El Estado español destina cada vez menos dinero a proteger a quienes se han quedado sin trabajo, y no sólo como consecuencia del descenso del desempleo que se ha producido en los últimos años. El agotamiento de las prestaciones derivado del paro de larga duración y los recortes impuestos a partir de 2012 por el Gobierno de Rajoy también contribuyen decisivamente a ello.

El año en que el PP volvió al poder, tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales de noviembre de 2011, el gasto en desempleo fue de 29.995 millones de euros. Sin embargo, en 2017 es probable que apenas llegue a los 16.000 millones, teniendo en cuenta que entre enero y mayo se destinaron a tal fin sólo 7.419.

Eso ahonda la senda descendente que los fondos para el desempleo vienen registrando desde que en 2012 alcanzaron los 31.678 millones de euros. Hasta finales de 2016, la caída había sido del 42%, superando con creces la experimentada por el paro, que rondó el 30% en el mismo periodo, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

La bajada es todavía mayor en el caso de la prestación contributiva; es decir, aquella que se percibe en función del tiempo y del salario por el que se ha cotizado. De 22.626 millones de euros en 2012 se pasó a 11.703 el año pasado, y la cifra acumulada entre enero y mayo de 2017 fue de 4.667 millones, un 7,1% menos que durante los cinco primeros meses de 2016.

El gasto en el subsidio por desempleo, previsto para parados con cargas familiares sin derecho ya a prestación, ha bajado menos, pero lo ha hecho también. Frente a los 7.109 millones de euros del primer ejercicio completo de Rajoy, el último se cerró con 5.013 millones y en lo que va de 2016 se le han dedicado 1.998.

La coincidencia de la disminución de los fondos para el desempleo con un todavía muy elevado número de parados (4.255.000 en el primer trimestre, según la EPA) tiene dos resultantes. La prestación contributiva media ha caído a 807 euros mensuales en mayo de 2017, frente a los 859 de 2012, mientras que la tasa de cobertura ha pasado del 65,8% al 53,9%.

Esta tasa alcanzó su máximo nivel en 2010, con un 78,1%, y a partir de entonces comenzó a bajar, a pesar de que el paro siguió creciendo hasta sobrepasar los seis millones de personas en 2012, impulsado por la controvertida reforma laboral del PP. Aquel año, en paralelo con las facilidades para el despido, el Gobierno limitó el acceso y la cuantía de las prestaciones por desempleo, so pretexto de que eran un gasto imposible de asumir en plena crisis.