En el último año, las pequeñas comercializadoras energéticas han vivido un viaje similar al de estar montadas en una montaña rusa. Las fuertes subidas de los valores del gas y la luz, la necesidad de mantener la excelencia en el servicio a los clientes, la incertidumbre por saber hacia dónde irá la factura y la inseguridad jurídica que supone limitar los precios han generado una tormenta perfecta, que ha dejado a muchas empresas en una situación financiera muy frágil, obligando a muchas de ellas a quebrar y cerrar, dejando sin servicio a miles de clientes.

Las que intentan sobrevivir, como los casos de Catgas y Som Energía en Catalunya, lo hacen blindando el precio, al tiempo que han optado por no captar más clientes para garantizar el servicio a los consumidores a un precio competitivo. Estas comercializadoras han detenido el servicio para ganar nuevos socios o consumidores, ya que firmar un nuevo contrato les haría mantener una tarifa muy alejada de los precios a los que deben pagar ellas la electricidad mayorista, lo que ocasionaría un problema a la viabilidad de su cuenta de resultados y en consecuencia de su negocio.

Este panorama ha provocado que en el actual modelo solo puedan sobrevivir con comodidad las grandes eléctricas, que ofrecen el ciclo integrado de producción-generación, distribución y comercialización. Esta desregulación de los ámbitos que forman parte del mercado se inició en 1997, cuando el presidente del Gobierno español de entonces, José María Aznar, liberalizó el mercado eléctrico. Hoy en día sólo queda dentro de la regulación, distribución y transporte de la energía.

Para Laura García, responsable de Transición Energética del Grup Trebol Energía y miembro de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya (EIC), a las elevadas cotizaciones de la energía, "debemos sumar el incremento de las garantías para poder operar como comercializadora, lo que está derivando en tensiones de tesorería". De hecho, las comercializadoras deben comprar semanalmente la electricidad y la cobran al cliente a mes vencido, lo que hace aumentar el puente de tesorería que se requiere.

Este incremento de precios también ha creado un gran número de impagos en los consumidores, que también deben soportar las comercializadoras. Toda la energía que se comercializa pasa por el mercado mayorista, gestionado por la OMIE, estableciéndose un precio variable cada hora, independientemente de si el cliente ha contratado una tarifa fija o indexada. Por tanto, aquellas comercializadoras que no disponían de coberturas han pasado por grandes dificultades.

Alud de quiebras

Estos problemas de tesorería han hecho que, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), solo hasta febrero de este año, más de 25 comercializadoras de luz y más de una veintena de gas en el ámbito estatal se vieron forzadas a quebrar. Como ejemplo, Laura García explica que en dos años, el circulante necesario para una pequeña comercializadora para gestionar 10 GW se ha multiplicado por cinco, pasando de 100.000 a 500.000 euros. Esta realidad se está produciendo en un contexto en el que la electricidad no es considerada como un bien de primera necesidad, sino un servicio de interés económico general.

Para García, estos condicionantes, deben hacernos reflexionar cuál debe ser el diseño del modelo energético del futuro. En este debate, el director general de Negocio Eléctrico de Factor Energía, Xavier Farriols, alertó en una jornada celebrada recientemente en el EIC, que el decreto ley del Gobierno del Estado para mitigar el impacto de la subida de precios del gas y la luz "supondrá aún más un sobrecoste para las pequeñas comercializadoras", forzadas a ofrecer contratos a precio fijo y comprando la electricidad en un mercado indexado.

Almenar, como excepción

En Almenar, un pueblo de poco más de 3.000 habitantes de la comarca del Segrià (Lleida), hace casi un siglo, desde 1925, que existe la Electricitat d'Almenar (EDA). Su gerente, Santi Cornet, explica su singularidad. "Somos la única empresa pública de Catalunya que agrupamos la generación, la distribución y la comercialización eléctrica". La política de la EDA implica "mantener unos precios razonables, intentando no caer en pérdidas, ya que somos un organismo público", comenta Cornet. La eléctrica de Almenar produce un 18% de la energía que distribuye gracias a una pequeña central que está instalada en la población, herencia de épocas pretéritas, donde cada localidad disponía de su propio suministro.

Cornet admite que las grandes beneficiadas, una vez más, están siendo las corporaciones empresariales que agrupan a generación y comercialización. Endesa, Iberdrola y Gas Natural copan el 80% de la generación y el 75% de la comercialización. "Con estas cuotas y sus márgenes indecentes, se pueden permitir lanzar ofertas competitivas al consumidor, utilizando el precio como reclamo". La EDA, que cuenta con 1.900 abonados, forma parte de la Asociación de Empresas Eléctricas (Aseme). Esta entidad ha denunciado ante el Tribunal Supremo algunas de las prácticas de las grandes energéticas, al considerar que realizan dumping, vendiendo en el mercado minorista por debajo del coste de compra al mayorista.

Aunque la solución para la supervivencia del modelo de las pequeñas comercializadoras eléctricas no parece fácil, los expertos consultados coinciden en señalar que la generación integrada, la diversificación de los servicios para amortiguar los riesgos financieros, el asesoramiento técnico, la asistencia gratuita o las gestiones administrativas de altas y bajas en la contratación son algunos de los elementos de los que disponen para afrontar la actual incertidumbre del negocio.