La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha alcanzado un consenso de los grupos para establecer en su revisión de recomendaciones subidas de pensiones al ritmo de la inflación, e incluso superiores, en los años de crecimiento del PIB.

El acuerdo supone un cambio sustancial respecto a la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy en 2013, que introdujo criterios restrictivos para la revalorización de las prestaciones de las Seguridad Social.

Aunque se fijó un suelo mínimo del 0,25% de actualización (para evitar su congelación), se dejó de tener en cuenta el IPC (el criterio utilizado en la mayoría de los países de la UE), y se determinaron otros criterios: los ingresos del sistema, la variación del número de pensiones y de la pensión media, y, sobre todo el déficit o superávit de la Seguridad Social. Sólo para la mejor de las situaciones estaba prevista un crecimiento  del IPC más el 0,25%.

Esta regla se ha roto en el Presupuesto para 2018, después de que el PNV arrancara al Ejecutivo del PP una subida del 1,6% para este ejercicio (en torno a la estimación de inflación anual) y al menos del IPC para 2019, a cambio de su apoyo a las cuentas del Estado.

Desde el año 2014, con las cuentas de la Seguridad en números rojos, las pensiones apenas han crecido un 0,25% (en todos esos ejercicios, el PIB ha registrado tasas anuales positivas), lo que ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones, para lo que no hay nada previsto (todos los países de la UE tienen establecidos mecanismos que garantizan, al menos, el mantenimiento del poder de compra). 

Después de varios meses de parón en la Comisión del Pacto de Toledo (creada en 1995 con el fin de analizar medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones), los diputados están de acuerdo en que todas las pensiones se revaloricen con la inflación en épocas de normalización económica pero no hay consenso en cuanto a la subida en momentos de crisis.

El PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís insisten en que todas las pensiones, sin distinción, deben revalorizarse según el IPC, mientras que el PP, Ciudadanos y el PDeCAT continúan abogando por blindar sólo las más modestas y que las más altas no se vinculen a este indicador cuando la economía cae.

Las diferencias ahora pasan por qué hacer durante los años de dificultades, ya que la propuesta formulada hace varias reuniones por PNV y PDeCAT, que ha acercado a PP y Ciudadanos, no convence a PSOE y Unidos Podemos, pues supone distinguir subidas en función de la renta.

La comisión  a reunirse para concretar el texto el martes o el miércoles de la próxima semana y también ha acordado abrir una ronda de comparecencias para debatir sobre la desigualdad de género en las pensiones. Además, la Comisión recibirá a la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, próximamente después de que ella misma haya pedido su comparecencia.

Villalobos prevé un acuerdo completo la próxima semana

A pesar de las diferencias en este aspecto, diferentes portavoces han celebrado el acercamiento de posturas, que ya se venía dando en las últimas reuniones, pero que no se ha visto afectado con el cambio de Gobierno.

El acercamiento es tal que la propia presidenta de la comisión, Celia Villalobos, del PP, ha planteado la posibilidad de acabar la próxima semana con esta recomendación y votar las diferentes propuestas, para así avanzar en el resto de recomendaciones. En todo caso, esta opción no ha sido consensuada por los grupos.