Con motivo de la cumbre One Planet Summit auspiciada por el presidente francés Emmanuel Macron en el segundo aniversario de los Acuerdos de París, los compromisos vacuos a los que se llegaron en la COP21 parece que forman parte del pasado. Esta nueva cumbre continua la senda iniciada en noviembre del año pasado en la Cumbre de Marrakech e intenta afrontar el impacto que tienen las actividades de las grandes empresas, fondos de inversión y organismos multilaterales sobre el cambio climático; y los riesgos que corren estos actores en su apoyo –hasta ahora- entusiasta hacia los combustibles fósiles.

En aras de conseguir un impacto real en la economía, el anuncio más importante que tuvo lugar este martes estuvo protagonizado por el Banco Mundial. El organismo multilateral anunciaba su compromiso de dejar de invertir en proyectos ligados al gas y el petróleo para 2019. Según la agencia francesa AFP, la financiación de este tipo de actividades abarca el 2% de su cartera. A partir de este anuncio, la entidad publicará anualmente las inversiones que realiza relacionadas con el efecto invernadero; así como una evaluación de los costes asociados al carbono en sus futuras inversiones.  

La compañía de seguros AXA protagonizó otro de los anuncios de la cumbre comprometiéndose a dejar de invertir en cualquier empresa involucrada en la construcción de plantas de carbón, retirando del sector 2,4 billones de euros y aumentando sus inversiones en infraestructuras “verdes” en 9.000 millones de cara al 2020. Otra de las entidades bancarias que se compromete a dejar de financiar a las centrales de carbón es la holandesa ING, aunque seguirá financiando a “productores de electricidad que utilicen menos de 5% de carbón” –según AFP-. 

De manera conjunta, 55 grandes multinacionales –entre las que se encuentran las españolas Iberdrola o Acciona- han firmado una declaración internacional para instar a los gobiernos más poderosos a poner fin a las ayudas a los combustibles fósiles para 2025. La Cumbre de Marrakech supuso el punto de no retorno fundamental para los anuncios de descarbonización de las empresas. “Lejos del pesimismo que se transmitió a la sociedad con la elección de Trump, un día después del inicio de la cumbre, supuso la toma de conciencia de que el cambio climático no es un asunto que solo implique a los gobiernos. La Plataforma de Acción Climática de Marrakech nace como un llamamiento al que se suma todo el mundo: municipios, ONGs y empresas. Eso ha provocado que, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, se haya reforzado la iniciativa del estado de California, la ciudad de Nueva York o de las empresas que abogan por ser 100% renovables”, explica el director de ECODES Victor Viñuales. 

Lejos del sentimiento que puede provocar en el lector estar ante un anuncio cosmético de responsabilidad social corporativa de las empresas, ONGs e institutos especializados coinciden en el impacto real que puede desembocar de estas decisiones. “No estamos ante un tema de imagen, hablamos de negocio. El principal factor que empieza a afectar a las empresas en los mercados de capitales es la exposición a activos conflictivos relacionados con el cambio climático. Esa es la derivada que está detrás de todos estos anuncios de descarbonización y muchas empresas empiezan a deshacerse de esos activos de sus balances. En la industria manejamos el concepto de activo varado que forman parte de los balances de las empresas y que no se podrá utilizar en un escenario de bajo carbono. Es el caso de bancos con participaciones en empresas petrolíferas y empresas de carbón”, detalla Manuel Gómez -profesor del programa de Financiación e Inversión en Energías Renovables del Instituto de Estudios Bursátiles-.

Tras esa cara negativa que afecta a los balances de las empresas, explica Manuel Gómez, se esconde una oportunidad de negocio en torno a la economía verde que no es desdeñable: “Según mis cálculos, hay unas oportunidades de inversión de 6 trillones de euros anuales en los próximos 15 años en materia de infraestructuras y desarrollo sostenible. La propia OCDE cifra en 2.000 trillones de dólares anuales el tamaño potencial a futuro de la economía verde. Las empresas y los inversores no son ajenos a tales oportunidades”. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre los presentes en la cumbre One Planet Summit.

Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), valora positivamente las medidas anunciadas y cree que la Responsabilidad Social Corporativa es cosa del pasado: “La RSC ha sido una excusa para ir en paralelo, pero no ha estado en el foco de las decisiones de negocio de las empresas. Cuando se plantean cómo pueden asegurar la rentabilidad de su negocio y la perdurabilidad del mismo, se dan cuenta de que este se va a desarrollar en un mundo mucho más limitado de recursos ambientales. El presidente de Iberdrola Sánchez Galán lo explica de manera bastante convincente. Él dice que lo que le importa es darse cuenta de que su empresa se posiciona mejor a futuro cuando mantiene una línea coherente respecto a los gases de efecto invernadero. Si no hay seguridad climática, no va a haber seguridad para los negocios”.  

Agradecer el gesto de las empresas, no debe hacernos olvidar el grado de responsabilidad que los mercados y las empresas tienen sobre el cambio climático. Según los informes de Global Carbon Project, los sectores de la energía y la industria son responsables de 36,8 de las 41,5 gigatoneladas de CO2 que se emitieron a la atmosfera en 2017. “Las empresas han sido parte muy importante del problema y estamos aquí por sus acciones en contra del clima. Salir de este atolladero es imposible sin que se impliquen las empresas, esto no lo vamos a conseguir solo entre ONGs y la administración pública. Hay que acabar con el viejo modo empresarial de maximizar el interés del accionista, desentendiéndose de cuáles son sus consecuencias sobre el medio ambiente y la sociedad”, asegura el director de ECODES. 

Aunque existe la incógnita sobre cómo responder los mercados al órdago lanzado por el Banco Mundial, Teresa Ribera considera que el hecho de que el sector financiero se mueva en el camino de dejar de depender de los combustibles fósiles “genera una presión añadida en los gobiernos que están más renuentes a moverse”. “Soy una firme convencida de que nadie tiene más capacidad de acción, de velar por el interés general y la protección de los más vulnerables que los gobiernos y la financiación pública”, añade la directora del IDDRI.  

La toma de delantera por parte de las empresas tiene su origen con el movimiento comenzado por un grupo de alumnos de la Universidad de Harvard en 2014, instando a que dejaran de invertir en compañías de combustibles fósiles. Ese movimiento, tres años después, se ha expandido a inversores de todo el mundo. En la actual One Planet Summit acabamos de presenciar el mayor movimiento conjunto realizado por una alianza de 225 fondos, con activos por valor de más de 22,4 billones de euros, abogando a reducir las emisiones de CO2 a las 100 compañías internacionales que más emisiones generan. En el punto de mira se encuentran ExxonMobil, Shell, Gazprom, Airbus, General Electric, Nestlé o Repsol, que pueden verse privadas en el futuro de esas inversiones si no realizan una transición a una economía baja en carbono. Esta iniciativa denominada Climate Action 100+ ha sido impulsada por el fondo de pensiones públicas más importante de Estados Unidos CaIPERS, cuyos inversores consiguieron que se dejara de invertir en carbón. 

Esta acción resulta fundamental para entender el poder de los inversores, argumenta Víctor Viñuales: “Hablamos de inversores como si fueran ricos, pero nosotros también somos inversores. Lo que ha demostrado el fondo de pensiones público de California es que todos los trabajadores son inversores y pueden tomar decisiones que afectan al fondo, como dejar de invertir en combustibles fósiles. Se puede ser un inversor consciente que decide dónde quiere que vaya a su dinero o un inversor inconsciente que le dé lo mismo”. 

Pese a que Iberdrola haya anunciado su descarbonización, España sigue manteniendo un perfil bajo en la lucha contra el cambio climático. La presencia de nuestro gobierno en la cumbre que se celebra en París se reduce a la foto de Rajoy con su homólogo francés Emmanuel Macron. El Gobierno sigue renuente al cierre de las plantas de carbón, tras recibir una prórroga de la Comisión Europa de cuatro años que acaba en 2018. A pesar del inminente cierre, España se convirtió en 2015 en el país que más incrementó el consumo de carbón en el mundo. Si España no realiza una transición energética a energías renovables, la factura ciudadana ascenderá a 125.000 millones de euros. 

Expertos como Manuel Gómez del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) señalan el retraso de España en dos pilares fundamentales: en la transición energética del país, que todavía no existe una ley de cambio climático, y en la propia idiosincrasia de nuestro mercado financiero altamente bancarizado. Ambos condicionantes provocan que las empresas no tengan acceso a los nuevos instrumentos del mercado de capitales como los bonos verdes para financiar economía baja en carbono, subraya Manuel Gómez. “España debería tomar nota de Francia, dónde el Estado francés por si solo ha emitido 12.000 millones de bonos verdes. En España, ni ninguna PYME ni el propio Estado o entidad pública ha emitido ningún bono verde. Eso tiene que ver, fundamentalmente, con el embudo que supone el mercado de capitales español –con un 80% de mercado bancario-, apunta el profesor del IEB.