cubran su parte de la tramitación, informa Europa Press.

En la práctica, la tramitación de las evaluaciones de impacto corresponde a las comunidades cuando los parques tienen una potencia inferior a 50 Mw y al Miteco cuando la superan o cuando la conexión con la red se encuentra en otra comunidad autónoma, algo relativamente frecuente en zonas montañosas de linde, explicaron fuentes del ministerio, que destacaron la acumulación de retrasos en algunas como Galicia.

"Ha habido varias prórrogas, y parece que va a tener que haber otra", apunta Ferrando, que añade que, "aunque haya algún proyecto especulativo, parece que las administraciones responsables no llevan un ritmo de resolución adecuado. Falta personal y recursos. No vamos a poder apostar por el desarrollo de las renovables si los proyectos se nos mueren en la tramitación".

En este sentido, las estimaciones del sector eólico cifran en 800 Mw la potencia instalada el año pasado, cuando el objetivo superaba los 2.000, y en 1,7 los gigawatios (Gw) tramitados cuando la previsión era de 4,2. "El volumen de proyectos que tenemos no se adecúa al ritmo de resolución de las administraciones responsables de hacerlo", anota.

Más de veinte parques en el limbo en Teruel

Sin embargo, junto con los proyectos especulativos se encuentran en tramitación otros cuyos promotores sí tienen intención de llevar adelante, en algunos casos con una fuerte contestación local, y que ahora mismo se encuentran en un limbo a la espera de saber si el 25 de enero dispondrán o no de una DIA.

Es el caso de la empresa aragonesa Forestalia, que tiene en esa situación un bloque de 22 parques eólicos que suman 883 Mw de potencia a instalar en las comarcas turolenses del Maestrazgo y de Gúdar-Javalambre y cuyo proyecto incluye conectar con la red de transporte en el nudo de Morella (Castellón).

"Forestalia ha cumplido con todos los trámites documentales y respondido en plazo y forma a todos los requerimientos recibidos de la Administración", señalan fuentes de la empresa, que mostraron su confianza en que esta, "a todos los niveles implicados, cumpla también en plazo y forma con sus compromisos de tramitación. No contemplamos otro escenario".

Ese escenario se replica por todo el país, con bloques de más de 450 expedientes abiertos en la Comunitat Valenciana y una cifra similar en Galicia.

Permisos de conexión que llevan nueve años sin usar

No obstante, no es ese el único factor que perturba el despliegue de las renovables en España, donde "entre 2012 y 2018 no se instaló nada pero, al mismo tiempo, hay quien tiene autorizaciones para puntos de conexión que no se han utilizado desde 2013", recuerda Ferrando.

Una parte del actual atasco burocrático, en cualquier caso, sería achacable al formato de grandes subastas de los años 2016 y 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy, y a la resolución de estas con amplios paquetes de permisos para pocas empresas, Forestalia entre ellas. Esto lleva camino de producirse dentro de unos años visto el dominio que otras como Capital Energy mostraron en la convocatoria de 2021.

Por su parte, las subastas de permisos con el precio de la futura producción previamente tasado para un mínimo de doce años se han situado, precisamente, como otro de los vectores de perturbación del sector de las renovables. Esto ocurre después de dos pinchazos consecutivos en apenas un mes que se cierra con la adjudicación del 0,6% de la oferta (222 Mw de 3.820) un año después de que solo fueran asignados 5,75 de los 300 reservados para proyectos locales.

La principal causa de esos resultados se encuentra en los precios de corte establecidos por el Miteco para acceder a las adjudicaciones, netamente inferiores a los que ofrecen los promotores en sus pujas vistas las elevadas cotizaciones del mercado mayorista, que estos días, y pese a la abundante producción de la eólica, se movían en una horquilla de algo más de 110 a cerca de 200 euros por Mw/h según los datos de OMIE, el operador del mercado ibérico de electricidad.

Los dos únicos pujadores que obtuvieron adjudicaciones, las empresas Elawan y Nearco, se aseguraron sendas remuneraciones de 45,12 y de 39,88 euros por Mw/h para los primeros doce años de funcionamiento de sus plantas.

Uno de los objetivos de la descarbonización consiste en el abaratamiento de la energía del sistema eléctrico español, altamente dependiente en el mercado mayorista de la tasación de la generada mediante el costoso sistema de la quema de gas y consecuencia, también, del disparatado sistema de precios horarios.

Según un informe de APPA Renovables, la asociación de empresas del sector, esa reducción de los precios se va consiguiendo: el año pasado redujeron el del Mw/h en una media de 43,20 euros frente a otra de 16,34 en los últimos cinco años, al tiempo que evitaron la quema de 25,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo con un coste de 10.327 millones de euros al que habría que añadir otros 3.090 en derechos de emisión.