La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó la pasada semana ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander al considerar que dicha resolución es contraria al Derecho.

En el mismo auto, la Audiencia Nacional solicita al FROB que presente ante la misma Sala en un plazo de 20 días todos los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado.

La OCU se ha mostrado "satisfecha" con la admisión de este recurso y confía en que el acceso al expediente administrativo sirva para aclarar este procedimiento. La organización espera que esta información permita también depurar responsabilidades en defensa de los pequeños inversores y accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión tras esta operación.

En esta misma línea, la OCU también remitió hace unos días una carta a la Comisión Europea solicitando el acceso al expediente íntegro del procedimiento de resolución del Popular, además de continuar estudiando otras posibles acciones, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido.

Demanda contra el Estado por su responsabilidad patrimonial en Popular

A su vez, se ha realizado la primera demanda contra el Estado como responsable de la caída del Popular. Según informa El Independiente, el bufete Legaltrade ha interpuesto la primera reclamación administrativa por la responsabilidad patrimonial del Estado, ante los actos y omisiones negligentes del Banco de España, la CNMV y FROB, que, en su opinión, han llevado a la resolución de Popular y su venta a Santander por un euro.

Alberto Clemente, socio de la firma, ha informado para este diario que “el Estado ha incumplido las elementales obligaciones de supervisión de entidades de crédito y empresas cotizadas, a través de los supervisores competentes, Banco de España y CMNV, a pesar de que estos organismos cuentan con las más extensas facultades para recabar cualesquiera información contable, fiscal y patrimonial”.

Además, denuncia que “no detectaron el agujero de 710 millones de euros que la propia entidad (con la llegada del nuevo presidente Emilio Saracho) reconoció al reformular sus cuentas en abril” y subraya que “por mucho que el Banco de España hayan cedido facultades de supervisión al BCE, todas las funciones supervisoras deben ser coordinadas con la institución española y son responsabilidad de ésta”.

Bruselas encarga un segundo informe clave sobre la liquidación de Banco Popular

Las investigaciones de la liquidación del Popular continúan en Europa y según informa el diario Vozpópuli el Fondo de Resolución Bancaria (FUR) tendrá que indemnizar a los accionistas de Banco Popular si se concluye que el concurso de acreedores de la entidad financiera española hubiese sido menos lesivo para los accionistas que la resolución anunciada el pasado 7 de junio.

Para determinarlo se ha encargado a una consultora la elaboración de un informe en el que se valore la decisión de resolución de Banco Popular, que previsiblemente no estará disponible hasta pasado el verano.

El artículo 20.16 del Reglamento del Mecanismo Único de Resolución establece que con el objeto "de evaluar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor tratamiento si la entidad objeto de resolución hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario [concurso de acreedores]", el organismo velará por que "una persona independiente realice una valoración lo antes posible una vez que se hayan realizado la medida o medidas de resolución".

El MUR ya encargó a Deloitte un informe sobre la situación de Popular cuyas conclusiones habrían aconsejado adoptar la medida de resolución. En base a este informe, el FROB puede justificar la amortización de las acciones y de la deuda subordinada y la venta del banco por un euro.

La presidenta del MUR, Elke König, se ha negado a hacer público el primer informe de Deloitte, por contener información confidencial. El mismo, como ha publicado Vozpópuli, contenía tres valoraciones distintas del valor de Banco Popular actual, dos negativas de entre 2.000 y 8.000 millones de euros, y una positiva por importe de 1.500 millones.