La exigua subida de las pensiones, que ha puesto en pie de guerra a sus perceptores, permitirá ahorrar al Estado cerca de 1.500 millones de euros este año, en comparación con el coste de actualizarlas conforme a la inflación prevista.

La masiva movilización de los pensionistas, desarrollada a lo largo de las últimas semanas, ha hecho que la mayor parte de la oposición pida una subida mayor, de modo que ese colectivo no sufra merma alguna de su poder adquisitivo.

El Gobierno ha propiciado un pleno monográfico, que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados, en el que todas las formaciones políticas deberán dejar constancia de cuáles son sus propuestas para abordar el problema.

Pero la solución urge, porque cada mes que pasa sin que las pensiones se adecúen al IPC sus titulares pierden en conjunto más de cien millones de euros, a no ser que la decisión que finalmente se adopte tenga carácter retroactivo.

Al cierre de 2017, según datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, había en España 9.572.436 pensionistas, que costaban mensualmente al sistema 8.882 millones mensuales, a razón de 927,9 euros por cabeza.

Esos 8.882 millones se vieron incrementados a primeros de año en 22,2 millones como consecuencia de la aplicación de la subida del 0,25%, que es el porcentaje mínimo previsto en la reforma introducida poco después de la llegada de Mariano Rajoy al poder, en plena oleada de recortes.

Si el incremento hubiera coincidido con la evolución de los precios estimada para este año (1,4%), como era habitual hasta el estallido de la crisis, el coste mensual de las pensiones habría aumentado en 124,3 millones, sin contar el efecto de la incorporación de los nuevos perceptores.

Eso significa que, mientras no haya una decisión política que recupere la fórmula tradicional de actualización (si es que la hay), los pensionistas pierden con cada paga (son 14 al año) alrededor de 102 millones de euros de poder adquisitivo.

La respuesta del Gobierno a sus demandas ha sido que el Estado no tiene margen de maniobra presupuestario para hacer frente a ese gasto adicional, excusa que los afectados consideran inadmisible y que esconde una clara falta de voluntad política.

Recuerdan a este respecto cómo sí ha habido dinero para equiparar los salarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado con los de las policías autonómicas o para comprometer una subida del 8% en tres años a los funcionarios.

Por no hablar, dicen, de las ingentes cantidades empleadas en el saneamiento del sector financiero, que lleva costados a los contribuyentes del orden de 60.000 millones de euros, o la nacionalización de las autopistas, que va a salir por otros 5.000 millones.

Algunos partidos han pedido que la Seguridad Social no se nutra sólo de las cotizaciones, muy perjudicadas por la extensión del empleo precario, y que el Estado busque vías complementarias de ingresos, incluso con algún impuesto nuevo.

Se trataría, en el fondo, de respetar lo establecido en el artículo 50 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar, “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.